20 noviembre, 2026

Reforma de Salud Mental: el oficialismo consiguió avanzar con el proyecto en el Senado

La Libertad Avanza reunió las firmas necesarias para impulsar un dictamen que modifica distintos aspectos de la Ley 26.657. La iniciativa propone cambios en los criterios de internación, los tratamientos y la atención de las adicciones, mientras aliados provinciales reclamaron garantías de financiamiento para su implementación.

El oficialismo avanzó en el Senado con el proyecto que busca reformar la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La iniciativa de La Libertad Avanza obtuvo las firmas necesarias para pasar a la instancia de dictamen y el Gobierno pretende conseguir su aprobación en la Cámara alta antes de que finalice el período de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre.

La propuesta volvió a debatirse en un plenario de las comisiones de Salud Mental y Legislación General, luego de haber ingresado al Congreso en mayo de este año. El objetivo del oficialismo es incorporar el proyecto al temario legislativo y avanzar con su tratamiento antes de fin de año.

Entre los principales cambios planteados aparecen modificaciones en los criterios para disponer internaciones, la modalidad de seguimiento de los tratamientos y la incorporación de nuevas herramientas para abordar distintas problemáticas vinculadas con la salud mental.

Sin embargo, el avance legislativo estuvo acompañado por cuestionamientos relacionados con el financiamiento necesario para aplicar las modificaciones. Los aliados provinciales del Gobierno reclamaron que la iniciativa establezca partidas presupuestarias concretas para garantizar la puesta en marcha de los programas de contención.

Los cuestionamientos de la oposición y el reclamo por los recursos

Durante el debate, el senador opositor Jorge Capitanich reconoció que la legislación vigente presenta dificultades en su aplicación y sostuvo que necesita una actualización.

El legislador consideró que la actual ley “no cumplió en términos de objetos, alcances e inversión en infraestructura” y afirmó que resulta necesario adecuarla a una dinámica que permita responder a una problemática que, según señaló, continúa creciendo.

No obstante, Capitanich expresó reparos sobre algunos de los cambios propuestos, especialmente en relación con las internaciones involuntarias y la distribución de responsabilidades entre la Nación y las provincias.

En ese sentido, advirtió que la internación involuntaria podría volverse más arbitraria y, al mismo tiempo, más difícil de concretar en determinadas circunstancias.

También cuestionó la posibilidad de descentralizar funciones hacia las provincias sin garantizar los recursos necesarios ni establecer mecanismos de cooperación para resolver los problemas estructurales. Según planteó, esa situación podría agravar las dificultades existentes y debilitar la capacidad institucional para abordar los casos.

Las advertencias sobre el financiamiento también fueron planteadas por dos legisladores que acompañan al oficialismo: el misionero Carlos Arce y la correntina Mercedes Valenzuela.

Arce sostuvo que el proyecto no expresa con suficiente precisión cómo se financiarán las medidas previstas. “Falta un financiamiento que no está expresado en este proyecto. Tiene que ser muy preciso el financiamiento nacional, para que se traduzca en partidas presupuestarias identificables”, afirmó.

Además, solicitó que se incorpore al debate la participación del Consejo Federal de Salud y del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, al considerar que esos organismos cuentan con información relevante para evaluar las necesidades del sistema.

“Son los que tienen el mejor diagnóstico, porque es imposible un proyecto de ley sin su concertación activa”, sostuvo.

Tanto Arce como Valenzuela respaldaron el dictamen, aunque dejaron planteada una disidencia parcial vinculada con estos aspectos.

La defensa de Patricia Bullrich

La principal defensora de la iniciativa fue la senadora Patricia Bullrich, quien sostuvo que el proyecto propone una concepción más preventiva de la salud mental y busca modificar criterios que, según su evaluación, generaron dificultades en la aplicación de la ley vigente.

Uno de los ejes de la reforma es el cambio en la definición de riesgo inminente, que actualmente constituye un elemento central para evaluar determinadas intervenciones.

Bullrich explicó que la nueva redacción contempla evaluaciones realizadas por equipos interdisciplinarios para determinar si una persona puede reiterar conductas que representen un riesgo para sí misma o para terceros.

La senadora sostuvo que el proyecto incorpora situaciones que no estaban contempladas de manera adecuada en la legislación actual y que, según afirmó, provocaron numerosos problemas en el país.

“Esta es una adecuación a situaciones que no estaban contempladas y trajeron muchísimos problemas en la Argentina”, concluyó.

Qué cambios propone la reforma de la Ley de Salud Mental

El proyecto plantea modificaciones en distintos aspectos de la atención, las internaciones y los derechos de las personas que reciben tratamientos de salud mental.

Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentran:

  • Equipos interdisciplinarios: se propone conformarlos de acuerdo con los recursos humanos disponibles en cada jurisdicción.
  • Evaluaciones psiquiátricas a distancia: se contempla la intervención de un psiquiatra mediante teleconsulta sincrónica y la participación de otro profesional firmante, preferentemente un psicólogo.
  • Internaciones voluntarias prolongadas: para las internaciones que superen los 60 días, se plantea eliminar la obligación de notificar al juez y la evaluación judicial dentro de los cinco días. Además, se incorpora la categoría de “internación prolongada” para los casos que alcancen los 180 días.
  • Atención ambulatoria y domiciliaria: la propuesta contempla estas modalidades como alternativas dentro del abordaje de los tratamientos.
  • Adicciones sin sustancias: se incorpora el abordaje de problemáticas como la ludopatía, que no están relacionadas exclusivamente con el consumo de sustancias.
  • Personas autorizadas para intervenir: se limita a padres e hijos el grupo de parientes con potestad para intervenir, aunque se mantienen las facultades de representantes legales, cónyuges y convivientes.
  • Atención de niños, niñas y adolescentes: se propone establecer equipos especializados en salud mental infantojuvenil y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. También se contemplan la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchados, la confidencialidad y el abordaje familiar y comunitario. La internación en unidades de adultos quedaría restringida a los casos en los que se acredite que no existe otra alternativa, durante el tiempo mínimo indispensable.
  • Consentimiento anticipado: se incorpora el derecho a consentir o rechazar tratamientos por anticipado y a designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Estas directivas deberán respetarse, salvo que representen un riesgo grave para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.

El financiamiento, uno de los puntos pendientes

Aunque el oficialismo logró avanzar con el dictamen, el debate dejó expuestas diferencias sobre la forma en que se financiarán los cambios y cómo se distribuirán las responsabilidades entre el Estado nacional y las provincias.

Los cuestionamientos de los aliados provinciales apuntan a la necesidad de establecer partidas presupuestarias identificables y mecanismos de coordinación con los organismos federales vinculados con la salud mental y las adicciones.

La discusión también incluye la disponibilidad de equipos interdisciplinarios y profesionales especializados para implementar las nuevas modalidades de atención.

Con el dictamen obtenido, La Libertad Avanza busca avanzar con el tratamiento legislativo durante el actual período de sesiones ordinarias. La iniciativa propone modificar distintos aspectos de la Ley 26.657, mientras continúan las discusiones sobre sus alcances, las garantías para los pacientes y los recursos necesarios para su aplicación.