La Casa Rosada analiza cómo responder a las dificultades económicas que atraviesan los hogares sin abandonar la disciplina fiscal. Mientras prepara nuevos proyectos de desregulación y busca avanzar con acuerdos políticos, también negocia con el peronismo el nombramiento de jueces y enfrenta nuevas tensiones entre La Cámpora y Axel Kicillof.
El Gobierno de Javier Milei atraviesa una etapa en la que busca contener el creciente malestar social sin modificar los principales lineamientos de su programa económico. La preocupación por una frase que comenzó a repetirse con mayor frecuencia —“la gente no llega a fin de mes”— llevó a la Casa Rosada a pedirles a sus ministros que defiendan públicamente los resultados de la gestión y expliquen los fundamentos del modelo.
Uno de los funcionarios que asumió ese rol fue Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, quien publicó una columna en la que defendió las medidas implementadas por el Gobierno. El propio Milei tomó ese texto como ejemplo para discutir puertas adentro cómo responder a lo que considera una sucesión de cuestionamientos y operaciones contra su administración.
La comunicación se convirtió así en una de las principales preocupaciones del oficialismo. La estrategia definida consiste, en primer lugar, en sostener la defensa del rumbo elegido y, al mismo tiempo, mostrar empatía frente a las dificultades que atraviesan los ciudadanos.
Dentro del Gobierno reconocen que el ajuste permanente también genera dificultades en los propios ministerios. La falta de recursos obliga a los funcionarios a administrar deudas y afrontar las distintas necesidades con presupuestos cada vez más limitados.
Sin embargo, existe un punto que genera preocupación entre funcionarios de diferentes sectores: el nivel de los salarios.
La reducción de los subsidios a los servicios públicos incrementó el peso de esos gastos sobre los ingresos de los hogares. A esto se suma que los salarios no avanzaron al mismo ritmo que la inflación y que, incluso cuando registraron aumentos, el porcentaje de ingresos destinado a servicios y otros gastos fijos continuó generando dificultades.
Por ahora, dentro del Gobierno no anticipan un cambio de tendencia. La expectativa oficial está puesta en que el crecimiento económico termine produciendo una mejora de los ingresos.
Medidas para responder al deterioro de los ingresos
Ante este escenario, el ministro de Hacienda, Luis Caputo, comenzó a impulsar algunas medidas que buscan ir más allá de esperar los efectos de la recuperación económica.
Entre ellas aparecen la utilización de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para créditos hipotecarios, la intención de establecer un salario mínimo para determinados convenios laborales y un incremento de los haberes de las Fuerzas Armadas mediante un decreto.
Mientras tanto, el endeudamiento de las familias continúa creciendo.
En julio de 2026, la irregularidad de los créditos otorgados a los hogares llegó al 12,94%, frente al 12,77% registrado en junio, de acuerdo con un informe de la consultora 1816 elaborado sobre la base de datos de deudores del Banco Central.
La mora privada total alcanzó el 7,73%, mientras que la correspondiente a las empresas se ubicó en el 3,61%.
La oposición ya comenzó a avanzar sobre este tema y cuenta con los votos necesarios para abrir el recinto el 9 de septiembre y discutir la situación. Ante ese escenario, el oficialismo convocó el debate en comisiones bajo sus propias condiciones, en un intento por desactivar la iniciativa opositora.
Un relevamiento de la consultora Casa 3, de Mora Jozami, también refleja las dificultades de quienes tienen deudas. Entre las personas que tomaron préstamos, accedieron a créditos o utilizaron tarjetas para financiar gastos, solo el 36% considera que podrá resolver sus compromisos. El 37% cree que no podrá hacerlo y otro 26% no sabe si estará en condiciones de afrontar esas deudas.
El oficialismo busca votos para suspender las PASO
En paralelo, la mesa política del Gobierno volvió a reunirse para analizar la agenda legislativa y electoral.
Uno de los principales objetivos del oficialismo es conseguir los votos necesarios para, al menos, suspender las PASO.
Patricia Bullrich vuelve a quedar en el centro de las negociaciones, mientras que Martín Menem logró en la Cámara de Diputados avanzar con las reformas solicitadas por Milei sin mayores dificultades.
Ahora, la discusión se traslada al Senado, donde el escenario es más complejo debido a las tensiones electorales que comenzaron a aparecer en distintas provincias.
Tucumán es uno de los ejemplos. Allí, Lisandro Catalán lanzó su candidatura con el respaldo de Karina Milei, un movimiento que generó ruido político y llegó hasta el gobernador Osvaldo Jaldo, uno de los principales aliados de Bullrich durante las votaciones en el Congreso.
Sturzenegger prepara nuevos proyectos de desregulación
Pese a las dificultades políticas, el Gobierno mantiene su intención de avanzar con nuevas reformas.
Sturzenegger trabaja en el envío de un proyecto relacionado con el mercado de capitales y en una nueva ley de cabotaje. Ambas iniciativas habían quedado en suspenso luego del traspié legislativo que sufrió el oficialismo con la ley de tierras, pero ahora volvieron a ser incorporadas a la agenda.
La estrategia será diferente a la utilizada anteriormente. La intención es primero conseguir el respaldo de gobernadores y aliados, luego presentar los proyectos y finalmente defenderlos públicamente.
“Tenemos que ir todos agarrados de la mano”, es una de las frases que se repite dentro del oficialismo para describir esta nueva etapa de búsqueda de acuerdos.
La desregulación del mercado farmacéutico también continúa entre los objetivos del Gobierno. Dentro de ese esquema se analiza incluso la posibilidad de que estaciones de servicio de YPF puedan vender medicamentos, bajo el argumento de que en distintas zonas del país existen grandes distancias entre las farmacias y que una mayor oferta podría facilitar el acceso a esos productos.
La visita del papa León XIV suma otra disputa política
La próxima visita del papa León XIV también aparece atravesada por tensiones políticas.
El vínculo entre el Gobierno y las autoridades de la Iglesia argentina continúa marcado por diferencias. En ese contexto, el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, visitó la Casa Rosada para reunirse con Karina Milei.
El Presidente todavía no recibió a los obispos, mientras que Colombo mantiene un rango institucional que, en la práctica, le permite dialogar directamente con el mandatario. Sin embargo, decidió abordar el tema de la visita papal con la secretaria general de la Presidencia para evitar que todos los detalles quedaran exclusivamente bajo control de la Casa Rosada.
Colombo estuvo acompañado por el arzobispo de Mendoza, Raúl Pizarro. Dentro de la Iglesia existe preocupación por la posibilidad de que el Gobierno intente concentrar el protagonismo durante la visita, especialmente porque fue el Poder Ejecutivo el que invitó al Papa.
En el oficialismo, además, existe una mirada crítica sobre la Iglesia argentina, a la que algunos sectores consideran cercana a la oposición peronista.
En medio de ese escenario, Colombo le entregó a Karina Milei agua bendecida proveniente del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia.
El peronismo negocia el nombramiento de jueces
Las tensiones políticas también atraviesan al peronismo, donde el debate interno volvió a concentrarse en el Poder Judicial y en la eventual presentación de Cristina Kirchner ante los tribunales.
Antes de la votación de los pliegos de jueces, el bloque del Partido Justicialista acordó acompañar los ascensos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. La decisión fue unánime en el caso de Yadarola y dividida en el de Bertuzzi.
José Mayans resumió la posición adoptada con una frase: “No nos peleemos más con los jueces”.
La decisión generó cuestionamientos debido a que Yadarola fue uno de los magistrados que participó del viaje a Lago Escondido, episodio que durante años fue denunciado por el kirchnerismo como una muestra de la existencia del lawfare y de la connivencia entre sectores judiciales, empresariales y políticos.
Cristina Kirchner había cuestionado públicamente a Yadarola luego de que se conociera aquel viaje. Sin embargo, el bloque peronista terminó respaldando su ascenso.
Desde el kirchnerismo justificaron la decisión como parte de una negociación parlamentaria y sostuvieron que la distribución de fuerzas en el Congreso hacía posible acompañar el nombramiento.
Los gobernadores peronistas también habrían presionado para evitar un nuevo conflicto.
Sobre la votación aparecen, además, dos interpretaciones políticas. Una sostiene que Cristina Kirchner habría llegado a la conclusión de que la estrategia judicial seguida por Martín Mena, Julián Álvarez y Wado de Pedro la condujo a una situación sin salida. La otra está vinculada con su próxima presentación ante Comodoro Py por la causa Hotesur-Los Sauces, donde deberá comparecer junto a su hijo Máximo Kirchner.
La Cámpora volvió a apuntar contra Kicillof
La interna del peronismo también volvió a quedar expuesta durante el acto realizado para recordar el intento de asesinato contra Cristina Kirchner.
El jefe de La Cámpora en San José 1111 agradeció a los partidos políticos que firmaron un documento de respaldo a la expresidenta y lanzó críticas contra quienes no acompañaron la iniciativa.
El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que responde a Axel Kicillof, no firmó el documento. Desde ese sector explicaron que no se consideran un partido político, sino un movimiento que reúne a diferentes espacios.
Consultado uno de sus principales dirigentes por la ausencia de referentes del sector, respondió con ironía: “Hubieran avisado, nadie nos invitó”.
En paralelo, Máximo Kirchner volvió a convocar a los militantes a cantar una de las consignas tradicionales de La Cámpora: “Cristina es la conducción”.
La escena volvió a mostrar las diferencias entre el sector que responde a Cristina Kirchner y el espacio político que encabeza Kicillof, en un peronismo que continúa atravesado por disputas electorales y por la discusión sobre el liderazgo del movimiento.
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