El Gobierno nacional apunta a llevar al recinto durante octubre la reforma de la Ley de Salud Mental y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Mientras tanto, la reforma política continuará en pausa hasta que el oficialismo alcance un acuerdo con gobernadores y bloques aliados.
El Gobierno nacional busca reactivar la actividad del Senado durante octubre con dos proyectos que, según la evaluación oficial, tienen mayores posibilidades de avanzar: la reforma de la Ley de Salud Mental y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
Mientras intenta ordenar esa agenda, la Casa Rosada decidió mantener frenado por el momento el tratamiento de la reforma política. En el oficialismo consideran que buena parte de los proyectos pendientes en la Cámara alta continúa trabada y descartan convocar nuevamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales hasta alcanzar un entendimiento que permita reunir los votos necesarios.
La negociación quedó principalmente en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene conversaciones con gobernadores y bloques aliados.
El objetivo del Gobierno continúa siendo aprobar la reforma política antes de que termine el año, pero el cronograma legislativo de octubre ya no depende de ese proyecto. En cambio, la estrategia oficial apunta a avanzar primero con Salud Mental y el PCT, mientras continúan las conversaciones sobre las PASO, la Boleta Única y otros cambios electorales.
El tratado de patentes, el proyecto más avanzado
De los dos expedientes que el Gobierno busca impulsar durante octubre, el que cuenta con un recorrido parlamentario más avanzado es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
La Cámara de Diputados aprobó en agosto la incorporación de la Argentina al PCT por 147 votos contra 93. Sin embargo, durante ese tratamiento se incorporó una reserva sobre el Capítulo II del tratado. Debido a esa modificación, el proyecto debe regresar al Senado para completar su sanción.
El PCT establece un mecanismo mediante el cual una persona o empresa puede presentar una solicitud internacional de patente y continuar posteriormente el trámite en los países que seleccione. El tratado no reemplaza las decisiones de las oficinas nacionales respecto de la concesión de los derechos.
La Argentina firmó el acuerdo en 1970, aunque nunca completó el proceso interno necesario para ratificarlo.
La modificación introducida en Diputados excluye el Capítulo II, que contempla el examen preliminar internacional. Se trata de una herramienta optativa que permite obtener una evaluación adicional sobre aspectos como la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de una invención.
La reserva fue reclamada durante las negociaciones por sectores de la industria farmacéutica nacional.
Para el Gobierno, completar la adhesión al PCT es una prioridad porque también forma parte de los compromisos asumidos con Estados Unidos en materia de propiedad intelectual.
El Ejecutivo prepara además el envío de otros seis tratados internacionales vinculados con patentes, marcas, diseños industriales, microorganismos y señales satelitales.
Qué cambios contempla la reforma de Salud Mental
El segundo proyecto que el oficialismo pretende llevar al recinto durante octubre es la reforma de la Ley de Salud Mental.
La iniciativa fue enviada al Senado durante el primer semestre y atravesó una extensa etapa de audiencias y negociaciones. El tratamiento estuvo marcado por diferencias entre especialistas, provincias y bloques legislativos, especialmente en torno al régimen de internaciones.
La versión que viene trabajando el oficialismo propone modificar las condiciones para las internaciones involuntarias, incorporar precisiones para situaciones de riesgo y reforzar la intervención de profesionales y de la Justicia.
El proyecto también contempla disposiciones relacionadas con la duración de las internaciones, los planes de egreso, el tratamiento de las adicciones, las teleconsultas y las directivas anticipadas.
Entre las modificaciones analizadas aparece la exigencia de que una internación involuntaria sea respaldada por la evaluación de dos profesionales, de los cuales al menos uno deberá ser médico.
La propuesta también contempla que, cuando no exista disponibilidad inmediata, la intervención psiquiátrica pueda completarse excepcionalmente dentro de un plazo posterior.
A su vez, el texto busca establecer controles periódicos y evitar que las internaciones se prolonguen de manera crónica sin una revisión de la situación.
El proyecto mantiene la orientación de reemplazar los establecimientos monovalentes por una red de atención integrada, aunque incorpora mayores herramientas para intervenir frente a casos considerados complejos.
La redacción fue revisada durante los últimos meses y todavía resta terminar de reunir en el Senado los apoyos necesarios para que la iniciativa pueda llegar al recinto.
Qué proyectos quedan fuera de la agenda inmediata
La decisión de priorizar Salud Mental y el tratado de patentes deja nuevamente en espera a otros proyectos que el Poder Ejecutivo había incluido entre sus prioridades para la Cámara alta.
Entre ellos se encuentran el Super-RIGI, la reforma de la Ley de Sociedades, Hojarasca y los cambios en Etiquetado Frontal, que continúan trabados y por ahora no tienen una fecha definida de votación.
El Super-RIGI mantiene diferencias en torno a las condiciones previstas para las grandes inversiones y el tratamiento de los proveedores locales.
En el caso de la reforma de la Ley de Sociedades, durante el tratamiento en el Senado también fueron planteadas modificaciones, especialmente en relación con las responsabilidades de las personas humanas detrás de sociedades automatizadas y estructuras basadas en contratos inteligentes.
Frente a este escenario, la Casa Rosada comenzó una etapa de definición para establecer qué iniciativas intentará convertir en ley antes de diciembre y cuáles quedarán postergadas.
Presupuesto 2027 y reforma política, las prioridades de cierre
Más allá de los proyectos que puedan avanzar durante octubre, las prioridades del Gobierno para el cierre del año continúan concentradas en el Presupuesto 2027 y la reforma política.
En el Ejecutivo proyectan que la Cámara de Diputados vote el Presupuesto recién durante noviembre, una situación que comprimirá los tiempos disponibles para su tratamiento posterior en el Senado durante el tramo final del período ordinario.
El escenario que plantea la Casa Rosada es terminar diciembre con el Presupuesto 2027 y la reforma política aprobados, además de sumar aquellos proyectos que puedan destrabarse durante octubre.
Hasta entonces, Santilli continuará las negociaciones con los gobernadores para conseguir los votos necesarios para avanzar con las modificaciones electorales.
El oficialismo, por su parte, evitará volver a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales mientras no exista un acuerdo previo que permita garantizar avances en el proyecto.
Una vez definido ese esquema, la intención del Gobierno es avanzar distrito por distrito en la construcción de acuerdos políticos y electorales de cara a 2027.

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