El Gobierno porteño prorrogó la emergencia que alcanza a la compra, venta y reparación de teléfonos usados, sus componentes y repuestos. La medida conserva las facultades de inspección y fiscalización para prevenir la comercialización de dispositivos de procedencia ilegítima.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso una nueva prórroga de la emergencia que alcanza a los comercios dedicados a la compra, venta y reparación de celulares usados, sus partes y repuestos. La extensión será por otros 90 días corridos y comprende a todos los establecimientos del rubro dentro del territorio porteño.
La medida busca sostener y reforzar los mecanismos de supervisión sobre esta actividad, con el objetivo de prevenir la comercialización de teléfonos y componentes de origen ilegítimo.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 406/26, firmado el 18 de noviembre por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y publicado este viernes 20 en el Boletín Oficial de la Ciudad. Con esta disposición, se prolonga el régimen de emergencia que había sido declarado inicialmente en agosto, a través del Decreto 296/26, con una duración de 90 días.
Por qué se extendió la emergencia
Entre los fundamentos de la nueva normativa, las autoridades porteñas indicaron que, pese a los operativos de fiscalización realizados, continúan presentes las condiciones que motivaron la declaración original de la emergencia.
Ante la persistencia de esa situación, el Ejecutivo resolvió mantener las herramientas extraordinarias de prevención, inspección y control sobre los establecimientos que se dedican a comercializar o reparar teléfonos celulares usados.
La disposición comprende tanto a los locales que trabajan con equipos completos como a aquellos que operan con componentes y repuestos. Además, mantiene las facultades previstas en el decreto inicial para establecer restricciones sobre distintos aspectos del funcionamiento de los comercios.
Qué controles podrán aplicar las autoridades
El régimen contempla la posibilidad de fijar limitaciones vinculadas con los horarios de atención, determinados sectores de los establecimientos y la cantidad de elementos almacenados. También permite establecer otras condiciones relacionadas con la seguridad de los locales.
A su vez, las autoridades podrán exigir la incorporación de dispositivos de seguridad específicos, la intervención de personal especializado o la capacitación de los trabajadores. Las condiciones podrán definirse de acuerdo con las características de cada actividad y los riesgos que se identifiquen.
De esta manera, la prórroga conserva las atribuciones necesarias para intervenir sobre el funcionamiento de los comercios cuando las circunstancias lo requieran.
El marco legal y el registro de comercios
La extensión de la emergencia se apoya en la Ley 2.553, que establece un régimen especial para actividades y establecimientos considerados críticos por los posibles riesgos que pueden representar para las personas y sus bienes.
También se encuentra vinculada con la Ley 6.009, que fija pautas para la identificación y trazabilidad de teléfonos celulares usados, sus partes y repuestos.
En paralelo, el Gobierno porteño continúa avanzando con la implementación del Registro de Actividades de Comercialización y Reparación de Aparatos Electrónicos Usados de Telefonía Celular. El sistema está bajo la órbita de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y tiene como finalidad registrar los comercios, los productos y las operaciones que se desarrollan en el sector.
La iniciativa apunta a mejorar las herramientas disponibles para supervisar la actividad y fortalecer los mecanismos de fiscalización.
Con la nueva disposición, la emergencia seguirá vigente durante otros 90 días corridos. Durante ese período continuarán aplicándose las medidas extraordinarias destinadas a controlar los establecimientos que compran, venden y reparan celulares usados en la Ciudad de Buenos Aires.

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