Procesaron al dueño de Manaos por una presunta evasión y dispusieron un embargo de $250 millones

La Justicia Federal de Morón procesó a Orlando Canido y a la empresa Refres Now por una presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente a 2020. La defensa apeló la resolución, cuestionó la acusación y denunció una supuesta persecución por parte de ARCA.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N°3 procesó a Orlando Eduardo Canido, dueño de las gaseosas Manaos, por presunta evasión tributaria simple. La acusación está vinculada con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2020.

La misma resolución alcanzó a su empresa, Refres Now. Además, el juez dispuso embargos por $250 millones sobre los bienes de cada uno de los imputados.

La defensa del empresario apeló el fallo ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el 7 de julio. En la presentación cuestionó los fundamentos de la acusación y solicitó que se revoquen tanto el procesamiento como los embargos.

Desde la compañía denunciaron una supuesta “persecución” y sostuvieron que el conflicto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó porque el organismo no ofreció un mecanismo previsto por la legislación que, según la defensa, podría haber evitado la denuncia penal.

Qué cuestiona ARCA y cuál es el origen de la causa

ARCA puso bajo análisis un pasivo de $650 millones que Refres Now declaró en el rubro “otras cuentas por pagar” de su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente a 2020.

La empresa explicó que ese monto correspondía a un préstamo otorgado por Norberto Ernesto Canido, accionista de la compañía. Sin embargo, de acuerdo con el planteo fiscal, solamente $150 millones contaban con documentación suficiente para respaldar la operación.

Los $400 millones restantes no tenían, según ARCA, una justificación adecuada. Ese monto pasó a constituir el eje de la investigación penal.

El organismo consideró que ese tramo del pasivo carecía de respaldo suficiente, lo calificó como “pasivo simulado” y aplicó el criterio de incremento patrimonial no justificado. Como consecuencia, determinó un ajuste de aproximadamente $132 millones en concepto de Impuesto a las Ganancias omitido.

Según la interpretación de ARCA, declarar un pasivo inexistente permite reducir de manera indebida la base imponible. Desde el punto de vista contable, la incorporación de deudas que no existen disminuye la ganancia neta declarada y, por lo tanto, el monto de impuestos a pagar.

El préstamo de $400 millones que quedó bajo la lupa

La versión de Refres Now sostiene que los $400 millones correspondían a un préstamo entre particulares. De acuerdo con esa explicación, Lorenzo Pizzo le entregó ese dinero a Norberto Ernesto Canido.

La compañía señaló además que Pizzo había obtenido los fondos de un tercero cuya identidad no fue determinada. Posteriormente, el dinero ingresó en efectivo a Refres Now en enero de 2020.

El préstamo fue cancelado por la empresa en diciembre de ese mismo año, también mediante efectivo. ARCA rechazó esta explicación por tres motivos principales.

En primer lugar, el organismo sostuvo que Pizzo no había demostrado contar con capacidad económica suficiente para prestar $400 millones en enero de 2020. En segundo término, no encontró movimientos en las cuentas bancarias de la empresa ni de Canido que permitieran comprobar la operación.

Como tercer argumento, ARCA consideró insuficiente la documentación presentada. Según el organismo, la ausencia de comprobantes bancarios y de documentación adicional impidió demostrar de manera adecuada el origen del dinero.

La defensa, en cambio, aseguró que Refres Now había presentado un recibo que acreditaba el cobro de los $650 millones. También argumentó que la discusión sobre los $400 millones correspondía a una operación realizada entre Norberto Ernesto Canido y Pizzo, y no directamente entre Pizzo y la empresa.

Otro de los argumentos planteados por la defensa fue que Pizzo falleció antes de que ARCA solicitara documentación adicional. Según sostuvieron, esa situación dificultó la posibilidad de obtener otros comprobantes que permitieran acreditar la operación.

La defensa justificó el uso de efectivo en el negocio de las gaseosas

Durante su declaración indagatoria, Orlando Canido afirmó que el manejo de efectivo era una práctica habitual dentro del circuito de empresas vinculadas con la producción y comercialización de bebidas gaseosas.

Según explicó, ese mecanismo alcanzaba a distintos sectores de la actividad, entre ellos los proveedores de insumos, la fabricación, la distribución y la venta.

La defensa incorporó esa explicación a la apelación y sostuvo que el recibo correspondiente a la cancelación del préstamo constituía una prueba de que la operación había existido. También insistió en que la inexistencia de movimientos bancarios no demostraba, por sí sola, que el préstamo nunca hubiera sido realizado.

Ernesto Danti, auditor externo de Refres Now, respaldó esa postura. “Que usted me diga: ‘Le cobro el impuesto a los débitos y créditos’, se lo acepto. Pero que me diga que estoy inventando un pasivo, no se lo acepto”, afirmó.

Danti caracterizó el expediente como una controversia vinculada con un pasivo registrado en la contabilidad de la empresa y con la documentación que debía respaldarlo.

“Como fue en efectivo, niego que haya existido y sostengo que es un pasivo inventado, fraguado”, resumió al explicar la postura atribuida a ARCA.

El formulario 3200, otro de los puntos centrales de la apelación

Uno de los principales argumentos de la defensa está relacionado con el artículo 16 del Régimen Penal Tributario. Esa normativa establece que ARCA debe informar al contribuyente sobre la posibilidad de acceder a un mecanismo que permite evitar una denuncia penal.

De acuerdo con ese procedimiento, si el contribuyente acepta el ajuste fiscal y cumple las condiciones establecidas mediante el formulario 3200, el organismo queda impedido de presentar una denuncia penal.

La defensa sostuvo que ARCA no informó a Refres Now sobre esa alternativa en relación con la Orden de Intervención N°2.207.851, correspondiente al período fiscal 2020.

Según el recurso presentado ante la Cámara, una funcionaria del organismo explicó que no había realizado la notificación porque consideraba que el contribuyente permanecería en silencio.

Para la defensa, esa decisión perjudicó el derecho de la empresa a optar por el mecanismo establecido por la ley. El recurso cuestionó que la resolución judicial indicara que Refres Now no había utilizado esa posibilidad cuando, según su planteo, ARCA nunca le comunicó formalmente que podía acceder a ella.

Danti definió este punto como “la esencia” de la apelación. “Nunca se lo ofrecieron”, sostuvo en referencia al formulario 3200.

El auditor afirmó además que las funcionarias de ARCA reconocieron durante sus declaraciones que el formulario no había sido ofrecido en el caso correspondiente al período 2020.

La defensa también destacó que Refres Now canceló el ajuste determinado por ARCA. Danti afirmó que la compañía abonó entre $600 millones y $700 millones en ajustes correspondientes a los períodos 2018 y 2020.

“Está totalmente cancelado”, aseguró.

La defensa cuestionó el dolo y la responsabilidad atribuida a Canido

La abogada que representa a Canido y a Refres Now sostuvo que una determinación administrativa de una deuda tributaria no es suficiente para demostrar la existencia de un delito penal.

Según argumentó, el juez habría tomado las conclusiones de ARCA sin realizar un análisis independiente de la maniobra que se atribuye a los imputados.

El segundo cuestionamiento de la defensa estuvo relacionado con la falta de dolo directo. Según su planteo, una diferencia respecto del tratamiento tributario de una operación no demuestra por sí misma la existencia de una intención deliberada de evadir impuestos.

Respecto de Orlando Canido, la apelación cuestionó que el procesamiento se haya basado en su condición de presidente de la sociedad durante el período investigado.

El escrito sostuvo que la resolución no identificó qué decisión personal habría tomado Canido, qué instrucciones habría impartido ni cuál habría sido su intervención concreta en la elaboración de las declaraciones juradas.

La defensa extendió el mismo cuestionamiento a Refres Now como persona jurídica. Según el recurso, el juez desarrolló consideraciones generales sobre la responsabilidad penal de las empresas, pero no especificó qué decisiones societarias podrían haber constituido una política destinada a evadir impuestos.

La presentación sostuvo que ni la condición de presidente de una compañía ni la existencia de una persona jurídica resultaban suficientes para fundamentar una imputación penal.

Danti también cuestionó que la acusación hubiera demostrado una maniobra de carácter penal. “La obligación está probada”, afirmó al referirse al pago del ajuste fiscal.

El impacto del embargo de $250 millones sobre Refres Now

La resolución judicial estableció un embargo de $250 millones sobre los bienes de Orlando Canido. Otro embargo por el mismo monto fue dispuesto sobre Refres Now.

La defensa cuestionó también el monto de las medidas cautelares y sostuvo que la resolución no explicó cuáles fueron los parámetros utilizados para determinar esa cifra.

Según el recurso, los embargos debían mantener una relación razonable con las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse del proceso judicial.

Danti aseguró que la medida no afectaba el funcionamiento habitual de la compañía debido a que el procesamiento se encontraba apelado. “No está operativo”, afirmó.

El auditor sostuvo además que Refres Now continuaba con sus actividades de producción, distribución, ventas y cobranzas, y que podía utilizar sus cuentas sin restricciones operativas.

Según indicó, la empresa cuenta con 700 empleados en relación de dependencia.

La facturación mensual de la compañía ronda los $40.000 millones y su planta dispone de unas 20 líneas de producción.

Refres Now, además, abona entre $5.000 millones y $6.000 millones mensuales en concepto de impuestos internos, IVA e Impuesto a las Ganancias.

Danti afirmó que la empresa forma parte del universo de grandes contribuyentes nacionales y que se encuentra sometida a fiscalizaciones de manera permanente.

“Que nos vengan a fiscalizar lo entendemos”, sostuvo.

Al mismo tiempo, el auditor denunció que la compañía atraviesa una situación de “persecución” por parte de ARCA. Según vinculó, esa situación estaría relacionada con denuncias realizadas por competidores y por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.