El máximo tribunal convocó a un acuerdo extraordinario para resolver un pedido de medida cautelar presentado por una asociación ambientalista, dos comunidades indígenas y una legisladora rionegrina. La decisión podría volver a poner en vigencia, de manera provisoria, las limitaciones a la compra de campos por parte de extranjeros que fueron derogadas mediante el DNU 70/2023.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9, con el objetivo de avanzar en una nueva resolución vinculada con la Ley de Tierras. El tribunal deberá analizar un pedido de medida cautelar que podría restablecer provisoriamente las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, derogadas por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
La convocatoria se produjo en medio de la controversia generada por un fallo reciente del máximo tribunal sobre la normativa y de las críticas que recibió esa decisión desde sectores de la oposición.
Antes de fijar la fecha del acuerdo, los jueces resolvieron reducir de 72 a 24 horas el plazo para presentar impugnaciones contra la integración de los conjueces designados para intervenir en el expediente. Además, habilitaron días y horas inhábiles para acelerar el trámite.
El pedido cautelar fue presentado en una causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre ellos las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon. El expediente también está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
Por qué interviene nuevamente la Corte Suprema
El expediente llegó al máximo tribunal después de que la Corte revocara, la semana pasada, una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo del DNU 70/2023 mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.
En aquella resolución, los jueces consideraron que el CECIM no tenía legitimación activa para cuestionar la medida. El fallo generó fuertes críticas de sectores opositores, que incluso plantearon la posibilidad de impulsar en el Congreso una sesión especial para tratar la derogación de la totalidad del DNU 70/2023.
En ese contexto, los demandantes de la nueva causa solicitaron una aclaratoria. Su planteo se originó porque el amparo colectivo que habían presentado fue considerado conexo al expediente del CECIM y buscan que se precise si la resolución de la Corte tiene algún efecto sobre su propio proceso.
El nuevo pedido cautelar abre la posibilidad de que el máximo tribunal vuelva a analizar la vigencia provisoria de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros, aunque a partir de una presentación judicial diferente.
La Corte redujo el plazo para cuestionar a los conjueces
Para intervenir en el expediente fueron designados dos conjueces: Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos aceptaron el cargo.
Como suplentes quedaron Jorge Morán, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y Eduardo Farah, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En una resolución emitida este jueves, la Corte justificó la reducción del plazo para cuestionar la integración del tribunal a partir de las características particulares de la causa.
“En atención a las particulares circunstancias de la causa, corresponde abreviar el plazo para que dicha integración quede consentida, el que se fija en 24 horas”, señalaron los jueces.
El plazo habitual para presentar impugnaciones de este tipo es de 72 horas, por lo que la decisión implica una aceleración del procedimiento antes del acuerdo extraordinario convocado para este viernes.
Qué aclaró el máximo tribunal tras las críticas
Luego de la repercusión que tuvo el fallo anterior, la Corte Suprema difundió un comunicado en el que precisó el alcance de su resolución.
Según explicó, el tribunal había resuelto únicamente “un aspecto procesal”, mediante una decisión que, de acuerdo con su interpretación, se ajustaba estrictamente a sus precedentes.
También aclaró que ese pronunciamiento no afectaba a otras medidas cautelares con el mismo objeto que estuvieran en trámite ante distintos tribunales.
“Tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”, remarcó el máximo tribunal.
La aclaración resulta relevante para el nuevo expediente, ya que la Corte debe determinar cómo continuar con un planteo que busca obtener una protección judicial provisoria frente a la derogación de la Ley de Tierras.
Los dos caminos que puede tomar la Corte
Ahora, el tribunal deberá definir cómo avanzar con el pedido cautelar. Entre las alternativas posibles se encuentra devolver el expediente a la Justicia federal de La Plata o de Bariloche, para que continúe su trámite ante el juzgado competente.
La otra posibilidad es que la propia Corte trate directamente la cuestión. Se trata de una vía excepcional que requiere circunstancias de urgencia.
La decisión sobre el procedimiento será determinante para establecer cómo se resolverá el planteo de los demandantes y qué tribunal deberá pronunciarse sobre la medida solicitada.
Qué está en juego con la Ley de Tierras
El punto central del expediente es determinar si corresponde conceder una medida cautelar que restablezca, al menos de manera provisoria, las restricciones establecidas por la Ley 26.737 para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Esas limitaciones habían quedado derogadas mediante el DNU 70/2023, impulsado por el Gobierno nacional.
Por eso, la resolución que adopte la Corte podría tener consecuencias inmediatas sobre la aplicación de esa derogación en el marco de la causa. Si el pedido prospera, las restricciones podrían volver a regir provisoriamente, pese al fallo de la semana anterior.
De este modo, el máximo tribunal deberá resolver un nuevo planteo judicial en un escenario de controversia política y jurídica sobre el alcance de la derogación de la Ley de Tierras y los efectos de sus decisiones anteriores.

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