20 noviembre, 2026

El Senado dio media sanción a la reforma de Salud Mental tras los cambios que negoció Bullrich con la oposición dialoguista

La iniciativa del Gobierno obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos. Para reunir el respaldo necesario, Patricia Bullrich aceptó modificaciones sobre el financiamiento nacional a las provincias y la participación de los psicólogos en las decisiones vinculadas con las internaciones.

La reforma de la Ley de Salud Mental consiguió media sanción en el Senado durante la madrugada de este viernes, con 42 votos a favor y 21 en contra. La aprobación fue posible luego de una negociación encabezada por Patricia Bullrich con los bloques aliados, que incluyó cambios de último momento en el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Los principales puntos de discusión estuvieron relacionados con el financiamiento de los servicios provinciales y el papel de los psicólogos en las evaluaciones y decisiones sobre las internaciones. Ambos temas generaron diferencias entre el oficialismo y los sectores dialoguistas, que reclamaban garantías antes de acompañar la iniciativa.

La propuesta había llegado al recinto con cuestiones todavía pendientes de resolución. Aunque La Libertad Avanza contaba con el respaldo del PRO, la UCR y otros espacios aliados, varios senadores condicionaban su voto a la incorporación de compromisos presupuestarios y modificaciones en la conformación de los equipos profesionales.

El texto ya había recibido cambios durante su tratamiento en comisiones, pero Bullrich debió aceptar nuevas modificaciones para asegurar la aprobación y el envío del proyecto a la Cámara de Diputados.

La negociación también dejó expuesta una de las dificultades que enfrenta el Gobierno: avanzar con cambios en el sistema de atención de la salud mental sin trasladar nuevas obligaciones a las provincias sin los recursos necesarios para cumplirlas.

El financiamiento provincial, uno de los principales puntos de negociación

La distribución de los recursos fue uno de los temas que más complicó las conversaciones. Los representantes de distintas provincias reclamaban que la reforma estableciera obligaciones concretas para el Estado nacional, ante la posibilidad de que los nuevos dispositivos de atención y las mayores exigencias profesionales quedaran a cargo de los gobiernos locales.

Frente a esos planteos, Bullrich aceptó reforzar el compromiso de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La nueva redacción contempla la posibilidad de establecer convenios bilaterales para definir los aportes necesarios para implementar las modificaciones.

Los recursos deberán coordinarse dentro del ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) y estarán destinados, entre otros objetivos, al fortalecimiento de los equipos de trabajo, los dispositivos comunitarios y el desarrollo de la telemedicina.

Las objeciones sobre este punto ya habían aparecido durante el debate en comisiones. Varios legisladores habían firmado el dictamen de mayoría con disidencias porque consideraban que las garantías presupuestarias previstas inicialmente no eran suficientes.

Por su parte, el bloque Convicción Federal había presentado un dictamen de minoría. La senadora jujeña Carolina Moisés cuestionó la posibilidad de ampliar las internaciones sin garantizar previamente la infraestructura y la disponibilidad de profesionales para atender a los pacientes.

“Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios. Manteniendo en su propuesta, como en la de los libertarios, la internación involuntaria”, sostuvo en declaraciones.

La legisladora también puso el foco en las condiciones materiales necesarias para aplicar la reforma y planteó dudas sobre la capacidad de respuesta del sistema si los establecimientos y los equipos profesionales continúan funcionando con limitaciones presupuestarias.

“Coincidimos en la necesidad de la internación obligatoria, sin embargo, si no están los espacios físicos ¿dónde van a internar a los enfermos? ¿Si no se establece el financiamiento adecuado, quienes van a atender a los pacientes en casos tan vulnerables?”, cuestionó.

Para responder a esos reclamos, el oficialismo aceptó una formulación más precisa sobre las responsabilidades nacionales y la posibilidad de acordar aportes con cada jurisdicción.

De todas maneras, la aplicación concreta de esos compromisos dependerá de los convenios que se celebren y de los recursos presupuestarios disponibles. Este aspecto continuará en discusión durante el tratamiento del proyecto en Diputados.

Qué cambios se incorporaron sobre la participación de los psicólogos

La otra modificación relevante estuvo vinculada con la integración de los equipos profesionales que intervienen en las evaluaciones de internaciones y altas médicas.

La propuesta original del Poder Ejecutivo otorgaba un lugar central a los psiquiatras. Ese planteo recibió cuestionamientos de facultades de Psicología y representantes provinciales, que reclamaban preservar la participación de equipos interdisciplinarios.

Tras las negociaciones, el oficialismo aceptó modificar los requisitos para autorizar internaciones. El texto consensuado establece que la evaluación deberá contar con un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un segundo profesional que deberá ser psicólogo.

También se reconoció la intervención de estos especialistas en las evaluaciones y en las decisiones relacionadas con el alta de los pacientes.

El tema había formado parte de las conversaciones entre la Nación y las provincias en el COFESA, donde distintos representantes planteaban la necesidad de otorgar una participación más equilibrada a ambas profesiones.

Durante el cierre del debate, Bullrich se refirió a las diferencias entre los sectores profesionales y rechazó que la discusión se planteara como una confrontación entre psicólogos y psiquiatras.

“Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, sostuvo la jefa del bloque libertario.

Internaciones involuntarias, teleconsultas y consumos problemáticos

La reforma también amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros.

En los casos excepcionales en los que un solo médico indique una internación por riesgo grave, el plazo para que la decisión sea revalidada mediante una evaluación interdisciplinaria pasará de 24 a 48 horas.

Además, el proyecto habilita las teleconsultas en lugares donde no haya especialistas disponibles e incorpora modificaciones en el abordaje de los consumos problemáticos. Entre ellas, contempla otras adicciones, como la ludopatía.

Pese a los cambios introducidos, la iniciativa mantiene dos principios de la legislación vigente: la prohibición de crear manicomios y el carácter excepcional de las internaciones.

Durante el debate, el senador libertario Pablo Cervi defendió la propuesta y sostuvo que permitirá intervenir con mayor rapidez ante situaciones críticas.

“Esta reforma busca saldar una deuda histórica con las personas que atraviesan problemas de salud mental y sus familias, permitiendo intervenir a tiempo y, cuando sea necesario, facilitar internaciones que eviten situaciones de riesgo para los propios pacientes y para terceros”, afirmó.

El proyecto continuará su tratamiento en Diputados

La votación terminó con un resultado favorable para el Gobierno, aunque las negociaciones dejaron en evidencia la importancia del acompañamiento de los bloques dialoguistas para alcanzar los consensos necesarios.

Bullrich logró reunir los votos para que la reforma obtuviera media sanción, pero aceptó modificaciones en dos cuestiones centrales: las obligaciones financieras de la Nación con las provincias y la participación de los psicólogos en las decisiones clínicas.

Ahora, la iniciativa será tratada en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá reunir una nueva mayoría para avanzar con su aprobación definitiva y convertirla en ley.