La residencia quedó bajo investigación judicial luego de una inspección en la que se detectaron posibles deficiencias en la atención, problemas en la alimentación y presuntos episodios de maltrato hacia los adultos mayores alojados.
Una residencia para personas mayores ubicada en el barrio porteño de Almagro fue clausurada luego de que una inspección oficial detectara presuntas situaciones de abandono, deficiencias en la atención y posibles episodios de maltrato hacia los residentes.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 25, que impulsó un allanamiento de urgencia ante la posibilidad de que existiera un riesgo para las personas que permanecían alojadas en el establecimiento. La medida fue autorizada por el juzgado interviniente.
La causa comenzó a partir de una evaluación realizada por el Programa Proteger, dependiente de la Subsecretaría para Personas Mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el procedimiento, profesionales del organismo entrevistaron de manera reservada a los residentes y relevaron las condiciones en las que funcionaba la institución.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, durante las entrevistas surgieron reclamos relacionados con la calidad y cantidad de los alimentos, la falta de asistencia en determinados momentos del día y presuntos malos tratos por parte de integrantes del personal.
Los profesionales que participaron de la inspección también detectaron que el establecimiento no ofrecía una atención adecuada a las necesidades de los adultos mayores. Entre las observaciones realizadas se incluyeron deficiencias en el acompañamiento profesional y en las actividades destinadas al cuidado y bienestar de los residentes.
En paralelo con la investigación judicial, intervinieron distintos organismos del Gobierno porteño encargados de controlar el funcionamiento de este tipo de establecimientos.
Durante las inspecciones, las autoridades detectaron irregularidades vinculadas con las condiciones edilicias, aspectos sanitarios, la cantidad de personal disponible y el cumplimiento de las normas correspondientes.
A partir de estas verificaciones, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) dispuso la clausura administrativa del geriátrico.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la investigación y la recopilación de pruebas para determinar si existen responsabilidades penales vinculadas con las situaciones denunciadas.

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