La Casa Rosada habría pedido modificar el dictamen aprobado en el Senado para reducir prestaciones, pero Patricia Bullrich rechazó los cambios y sostuvo el acuerdo con los bloques aliados. El episodio se suma a sus diferencias con Luis Caputo y a las versiones dentro del oficialismo sobre su posicionamiento político de cara a 2027.
La discusión por los fondos y las prestaciones destinadas al área de discapacidad volvió a exponer diferencias dentro del Gobierno nacional. Esta vez, el foco estuvo puesto en Patricia Bullrich, luego de que desde la Casa Rosada le solicitaran introducir modificaciones en el dictamen de la ley que se debatió en el Senado.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) no aceptó el pedido y priorizó sostener el acuerdo alcanzado con los sectores aliados. Como resultado, el dictamen salió sin modificaciones, tal como había sido aprobado por la Cámara de Diputados.
Según trascendió, la propuesta que se buscaba incorporar apuntaba a reducir prestaciones. Sin embargo, dentro del bloque libertario consideraron que esos cambios podían generar más incompatibilidades y los calificaron como «descabellados». En el oficialismo también comenzaron a circular distintas versiones sobre quiénes habían impulsado la iniciativa.
Este miércoles, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano emitió dictamen sobre el proyecto, que ya contaba con media sanción de Diputados. La iniciativa establece un régimen permanente en reemplazo de la emergencia vigente, que vence a fin de año.
Entre sus principales disposiciones, mantiene las pensiones no contributivas con actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Con el dictamen aprobado, la propuesta quedó en condiciones de ser tratada en la próxima sesión del Senado.
Bullrich y Caputo, otro frente de diferencias
El nuevo episodio se produjo después de que Bullrich volviera a defender públicamente sus planteos sobre las medidas destinadas a las pequeñas y medianas empresas, luego de un anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, relacionado con las deudas de las pymes.
La senadora publicó en la red social X un mensaje acompañado por un video junto a representantes de Coninagro. Allí sostuvo que debía continuar el camino que ella había propuesto, en una intervención que fue interpretada dentro del oficialismo como un «yo te avisé».
La publicación generó malestar en el área de Hacienda y una reacción de Caputo. Durante la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el ministro participó de un diálogo con Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más cercanos al presidente Javier Milei.
En ese encuentro, Caputo defendió el liderazgo del jefe de Estado, quien no pudo asistir por encontrarse de viaje en España. Sin mencionar a ningún dirigente, afirmó que actualmente cualquiera cree que puede ser Presidente, pero que «no cualquiera» está en condiciones de reemplazar a Milei.
La disputa por discapacidad tiene antecedentes desde septiembre
Las diferencias sobre el régimen de discapacidad ya habían quedado expuestas en septiembre y continuaron durante el tratamiento legislativo. En aquel momento, La Libertad Avanza avanzó en Diputados con un proyecto consensuado con el PRO, la UCR y bloques provinciales para reemplazar la emergencia vigente por un sistema permanente.
Martín Menem y los negociadores parlamentarios defendían el acuerdo alcanzado con los sectores aliados. En cambio, desde el Ministerio de Economía cuestionaban el costo fiscal de la propuesta y objetaban que se hubiera avanzado sin consultar previamente al resto del Poder Ejecutivo.
El conflicto se profundizó el 15 de septiembre, cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con un capítulo que planteaba modificaciones en sentido contrario al texto consensuado en Diputados.
Entre las medidas incluidas figuraban el refuerzo del criterio de invalidez laboral, la eliminación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso, la incompatibilidad de las pensiones con el empleo formal y la eliminación del nomenclador único.
La incorporación de esos puntos provocó un intercambio de cuestionamientos dentro de la Casa Rosada, con versiones cruzadas sobre qué funcionarios conocían el contenido de la propuesta antes de su presentación.
El 13 de octubre, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, reconoció durante una exposición en Diputados las diferencias entre la postura inicial del Ejecutivo y el texto que finalmente se había negociado con la oposición. «Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa», expresó.
A pesar de las objeciones, el oficialismo aceptó los cambios y el proyecto obtuvo media sanción con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
La iniciativa conservó la pensión equivalente al 70% del haber mínimo, la compatibilidad con el empleo formal hasta dos salarios mínimos, el nomenclador de prestaciones y un mecanismo de actualización automática.
Un dictamen con amplio respaldo en el Senado
Durante el tratamiento en la Cámara alta, el respaldo al dictamen fue amplio. La senadora cordobesa Alejandra Vigo fue señalada como la excepción entre los bloques que participaron del debate.
Bullrich había anunciado desde el comienzo que su bancada acompañaría el proyecto, pese a las resistencias que existían en el Ministerio de Economía. La decisión de mantener el texto sin modificaciones volvió a mostrar las diferencias entre la estrategia parlamentaria y las objeciones del área económica.
Con el dictamen firmado, la iniciativa podría llegar al recinto el 19 de noviembre, fecha en la que se definiría su aprobación definitiva.
La discapacidad, en la agenda previa a la llegada del Papa
La discusión también adquiere relevancia por la proximidad de la visita del papa León XIV. La discapacidad es uno de los temas sensibles en el vínculo entre el Gobierno y la Iglesia, y la agenda del Pontífice incluye una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución que asiste a personas con discapacidad.
En ese contexto, el debate sobre el financiamiento del sistema y la continuidad de las prestaciones vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política, mientras el oficialismo enfrenta diferencias sobre el alcance de la ley.
Las tensiones con Bullrich y las versiones sobre 2027
El desacuerdo por discapacidad se suma a otros cruces entre Bullrich y Caputo que se acumularon durante los últimos meses.
Uno de los episodios recientes se produjo después de que el ministro anunciara en la Unión Industrial Argentina (UIA) la suspensión de los embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027. Bullrich respaldó la medida en X, pero también recordó que venía reclamando una decisión de ese tipo: «Lo planteé durante mucho tiempo», sostuvo.
Luego de la suspensión de la mesa política y de la reunión de la denominada «mesa de Patricia», Caputo volvió a responder durante la conferencia de FIEL, aunque evitó mencionarla directamente.
Todo este escenario se desarrolla mientras Javier Milei se encuentra en España, en un nuevo viaje relámpago, y Karina Milei permanece en Buenos Aires.
En Balcarce 50 también circulan versiones sobre las aspiraciones políticas de Bullrich y la posibilidad de que busque posicionarse como una alternativa al Presidente de cara a 2027. Así, la discusión por la ley de discapacidad vuelve a poner de manifiesto diferencias que exceden el debate legislativo y alcanzan la disputa por el peso político dentro del oficialismo.

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