La Agencia de Protección Ambiental (APRA) estableció nuevas obligaciones para obras, edificios, comercios, escuelas, locales gastronómicos, depósitos, estaciones de servicio y otros establecimientos. Deberán realizar tratamientos periódicos y conservar certificados que acrediten las tareas.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció nuevas medidas para prevenir y controlar la presencia de roedores y dispuso que las tareas de desratización en los inmuebles y establecimientos alcanzados por la normativa deberán ser realizadas por empresas inscriptas en un registro oficial.
Las nuevas disposiciones fueron establecidas mediante dos resoluciones de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), publicadas este jueves en el Boletín Oficial porteño.
Una de las normas, la Resolución 282/APRA/26, establece medidas de prevención, control y gestión destinadas a reducir la presencia y proliferación de roedores en el territorio de la Ciudad.
Entre sus principales disposiciones, establece que determinados establecimientos y responsables deberán realizar tratamientos periódicos a través de empresas autorizadas y conservar la documentación que permita acreditar que esas tareas fueron realizadas.
A quiénes alcanza la nueva normativa
Las obligaciones incluyen a propietarios, desarrolladores, empresas constructoras y contratistas relacionados con obras públicas y privadas, demoliciones, excavaciones y movimientos de suelo.
También están alcanzados distintos establecimientos y actividades, entre ellos:
- Establecimientos metalúrgicos.
- Depósitos y centros logísticos.
- Recicladoras de metales.
- Generadores especiales de residuos.
- Locales con capacidad para más de 350 asistentes.
- Locales de diversión.
- Residencias para personas mayores.
- Establecimientos de salud con internación.
- Hoteles.
- Estaciones de servicio.
- Escuelas.
- Establecimientos gastronómicos.
- Lugares destinados al almacenamiento de alimentos.
La normativa también comprende a los estacionamientos que cuentan con sectores subterráneos, las estaciones de subterráneos, los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal a través de sus administradores y los edificios públicos.
Los responsables tendrán un plazo de 45 días desde la publicación de la resolución para adecuarse a las nuevas disposiciones.
A partir de entonces, deberán realizar los tratamientos de prevención y control con la periodicidad establecida en el anexo de la norma y conservar el certificado que permita acreditar que las tareas fueron efectuadas.
Registro obligatorio para las empresas de desratización
La segunda medida, establecida mediante la Resolución 281/APRA/26, crea un registro obligatorio para las empresas que realizan servicios de desratización dentro de la Ciudad.
La norma establece la denominada “Nómina de empresas prestadoras de servicios de desratización”, en la que deberán inscribirse las compañías que desarrollen esta actividad.
El plazo para hacerlo será de 30 días posteriores a la publicación de la resolución.
Las empresas incorporadas al registro deberán entregar una constancia por cada servicio realizado. En ese documento deberán figurar los datos correspondientes a las tareas efectuadas.
Además, deberán cumplir con las distintas obligaciones establecidas por la APRA.
Con este mecanismo, el Gobierno porteño busca mantener actualizada la información sobre las empresas que intervienen en los tratamientos y establecer un sistema que permita realizar un seguimiento de las tareas de desratización.
Qué puede pasar si una empresa incumple
Ante un incumplimiento, la autoridad podrá intimar a la empresa involucrada para que presente su descargo.
De acuerdo con las circunstancias de cada caso, la APRA podrá disponer la suspensión o baja del registro de la empresa.
Además, podrán aplicarse las sanciones previstas en la normativa vigente de la Ciudad de Buenos Aires.
La Resolución 282 también establece que el Gobierno porteño reforzará las tareas de control y fiscalización en determinados sectores considerados prioritarios.
Entre ellos se encuentran los barrios vulnerables, las obras públicas y privadas, las demoliciones y excavaciones, las zonas próximas al puerto y la Costanera y los polos gastronómicos.
Por qué las obras y demoliciones son consideradas zonas de riesgo
La normativa advierte que las obras y demoliciones pueden modificar los espacios que utilizan los roedores para refugiarse.
Entre los lugares mencionados aparecen subsuelos, estructuras abandonadas, cámaras y alcantarillas.
La alteración de estos espacios puede provocar que los animales se desplacen hacia inmuebles linderos, espacios públicos y zonas habitadas.
La APRA también identifica otros factores que pueden favorecer la proliferación de roedores, como la densidad poblacional, la disponibilidad de alimentos asociada a los residuos, las redes subterráneas y las condiciones ambientales y climáticas.
Por este motivo, las nuevas medidas apuntan a combinar tratamientos preventivos con un mayor seguimiento de las zonas consideradas prioritarias.
Qué multas establece la normativa porteña
Las nuevas disposiciones se apoyan, entre otras normas, en la Ley Nacional 11.843, que establece obligaciones para propietarios y ocupantes relacionadas con el control de roedores, además de la legislación vigente en la Ciudad.
En ese sentido, la Resolución 281 recuerda que el artículo 1.3.22 de la Ley 451 establece multas de entre 100 y 1.400 unidades fijas para el titular o responsable de un establecimiento o inmueble donde se compruebe la presencia de roedores y no se realicen periódicamente tareas de desinfección y desratización.
Cuando los roedores sean detectados en espacios comunes de un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, la sanción corresponderá al consorcio de propietarios.
De esta manera, las dos resoluciones de la APRA establecen un esquema que combina la obligación de realizar tratamientos preventivos, la regulación de las empresas encargadas de prestar esos servicios y el seguimiento de las intervenciones.
El sistema también contempla un refuerzo de los controles en aquellos sectores de la Ciudad considerados de mayor riesgo.
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