El Gobierno busca reformar el empleo público y cambiar las reglas de ingreso, evaluación y salarios

El Ejecutivo analiza modificar el régimen de carrera de la Administración Pública Nacional y busca negociar cambios con los gremios. La propuesta contempla nuevas reglas para el ingreso, los ascensos, las evaluaciones, la movilidad y las remuneraciones, aunque desde ATE aseguran que todavía no fueron convocados.

El Gobierno de Javier Milei avanza con una reforma del empleo público nacional y busca abrir una negociación con los gremios para modificar el régimen de carrera dentro de la Administración Pública. El Ejecutivo pretende revisar las reglas de ingreso, evaluación, ascensos, movilidad y remuneraciones, con el objetivo de implementar el nuevo esquema antes de fin de año.

Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma podría instrumentarse por vía administrativa y que, en principio, no sería necesaria una ley específica. Sin embargo, admiten que para avanzar deberán modificarse aspectos del convenio colectivo. “Requiere cambiar el convenio, así que estamos lejos”, señalaron desde el Gobierno.

La negociación con los sindicatos todavía no comenzó formalmente. Desde ATE aseguran que hasta el momento no recibieron ninguna convocatoria para discutir modificaciones en la carrera de la Administración Pública central.

“Sólo han convocado a discutir los convenios colectivos de organismos del Estado que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, que se vieron alcanzados por la reforma laboral. El PAMI, ANSES, entre otros. No es el caso de la Administración Pública central”, señalaron desde el gremio.

El presidente Javier Milei volvió a colocar el tema en la agenda durante una entrevista, donde afirmó que Federico Sturzenegger trabaja en una revisión de la carrera del sector público. Según explicó, la intención es revisar la clasificación de los agentes y avanzar hacia un esquema en el que el desempeño tenga una mayor incidencia tanto en el desarrollo de la carrera como en las remuneraciones.

Entre los aspectos que analiza el Ejecutivo aparecen los mecanismos de ingreso y permanencia, los sistemas de evaluación de desempeño, las condiciones para los ascensos, la movilidad entre distintas áreas y la composición de los ingresos en función de las tareas y los resultados. También están bajo revisión las normas que pueden derivar en desvinculaciones.

De todos modos, en Balcarce 50 aclaran que el contenido definitivo de la reforma todavía no está cerrado y que cualquier modificación deberá ajustarse al marco legal vigente.

Actualmente, el empleo público nacional está regulado principalmente por la Ley 25.164, el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto 214/2006, y, para buena parte de la administración, por el convenio sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado mediante el decreto 2098/2008.

La normativa vigente ya establece que el ingreso debe concretarse mediante mecanismos de selección que permitan acreditar la idoneidad de los postulantes. También determina que la carrera debe contemplar criterios vinculados con el mérito, la eficiencia, la eficacia, el rendimiento y la capacitación.

Para acceder a la estabilidad, el régimen general contempla un período de prueba de 12 meses, evaluaciones satisfactorias y el cumplimiento de los requisitos correspondientes al puesto.

Además, actualmente existe una relación entre la evaluación y los ascensos. En el SINEP, por ejemplo, la promoción de grado requiere acreditar tres evaluaciones que no sean inferiores a “bueno” o dos calificaciones superiores, junto con las correspondientes actividades de capacitación.

Por ese motivo, la discusión planteada por el Gobierno no consiste en incorporar por primera vez las evaluaciones de desempeño, sino en modificar su funcionamiento y el peso que tienen dentro de la carrera administrativa.

Uno de los principales condicionantes para avanzar será la negociación con los sindicatos. La Ley 24.185 establece que las condiciones laborales de los empleados de la Administración Pública Nacional se negocian entre el Estado y las asociaciones sindicales con personería gremial, mediante comisiones negociadoras generales o sectoriales.

El propio convenio general establece que la estructura de la carrera y el escalafón pueden formar parte de una negociación colectiva sectorial.

Ese mecanismo explica por qué el Gobierno habla de una posible salida “administrativa” y no necesariamente legislativa. Cualquiera de las partes puede solicitar la apertura de una comisión negociadora, debe especificar los temas que pretende discutir y, si se alcanza un acuerdo, este queda plasmado en un acta.

Luego, el Poder Ejecutivo debe instrumentar lo acordado mediante el acto administrativo correspondiente. La Ley 24.185 establece que ese paso debe concretarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del acuerdo.

Sin embargo, ese camino tiene límites. La Ley 25.164 establece derechos y garantías mínimos para los trabajadores que no pueden ser reducidos en su perjuicio mediante una negociación colectiva.

Por eso, si la reforma que finalmente impulse el Gobierno pretendiera modificar aspectos reservados directamente a esa ley, no alcanzaría con cambiar el convenio colectivo y sería necesaria la intervención del Congreso.

El esquema que actualmente plantea el Ejecutivo busca mantenerse dentro de las herramientas convencionales y reglamentarias disponibles.

El canal institucional para este tipo de negociaciones ya está funcionando. En las discusiones del SINEP realizadas durante este año participaron representantes del Ministerio de Desregulación, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía en representación del Estado, mientras que por el sector gremial estuvieron UPCN y ATE.

Sin embargo, esa participación no significa que haya comenzado formalmente la negociación de esta reforma específica.

Las primeras resistencias sindicales habían aparecido incluso antes de que el Gobierno definiera el esquema actual. En febrero, ATE había advertido que cualquier modificación del convenio colectivo debía realizarse con participación de los sindicatos y cuestionó la política oficial sobre la administración pública. En aquel momento, UPCN evitó pronunciarse sobre la iniciativa.

La reforma del empleo público, además, avanza por un camino diferente del proceso de reforma del Estado que prepara el Ministerio de Desregulación.

Ese otro paquete contempla una revisión “integral” de organismos, competencias y estructuras con el objetivo de definir nuevas eliminaciones, fusiones o transformaciones. En ese caso, la Casa Rosada sí prevé enviar las modificaciones al Congreso.

La evaluación no se limita a las reformas que el Ejecutivo intentó implementar mediante facultades delegadas y que posteriormente fueron rechazadas, sino que también alcanza a otras dependencias.

La separación entre ambos procesos responde además a una cuestión jurídica. La estructura orgánica de la Administración Pública y las facultades de dirección del Estado están expresamente excluidas de las materias que pueden ser objeto de negociación colectiva.

En cambio, la estructura de la carrera, el escalafón y otras condiciones laborales sí pueden ser discutidas con los sindicatos.

Por eso, el Gobierno busca avanzar por vías diferentes en la reorganización de los organismos y en los cambios relacionados con la situación laboral de los empleados públicos.