El ministro de Seguridad bonaerense reclamó recursos, infraestructura y personal para aplicar la reforma que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años y cuestionó los cuestionamientos contra Axel Kicillof luego del fallo de una jueza de Lomas de Zamora.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, respondió a las críticas surgidas desde el Gobierno nacional contra el gobernador Axel Kicillof luego de que la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, resolviera suspender durante 60 días la aplicación de la ley que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
El funcionario bonaerense expresó su posición mediante una publicación en X, donde cuestionó las reacciones del oficialismo frente a la decisión judicial. En ese contexto, afirmó que desde el Gobierno nacional “mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer”.
Uno de los principales apuntados por Alonso fue el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había cuestionado el supuesto “silencio” de Kicillof después de conocerse el fallo.
Además, el funcionario nacional había acusado al gobernador bonaerense de estar “del lado del delincuente, nunca de la víctima”.
Frente a esas declaraciones, Alonso le reclamó a Santilli que se concentre en sus responsabilidades y exigió que se restituyan los recursos que, según afirmó, fueron retirados de la provincia.
“Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”, manifestó el titular de Seguridad bonaerense.
En la misma publicación, Alonso sostuvo que una reducción de la edad de imputabilidad, por sí sola, no alcanza para implementar una reforma de esa magnitud.
En ese sentido, planteó cuáles serían las condiciones necesarias para que la modificación pueda aplicarse.
“¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”, cuestionó.
El ministro de la administración de Kicillof insistió en que cualquier modificación de la edad de imputabilidad debe estar acompañada por una estructura capaz de poner en práctica las nuevas disposiciones.
“Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles”, afirmó Alonso, quien además calificó la iniciativa como “un eslogan de campaña”.
Los planteos del funcionario provincial coincidieron con parte de los argumentos utilizados previamente por la jueza Marta Elba Pascual para suspender la aplicación de la normativa.
La magistrada tomó esa decisión luego de hacer lugar al habeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
Pascual había fundamentado la resolución al considerar que, sin mecanismos destinados a garantizar la reinserción, la nueva normativa “no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes”.
Las críticas de Bullrich contra Kicillof
Las objeciones a la resolución judicial también habían sido planteadas por Patricia Bullrich.
La senadora cuestionó el funcionamiento de la Justicia bonaerense y sostuvo que en la provincia existe una “Justicia garantista que los deja libres (a los delincuentes) para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”.
Bullrich también apuntó directamente contra Kicillof por su posición frente al fallo.
En ese sentido, afirmó que el gobernador bonaerense “se pone del lado de los delincuentes”, mientras que los habitantes de la provincia permanecen “enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.
Ante esos cuestionamientos, Alonso volvió a poner el énfasis en que la decisión de suspender la aplicación de la ley corresponde al Poder Judicial y cuestionó que los reclamos fueran dirigidos contra el gobernador.
“¿Por qué se le reclama al Ejecutivo provincial una decisión que corresponde al Poder Judicial?”, planteó el ministro de Seguridad.
Finalmente, Alonso volvió a cuestionar las reacciones del oficialismo y puso en duda que los mensajes de indignación difundidos a través de las redes sociales sean suficientes para resolver las dificultades relacionadas con la implementación de la reforma.
“¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”, concluyó.
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