La expresidenta y su hijo solicitaron al Tribunal Oral Federal 5 que les permita no asistir presencialmente al debate, previsto para este viernes 23 de octubre. La causa investiga presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, mientras la Cámara de Casación debe resolver si unifica el expediente con el de Hotesur.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, solicitaron este lunes al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) autorización para no concurrir de manera presencial a las audiencias del juicio oral por la causa Los Sauces, en la que ambos están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero.
El comienzo del debate está previsto para este viernes 23 de octubre, a las 10, aunque todavía resta conocer la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la posibilidad de unificar este expediente con el de Hotesur y realizar un único juicio por ambas causas.
El tribunal, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había resuelto previamente que el proceso se desarrollara exclusivamente de forma presencial.
Por ahora, el juicio de Los Sauces mantiene su cronograma independiente y tiene previsto comenzar esta semana. Si se concreta en la fecha establecida, será el primer juicio por una causa de corrupción en el que Máximo Kirchner estará sentado en el banquillo de los acusados. La acusación lo señala como presunto organizador de una asociación ilícita destinada al lavado de fondos, mientras que su madre está procesada como supuesta jefa de esa estructura.
Qué se investiga en la causa Los Sauces
El expediente analiza las operaciones de la inmobiliaria familiar Los Sauces, cuyos principales clientes fueron los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
De acuerdo con la hipótesis de la acusación, las empresas vinculadas con ambos empresarios representaron la mayor parte de la facturación de una sociedad que no contaba con sede comercial y que, desde su creación, mantuvo la misma cantidad de inmuebles en alquiler.
Los fiscales sostienen que la inmobiliaria no funcionó como un negocio inmobiliario convencional, sino que habría sido utilizada para canalizar fondos vinculados con la adjudicación de obra pública.
Según los registros incorporados a la causa, entre 2009 y 2016 la empresa facturó $25.968.042,30 a compañías de Báez y del Grupo Indalo, una cifra equivalente a cerca del 88% de sus ingresos totales.
De ese monto, el grupo empresario de López y Fabián De Sousa aportó aproximadamente $18,5 millones, mientras que las firmas vinculadas con Báez contribuyeron con cerca de $7 millones.
La acusación sostiene que esos pagos habrían servido para disimular el retorno de fondos provenientes de la adjudicación de obras públicas.
Los fiscales también plantean que los accionistas retiraron más de $10 millones de la sociedad y utilizaron algunos de sus inmuebles sin pagar por su ocupación. Esas operaciones forman parte de la investigación por presunta asociación ilícita y lavado de activos.
El dúplex de Puerto Madero bajo investigación
Uno de los inmuebles más mencionados en el expediente es un dúplex ubicado en los pisos 8 y 9 del complejo Madero Center, en Puerto Madero, junto con sus respectivas cocheras.
Según la investigación, Cristóbal López ocupó esas propiedades a través de las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia.
Entre 2012 y 2017, el empresario habría pagado alrededor de USD 1,7 millones por el alquiler de esos espacios. Sin embargo, una tasación judicial posterior ubicó el valor de mercado en aproximadamente la mitad de esa cifra o incluso por debajo.
Ese inmueble constituye uno de los elementos examinados por los investigadores para analizar las operaciones comerciales entre la inmobiliaria familiar y las empresas vinculadas con los empresarios acusados.
Cómo se desarrollará el debate oral
El TOF 5 dispuso que el juicio se realice de manera exclusivamente presencial, con tres audiencias por semana. Además, reservó fechas adicionales para eventuales necesidades del proceso, incluidos algunos sábados de octubre y semanas de la feria judicial de enero de 2027.
Las audiencias se llevarán adelante en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, el mismo espacio en el que se desarrolla el juicio de la causa Cuadernos.
El cronograma contempla encuentros los lunes, viernes y sábados. Las condiciones de asistencia varían según el tipo de audiencia y la participación que deban tener los acusados.
En las jornadas destinadas a las declaraciones indagatorias, los imputados deberán estar presentes físicamente en la sala.
En cambio, durante las audiencias en las que declaren testigos, podrán intervenir a través de sus abogados sin necesidad de concurrir personalmente.
También se contempla la posibilidad de que quienes residan fuera de la Capital Federal soliciten participar a distancia. Sin embargo, cada pedido deberá ser evaluado y resuelto de manera individual por el tribunal.
Mientras se aguarda una definición sobre el planteo de Cristina y Máximo Kirchner para no asistir presencialmente, la Cámara de Casación deberá resolver si el juicio de Los Sauces avanza de manera independiente o se integra con el expediente Hotesur. Esa decisión podría modificar la organización del proceso judicial previsto para los próximos días.

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