20 noviembre, 2026

La CIJ responsabilizó a Myanmar por el genocidio rohinyá: décadas de persecución y un éxodo masivo

La Corte Internacional de Justicia concluyó que el Estado tuvo intención de destruir parte de la población rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 y que incumplió su obligación de prevenir el genocidio. La comunidad musulmana lleva décadas sometida a discriminación, violencia, restricciones legales y desplazamientos forzados.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró responsable a Myanmar, país anteriormente conocido como Birmania, por el genocidio cometido contra la población rohinyá durante la campaña militar de 2017. Los magistrados determinaron que las autoridades tuvieron la intención de destruir una parte sustancial de este grupo étnico durante las operaciones militares, en cuyo contexto alrededor de 10.000 personas fueron asesinadas violentamente como parte de las denominadas acciones de limpieza étnica.

El tribunal también estableció que Myanmar incumplió su obligación de prevenir el genocidio. Sin embargo, aclaró que no encontró pruebas de que el Estado hubiera incitado de manera directa y pública a cometer esos crímenes.

Philippe Sands KC, abogado especializado en derechos humanos e integrante del equipo jurídico de Gambia, el país que presentó la demanda ante la CIJ, calificó la resolución como un fallo histórico.

“Está a la altura de los grandes momentos de la justicia internacional: Núremberg, el caso Pinochet y otros”, expresó.

Aunque la sentencia representa un acontecimiento importante para la comunidad rohinyá, su alcance es principalmente simbólico, ya que la Corte Internacional de Justicia no cuenta con mecanismos propios para hacer cumplir sus decisiones.

Myanmar, por su parte, rechazó reiteradamente las acusaciones de genocidio. El país sostuvo que las operaciones militares fueron una respuesta legítima a los ataques perpetrados por el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán.

Para llegar a esta conclusión, los magistrados aplicaron los criterios establecidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, aprobada después del Holocausto nazi. Ese instrumento internacional determina que no basta con demostrar que se cometieron actos atroces: también debe probarse que existió la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido.

Un fallo sin precedentes contra un Estado

Aunque en los últimos años se multiplicaron las presentaciones ante la CIJ relacionadas con posibles casos de genocidio, este tipo de procedimientos continúa siendo poco frecuente.

Desde la entrada en vigor de la Convención, decenas de personas fueron condenadas por este delito en procesos vinculados con conflictos como los de Ruanda y la antigua Yugoslavia. Sin embargo, hasta este pronunciamiento ningún Estado había sido declarado responsable de genocidio por un tribunal internacional.

La demanda contra Myanmar fue presentada por Gambia en 2019. El procedimiento tuvo una característica inédita: fue la primera vez que un país recurrió a la Convención sobre Genocidio ante la CIJ sin mantener vínculos territoriales o nacionales directos con las víctimas ni con el lugar donde ocurrieron los presuntos crímenes.

Para iniciar el proceso, Gambia se amparó en una disposición del tratado internacional que permite a cualquier Estado firmante demandar a otro país miembro cuando considera que incumplió las obligaciones previstas en la Convención.

Quiénes son los rohinyás y de dónde proviene la persecución

Los rohinyás son una minoría étnica musulmana que vive principalmente en el estado de Rakáin, en Myanmar, un país donde predomina la población budista.

La comunidad sostiene que sus integrantes descienden de comerciantes árabes que llegaron a la región y que, por lo tanto, tienen raíces históricas en ese territorio. La postura del Estado birmano es diferente: considera que se trata de migrantes musulmanes procedentes de Bangladesh que se instalaron en Myanmar durante la ocupación británica.

Desde la independencia del país, en 1948, los rohinyás atravesaron distintas formas de persecución, entre ellas torturas, negligencia institucional y represión. Durante décadas padecieron discriminación y violencia, además de restricciones legales que les impiden acceder a la ciudadanía.

Esta situación convirtió a la comunidad en una de las poblaciones apátridas más numerosas del mundo.

Naciones Unidas describió a los rohinyás como “la minoría más perseguida del mundo” y definió a este pueblo como una población “sin Estado” y “virtualmente sin amigos” dentro de las demás comunidades de Myanmar.

Durante el proceso ante la CIJ, el presidente del tribunal, Yūji Iwasawa, reconoció a los rohinyás como un grupo étnico diferenciado. Entre los elementos que respaldan esa condición mencionó que poseen una lengua, expresiones artísticas y una identidad propias.

Iwasawa también señaló que existen pruebas de que esta población fue discriminada por las autoridades de Myanmar durante décadas. A partir de esos elementos, concluyó que reúne las condiciones para ser considerada un grupo protegido por la Convención sobre Genocidio.

La ofensiva militar de 2017 y la huida de cientos de miles de personas

El éxodo masivo de rohinyás se intensificó el 25 de agosto de 2017, cuando combatientes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán atacaron más de 30 puestos policiales en el estado de Rakáin y provocaron numerosas muertes.

La respuesta de las fuerzas militares de Myanmar, respaldadas por grupos locales de budistas, incluyó las denominadas “operaciones de limpieza”. Posteriormente, quienes huyeron del país relataron que aldeas enteras fueron incendiadas y que se produjeron asesinatos de civiles.

De acuerdo con datos de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras, al menos 6.700 rohinyás murieron durante el mes posterior al inicio de la violencia. Entre las víctimas había por lo menos 730 niños menores de cinco años.

Las persecuciones acumuladas durante décadas, incluida la ofensiva militar de 2017, obligaron a casi dos millones de integrantes de esta comunidad a abandonar Myanmar.

El desplazamiento continúa en la actualidad. Cada año, miles de personas intentan escapar, muchas veces a través de peligrosas rutas marítimas y en embarcaciones sobrecargadas.

El año pasado fue uno de los períodos más mortíferos de los últimos tiempos para los refugiados rohinyás: cerca de 900 personas murieron o desaparecieron en el mar.

Mientras tanto, más de un millón de integrantes de esta población desplazada permanecen en campos de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladesh.

La ley que dejó a los rohinyás sin ciudadanía

Los distintos gobiernos de Myanmar sostuvieron durante años que los rohinyás no constituyen un grupo étnico propio. Según esa posición oficial, deben ser considerados migrantes bengalíes procedentes de Bangladesh.

La exclusión quedó plasmada en la ley de ciudadanía de 1982, que reconoció a 135 grupos étnicos como ciudadanos del país, pero dejó afuera a los rohinyás.

Como consecuencia, la comunidad perdió el acceso a la ciudadanía y quedó sometida a numerosas restricciones. Entre ellas se encuentran las limitaciones a la libertad de circulación: sus integrantes necesitan autorización de las autoridades para trasladarse. También enfrentan dificultades para contraer matrimonio y obstáculos para registrar el nacimiento de sus hijos.

Además, no tienen derecho a poseer tierras ni propiedades.

Antes de la aprobación de la normativa de 1982, los rohinyás habían contado con cierto grado de reconocimiento dentro del país. Desde entonces, recuperar un estatus equivalente al de otras comunidades de Myanmar, con ciudadanía y los mismos derechos, se convirtió en una de sus principales reivindicaciones.

Las restricciones a los nacimientos y las pruebas evaluadas por la Corte

Durante el juicio ante la Corte Internacional de Justicia, el presidente del tribunal, Yūji Iwasawa, describió distintas políticas aplicadas por Myanmar que afectaron directamente las posibilidades de reproducción de la población rohinyá.

Entre las medidas mencionadas figuraba una normativa regional que exigía autorizaciones especiales para que las personas identificadas como bengalíes pudieran contraer matrimonio. Además, establecía un límite de dos hijos por pareja.

Aunque esas disposiciones no lograron reducir la tasa de natalidad de la comunidad, Myanmar reconoció que uno de los objetivos de la medida era disminuir los nacimientos dentro de ese grupo, según explicó el magistrado.

La CIJ consideró que las restricciones constituían mecanismos coercitivos dirigidos específicamente contra los rohinyás y que buscaban reducir los nacimientos dentro de la comunidad, incluso durante el período en que se desarrollaron las operaciones militares de 2017.

“Dadas estas circunstancias, el tribunal está convencido de que la normativa constituía una medida coercitiva dirigida contra el grupo rohinyá, la cual tenía como fin —cuando menos— reducir los nacimientos en el seno de dicho grupo, incluso durante el período en que se desarrollaron las operaciones de limpieza”, sostuvo Iwasawa.

El juez agregó que estas políticas, junto con otras medidas adoptadas por el Estado, aportaban elementos para identificar una intención de impedir la reproducción de la población rohinyá.

También hizo referencia al uso de violencia sexual durante las operaciones de limpieza étnica. Según explicó, esas agresiones tenían como objetivo provocar daños físicos y psicológicos en las víctimas, además de limitar su voluntad y capacidad para tener hijos.

En ese sentido, Amnistía Internacional denunció que integrantes del ejército de Myanmar violaron y maltrataron a mujeres y niñas rohinyás.

El pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia establece la responsabilidad de Myanmar por el genocidio cometido durante la campaña militar de 2017 y vuelve a poner en primer plano la persecución que sufrió esta comunidad durante décadas. Para los rohinyás, el fallo representa un reconocimiento judicial de la violencia padecida, aunque no garantiza por sí mismo que las decisiones del tribunal puedan hacerse cumplir ni que se reviertan las condiciones de exclusión y desplazamiento que atraviesa la población.