El legislador de UCR-Evolución impulsó una iniciativa en la Legislatura de la Ciudad que propone ampliar las atribuciones de las Juntas Comunales, garantizar mayor participación en las decisiones locales y otorgarles más autonomía administrativa y presupuestaria.
El legislador porteño Guillermo Suárez (UCR-Evolución) presentó un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Comunas con el objetivo de profundizar el proceso de descentralización en la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta busca ampliar las competencias de las Juntas Comunales, fortalecer su participación en las decisiones sobre obras públicas y dotarlas de mayor autonomía administrativa y presupuestaria.
En los fundamentos de la iniciativa, el diputado sostiene que el proyecto pretende avanzar sobre aspectos que, a su entender, aún permanecen pendientes desde la sanción de la Ley 1.777.
«Esta iniciativa no propone un ajuste menor: propone dar el paso que la Ley 1.777 no dio, y que la Constitución siempre exigió», expresó.
Un diagnóstico sobre el funcionamiento de las Comunas
El proyecto parte de una evaluación del esquema actual de funcionamiento de las Comunas porteñas.
Según el texto, ninguna de las quince Comunas cuenta hoy con jurisdicción presupuestaria propia ni administra patrimonio de manera independiente.
Asimismo, señala que la participación de las Comunas en la elaboración del presupuesto se limita a un rol informativo frente al Poder Ejecutivo.
En ese contexto, Suárez sostiene que actualmente las Comunas funcionan como unidades desconcentradas de la administración central y afirma: «Eso no es descentralización. Es desconcentración con nombre prestado».
Más presupuesto para las Comunas
Entre las principales modificaciones propuestas, la iniciativa establece que el conjunto de las 15 Comunas deberá recibir un presupuesto equivalente, como mínimo, al 3% del Presupuesto General de la Ciudad.
Además, plantea un nuevo sistema para distribuir esos recursos, basado en tres variables: la cantidad de habitantes, el nivel de vulnerabilidad social y la superficie territorial de cada Comuna.
Para el legislador, una mayor asignación de fondos resulta indispensable para que las Comunas puedan ejercer plenamente las competencias previstas por la Constitución porteña.
«La descentralización sin recursos es una declaración vacía», sostiene el proyecto.
Participación en obras públicas
Otro de los ejes de la propuesta apunta a reforzar la participación de las Juntas Comunales en las decisiones relacionadas con obras públicas y servicios que tengan impacto en los barrios.
En ese sentido, el proyecto incorpora la obligación de emitir un dictamen comunal previo para proyectos, licitaciones y planes de alcance local.
También establece que el Gobierno de la Ciudad deberá informar a cada Comuna sobre las obras o decisiones administrativas que afecten su territorio con una anticipación mínima de 60 días.
Según la iniciativa, «las decisiones que impactan el territorio comunal no pueden tomarse sin la voz formal de quienes lo gobiernan».
Equipos técnicos y fortalecimiento institucional
La propuesta también contempla la creación de equipos técnicos permanentes en cada Comuna.
Estos equipos estarían integrados por profesionales especializados en arquitectura, ingeniería, derecho, administración y finanzas públicas, con el objetivo de brindar apoyo a la gestión local.
El texto sostiene que una adecuada planificación y administración presupuestaria requiere contar con capacidad técnica suficiente para desarrollar esas funciones.
«La planificación y gestión presupuestaria sin capacidad técnica para ejercerla es una atribución ilusoria», indica el proyecto, que además prevé programas permanentes de capacitación y nuevas herramientas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Una reforma orientada a profundizar la descentralización
En los fundamentos de la iniciativa, Suárez sostiene que la propuesta busca cumplir con el mandato constitucional de fortalecer el gobierno de cercanía y mejorar la representación de los vecinos en cada barrio.
«Las Comunas fueron concebidas como el nivel de gobierno más cercano al vecino. Veinte años después de la Ley 1.777, esa promesa sigue incumplida», señala el texto.
Como síntesis, el legislador afirma que la reforma plantea tres ejes principales: otorgar una gestión presupuestaria real basada en criterios objetivos de distribución, incorporar capacidad técnica permanente y establecer una división más clara entre las funciones ejecutivas y deliberativas de las Juntas Comunales.
«No es una reforma ambiciosa. Es una reforma necesaria», concluye la iniciativa.
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