El cuerpo legislativo porteño debate este jueves una serie de proyectos impulsados por el Gobierno de la Ciudad y por distintos bloques de la oposición, con iniciativas vinculadas al transporte, el espacio público, la regulación de vapeadores y medidas económicas.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sesiona este jueves desde las 11 con un amplio temario que incluye proyectos relacionados con el transporte, el uso del espacio público, la regulación de los vapeadores, modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y propuestas destinadas a brindar alivio económico a familias con problemas de endeudamiento.
Durante la jornada se pondrán en consideración iniciativas enviadas por el Gobierno porteño y otras presentadas por diferentes bloques legislativos. Entre los expedientes más importantes figura el proyecto impulsado por la gestión de Jorge Macri para autorizar el financiamiento de la futura Línea F de subterráneos.
La propuesta habilita al Poder Ejecutivo de la Ciudad a contraer deuda por un monto de hasta 1.350 millones de dólares mediante organismos multilaterales, entidades financieras y también a través de una eventual emisión de títulos públicos.
La Línea F será la primera expansión de la red de subtes en los últimos 25 años y tiene como objetivo fortalecer la conexión entre el norte y el sur de la Ciudad. El recorrido proyectado tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.
Además, el nuevo trazado permitirá realizar combinaciones con las líneas A, B, C, D, E y H del subte, además de conectar con los ferrocarriles Roca, en Plaza Constitución, y San Martín, en la zona de Palermo. El proyecto fue trabajado con aportes de distintos bloques de la Legislatura.
Ley antitrapitos
Otro de los proyectos promovidos por el oficialismo es la denominada Ley Antitrapitos, iniciativa que también incorpora propuestas surgidas de un expediente presentado por La Libertad Avanza.
El texto busca endurecer las sanciones para quienes desarrollen actividades no autorizadas relacionadas con el estacionamiento de vehículos, su cuidado en la vía pública o la limpieza de parabrisas.
Los proyectos impulsados por la oposición
La sesión también contempla el tratamiento de un proyecto presentado por la Unión Cívica Radical para regular el uso, la venta y la promoción de vapeadores y otros productos vinculados al tabaco y la nicotina.
La iniciativa apunta a restringir el acceso de menores de 18 años a este tipo de dispositivos.
Por su parte, La Libertad Avanza incorporó al debate dos expedientes elaborados por la legisladora María del Pilar Ramírez.
El primero propone una reforma integral del sistema de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV), con el objetivo de desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia entre prestadores y adecuar los requisitos técnicos a los avances tecnológicos y a la normativa nacional.
La iniciativa establece que los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar la primera VTV a los cinco años desde su patentamiento.
Posteriormente, las revisiones serán cada dos años para los vehículos de hasta diez años de antigüedad y anuales para aquellos que superen ese período. También plantea ordenar los controles de acuerdo con el último número de la patente para evitar concentraciones de demanda.
Además, el proyecto elimina el límite de plantas verificadoras habilitadas y permite que talleres, concesionarios e importadores que cumplan con los requisitos técnicos puedan prestar el servicio, sin tarifas mínimas ni máximas establecidas por el Estado.
La propuesta también introduce modificaciones en el régimen de grabado de autopartes. El procedimiento continuará siendo obligatorio sobre seis partes de la carrocería, aunque contempla que el titular del vehículo pueda realizarlo respetando las normas vigentes.
Asimismo, dispone que los talleres autorizados verifiquen el cumplimiento de ese requisito antes de aprobar la correspondiente VTV.
El segundo proyecto presentado por La Libertad Avanza es la denominada Ley Hojarasca, que propone derogar más de veinte normas consideradas desactualizadas, redundantes o sin aplicación efectiva.
La iniciativa también establece que las partidas presupuestarias relacionadas con esas regulaciones sean transferidas al Ministerio de Hacienda y Finanzas y encomienda al Poder Ejecutivo realizar las adecuaciones reglamentarias y administrativas que resulten necesarias.
Programa de desendeudamiento
En tanto, Fuerza por Buenos Aires impulsa la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal que estaría a cargo del Banco Ciudad.
El proyecto, presentado por el diputado Leandro Santoro, tiene como finalidad asistir a sectores vulnerables mediante líneas de crédito especiales destinadas exclusivamente a cancelar deudas ya existentes.
La propuesta contempla préstamos exentos de impuestos, con una tasa nominal anual máxima del 40% y plazos de hasta 36 meses.
Podrán acceder quienes tengan deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos y menores al equivalente de diez salarios mínimos, además de acreditar al menos dos años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires.
El programa alcanzará a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas hasta la categoría G y jubilados. Quedarán excluidas las personas que posean inmuebles adicionales, activos financieros superiores al monto adeudado o que hayan realizado compras de divisas en los últimos tiempos.
También quedarán fuera las deudas alimentarias, tributarias, hipotecarias, prendarias y aquellas vinculadas con la compra de vehículos o bienes registrables.
La iniciativa establece además que los fondos sean transferidos directamente a los acreedores, crea una ventanilla única de atención tanto presencial como digital y prevé una campaña de difusión.
Por último, el proyecto fija un sistema de prioridades para hogares con menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de la educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos, además de contemplar la participación de otras entidades financieras bajo las mismas condiciones previstas para el programa.
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