La Casa Rosada definió una hoja de ruta para los próximos 45 días que incluye el Presupuesto 2027, la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En paralelo, busca reunir apoyos entre los aliados mientras analiza otros proyectos pendientes.
El Gobierno de Javier Milei considera que octubre será un período determinante para avanzar con su agenda legislativa y busca aprovechar los próximos 45 días para conseguir la aprobación de los principales proyectos que pretende impulsar antes de que comience un nuevo año electoral.
“Es un mes y medio crucial, de mucho laburo. Si nos salen las cosas podríamos bajar la persiana ahí”, señaló ante Infobae una fuente oficial al referirse al cronograma que comenzó a diseñar la denominada mesa política del Gobierno.
La planificación contempla como principales objetivos la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.
A esa agenda se suman otros proyectos que ya cuentan con media sanción, entre ellos la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las modificaciones al régimen de Zonas Frías y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.
El listado también incluye dos iniciativas que todavía se encuentran pendientes: una nueva normativa sobre Discapacidad y otra vinculada con la mora y el endeudamiento familiar.
El Gobierno busca ordenar los tiempos antes de la campaña
“Se vienen meses de definiciones importantes. Desde la llegada de León XIV en adelante. Con la campaña activada todo se vuelve más complejo”, explicó un funcionario al describir el escenario que enfrenta la administración libertaria.
Dentro del oficialismo consideran que durante este período deberán atender simultáneamente los principales desafíos legislativos y la visita del papa León XIV.
Ante ese panorama, la mesa política busca organizar los tiempos de tratamiento de cada iniciativa, teniendo en cuenta que durante 2027 los aliados comenzarán a activar sus propios planes electorales.
La intención es aprovechar las próximas semanas para avanzar con la mayor cantidad posible de proyectos antes de que el escenario político quede condicionado por la campaña.
En la última reunión de la mesa política se analizó la posibilidad de llevar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al recinto de Diputados durante la primera semana de octubre.
La agenda para esos días también podría incorporar los proyectos relacionados con Discapacidad y morosidad, cuyos textos fueron consensuados previamente con los sectores aliados.
Para la segunda semana de octubre, en tanto, el objetivo preliminar es habilitar el tratamiento del Presupuesto 2027 en las comisiones del Congreso.
El Presupuesto 2027 y el cambio en el capítulo de discapacidad
La discusión presupuestaria quedó atravesada por la controversia generada a partir de la incorporación de un ajuste vinculado con discapacidad.
Frente a los reclamos surgidos tanto desde sectores externos como dentro del propio oficialismo, el Ejecutivo decidió contemplar esas objeciones y avanza hacia la posibilidad de eliminar el recorte para evitar que ese punto complique la aprobación del Presupuesto 2027.
Más allá de que el cronograma todavía puede sufrir modificaciones, la estrategia preliminar consiste en comenzar por las iniciativas que reúnen mayores niveles de respaldo parlamentario y dejar para una segunda instancia aquellos proyectos que presentan mayores dificultades para conseguir acuerdos.
La reforma electoral, uno de los principales desafíos
Entre los proyectos que concentran mayor atención dentro del oficialismo se encuentra la reforma electoral, para cuya aprobación el Gobierno necesita reunir las voluntades necesarias en el Congreso.
La iniciativa adquiere especial importancia para el oficialismo por su relación con el escenario electoral de 2027 y los planes de reelección de Javier Milei.
Uno de los principales puntos de discusión es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Los aliados del Gobierno se mantienen reticentes frente a esa posibilidad, por lo que la Casa Rosada trabaja para conseguir los apoyos parlamentarios que permitan avanzar con el proyecto.
En ese contexto, el oficialismo deposita parte de sus expectativas en el viaje a París, donde se desarrollará la Argentina Week y participarán 13 gobernadores con los que el Gobierno mantiene una relación política.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó con el objetivo de mantener reuniones con los mandatarios provinciales y buscar apoyos para los proyectos que el Ejecutivo pretende llevar adelante en el Congreso.
La estrategia oficial apunta a cerrar acuerdos previamente para evitar que los aliados intenten introducir modificaciones o condiciones adicionales en las negociaciones parlamentarias.
La intención, según una fuente oficial, es impedir que se produzcan “jugadas audaces” destinadas a mejorar las posiciones de los distintos sectores antes de sentarse a negociar.
La Corte Suprema abrió otro frente para el oficialismo
La planificación legislativa del Gobierno también quedó condicionada por una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, que desestimó una demanda que buscaba cuestionar la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La eliminación de las restricciones fue dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
A partir de la decisión del máximo tribunal, dentro del oficialismo comenzó a analizarse la posibilidad de volver a impulsar el debate de la Ley de Tierras en el Congreso.
La discusión podría quedar vinculada con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción.
El objetivo del Gobierno sería utilizar esa negociación para reforzar el respaldo parlamentario al DNU 70/2023, una norma impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“La idea es ceder algunos aspectos de Inviolabilidad, pero garantizar el respaldo al decreto 70/2023, que es una herramienta de gobernabilidad. Los aliados no van a querer prenderse en esa”, sostuvo una fuente oficial al describir las alternativas que analiza la Casa Rosada.
De esta manera, el Gobierno enfrenta las próximas semanas con una agenda legislativa amplia, que combina proyectos considerados prioritarios, iniciativas que ya avanzaron en el Congreso y negociaciones todavía abiertas con los sectores aliados.
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