La propuesta busca incentivar que personas y empresas apoyen económicamente proyectos de inclusión mediante beneficios fiscales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo un esquema similar al actual Mecenazgo Cultural.
La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Legislatura porteña, Clara Muzzio, presentó un proyecto de ley para poner en marcha un Régimen de Mecenazgo y Patrocinio para la Inclusión de Personas con Discapacidad, una iniciativa orientada a promover la participación del sector privado en el financiamiento de proyectos vinculados con la accesibilidad, la inclusión social y el pleno ejercicio de los derechos de este colectivo.
La propuesta establece que tanto personas como empresas podrán realizar aportes económicos destinados a proyectos previamente aprobados por el Gobierno porteño y, a cambio, acceder a beneficios fiscales sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, replicando un mecanismo similar al que actualmente funciona con el Régimen de Mecenazgo Cultural de la Ciudad.
De acuerdo con el texto del proyecto, podrán acceder a este régimen personas, organizaciones sin fines de lucro e instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad que se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Prestadores y presenten iniciativas destinadas a mejorar la inclusión dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los proyectos que podrán recibir financiamiento se contemplan aquellos orientados a eliminar barreras físicas, digitales, comunicacionales e institucionales; promover la participación en actividades culturales, deportivas y recreativas; impulsar la inserción laboral, la vida independiente y la vivienda asistida; desarrollar programas educativos y de capacitación; y brindar asistencia integral a personas con discapacidad.
Evaluación, seguimiento y control
La iniciativa propone que la autoridad de aplicación sea la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), organismo que tendrá la responsabilidad de implementar el régimen, supervisar el desarrollo de los proyectos y elaborar un informe anual que será elevado a la Legislatura porteña.
Además, el proyecto contempla la creación de un Comité de Evaluación de Proyectos, integrado por seis miembros. Tres de ellos serán designados por la autoridad de aplicación y los otros tres serán legisladores propuestos por la Comisión de Discapacidad de la Legislatura.
Este comité tendrá la función de analizar cada una de las iniciativas presentadas y emitir los dictámenes correspondientes antes de su aprobación.
El texto también incorpora distintos mecanismos de control, entre ellos auditorías, rendiciones de cuentas y un sistema de sanciones para los beneficiarios o patrocinadores que incumplan las condiciones previstas por la futura normativa.
Beneficios impositivos para los aportantes
Según la propuesta impulsada por Muzzio, los contribuyentes alcanzados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos podrán computar parte de los aportes realizados como pago a cuenta del tributo.
En los casos de proyectos presentados por organizaciones sin fines de lucro o instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad, los aportes podrán deducirse hasta un 80% del monto destinado a la iniciativa.
En cambio, cuando los proyectos sean impulsados por personas humanas, la deducción podrá llegar hasta el 100% del aporte efectuado, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.
Asimismo, la iniciativa incorpora restricciones para evitar posibles conflictos de interés entre patrocinadores y beneficiarios. También excluye de los beneficios fiscales a las empresas vinculadas con la promoción de bebidas alcohólicas, productos de tabaco y nicotina, así como actividades relacionadas con apuestas y juegos de azar.
En los fundamentos del proyecto, Clara Muzzio señala que la propuesta apunta a ampliar las alternativas de financiamiento para políticas públicas de inclusión mediante la participación del sector privado y fortalecer iniciativas que impulsen la accesibilidad, la autonomía y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires.
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