La Cancillería, con aval del presidente Javier Milei, presentó una denuncia penal contra cinco compañías extranjeras acusadas de explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte con permisos otorgados por el Reino Unido, considerados ilegales por la normativa argentina.
La Oficina del Presidente anunció que el Gobierno argentino presentó una denuncia penal contra cinco empresas petroleras extranjeras que operan en la Cuenca Malvinas Norte con licencias otorgadas por el Reino Unido, consideradas ilegales por la Ley 26.659.
Según el comunicado oficial, la medida busca proteger los recursos naturales y reafirmar el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Además, el presidente Javier Milei instruyó priorizar en el Presupuesto 2027 la construcción de una Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos destinados a reforzar la seguridad nacional.
De acuerdo con la comunicación oficial, la acción judicial alcanza tanto a las compañías involucradas como a sus directivos y tiene como objetivo frenar la explotación de hidrocarburos en un territorio que Argentina reivindica como propio.
“Todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hayan participado de los hechos bajo investigación”, señala el texto oficial.
La denuncia será presentada ante la Cámara Federal porteña por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
El escrito apunta contra las compañías Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas por sus operaciones en la Cuenca Malvinas Norte.
Según el comunicado del Gobierno, tres de esas empresas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían obtenido permisos del Reino Unido para explorar y extraer hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion.
Para la Casa Rosada, esas actividades representan una violación de la normativa argentina que regula la explotación de recursos naturales en torno a las Islas Malvinas.
El Gobierno refuerza la defensa de la soberanía
El Gobierno argentino anticipó que continuará impulsando acciones legales y administrativas contra empresas extranjeras que desarrollen actividades en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización nacional.
El comunicado oficial fue acompañado por una instrucción del presidente Javier Milei al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Presupuesto 2027 otorgue prioridad a la construcción de una Base Naval Integrada y a otros proyectos estratégicos relacionados con la seguridad nacional.
El proyecto presupuestario deberá ingresar al Congreso el 15 de septiembre y, según la administración nacional, tendrá entre sus prioridades reforzar las capacidades del Estado argentino para proteger los recursos naturales y defender los intereses soberanos en el Atlántico Sur.
La ofensiva judicial se suma a la decisión anunciada días atrás de iniciar procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Desde el Gobierno libertario remarcaron que las islas y los espacios marítimos que las rodean “son argentinos, por historia y por derecho”.
En ese sentido, la administración nacional también cuestionó el avance de la actividad británica en la zona y puso el foco en el proyecto Sea Lion, descubierto en 2010 y conducido por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El proyecto apunta a convertirse en el primer yacimiento de crudo en aguas próximas al archipiélago, según la información difundida por el Gobierno.

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