2 octubre, 2026

AySA tendrá tarifas estables hasta 2031 mientras el Gobierno avanza con su privatización

El ERAS aprobó el plan que fija inversiones, obligaciones y objetivos para la empresa durante el período 2027-2031. La normativa mantiene sin nuevos incrementos reales el nivel tarifario vigente y se conoció antes de la apertura de ofertas por la privatización.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario de AySA para el período 2027-2031, con el que quedaron establecidos los compromisos, inversiones y metas operativas que deberá cumplir la empresa durante los próximos cinco años.

La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución 30, publicada en el Boletín Oficial, pocos días antes de una instancia clave del proceso impulsado por el Gobierno para avanzar con la transferencia a manos privadas de una parte del paquete accionario de la empresa que presta los servicios de agua potable y saneamiento en el AMBA.

De acuerdo con la normativa, la aprobación del programa resulta necesaria para garantizar la continuidad y regularidad del servicio público a partir del 1° de enero de 2027.

El plan establece cuatro áreas principales de intervención: mantenimiento, operaciones, mejoras y obras de infraestructura.

Qué pasará con las tarifas de AySA hasta 2031

Uno de los aspectos centrales de la resolución es el esquema tarifario previsto para el primer ciclo. El ERAS determinó un régimen de estabilidad tarifaria durante el período 2027-2031.

Según detalló el organismo, el nivel tarifario vigente al momento de corte, calculado con un coeficiente K real de 1.877,6167, permanecerá constante en términos reales durante los cinco años contemplados por el programa.

En consecuencia, no están previstos nuevos aumentos reales de las tarifas durante este primer ciclo.

La resolución también estableció una Base de Activos Regulatorios (BAR) inicial de $790.074,6 millones. Se trata del valor de referencia correspondiente a la infraestructura y las instalaciones que utiliza AySA para prestar sus servicios, y que será considerado para determinar las inversiones reconocidas y la rentabilidad regulada de la compañía.

Cómo avanza la privatización de AySA

La definición del esquema regulatorio para los próximos cinco años se produce mientras el Gobierno continúa con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

La operación contempla que el 90% del paquete accionario quede en manos privadas, mientras que el 10% permanecerá bajo propiedad de los trabajadores.

A fines de abril, el Ejecutivo aprobó los contratos de concesión y la transferencia de acciones por un período de 30 años, con la posibilidad de extender la concesión por hasta otros diez años.

Durante ese período, AySA mantendrá la explotación exclusiva del servicio dentro del área regulada.

La concesión comprende el 51% de las acciones que actualmente están en poder del Estado, correspondientes a la empresa encargada de brindar los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense.

Entre los distritos incluidos se encuentran La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.

Como parte de una segunda etapa, el esquema contempla una oferta pública inicial para colocar otro 39% de las acciones en la Bolsa, mientras que el 10% restante continuará perteneciendo a los trabajadores.

Cuándo se conocerán las ofertas por AySA

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el jueves 27 de agosto mediante la plataforma CONTRAT.AR. La apertura de los sobres está prevista para ese mismo día a las 10.

El proceso se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía, que trabajará en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

De esta manera, el Gobierno llega a una instancia decisiva para el futuro de AySA con el esquema tarifario del período 2027-2031 ya definido. La apertura de las ofertas permitirá avanzar con el proceso destinado a transferir a manos privadas parte del control de la empresa.