20 noviembre, 2026

El Gobierno busca preservar el vínculo con Chile por el buque que viajará a Malvinas y pone el foco en Londres

La Casa Rosada descarta una crisis diplomática con la administración de José Antonio Kast, pese a las diferencias entre las Cancillerías por el carguero Danstar. En el Ejecutivo sospechan que el Reino Unido podría intentar enfrentar a ambos países y aseguran que la embarcación no abastecerá al proyecto petrolero Sea Lion. El primer viaje hacia las islas está previsto para diciembre.

El Gobierno argentino busca evitar que las diferencias por la navegación del carguero Danstar deriven en un conflicto diplomático con Chile. En la Casa Rosada sostienen que la relación con la administración de José Antonio Kast continúa en buenos términos, a pesar de los cruces públicos entre los cancilleres Pablo Quirno y Francisco Pérez Mackenna por las condiciones que deberá cumplir el buque para conectar comercialmente Punta Arenas con las Islas Malvinas.

La estrategia del Ejecutivo apunta a preservar el vínculo bilateral mientras sigue de cerca los preparativos de la embarcación, cuyo primer viaje hacia el archipiélago está programado para diciembre.

En Balcarce 50 también circula una interpretación sobre el papel que podría desempeñar el Reino Unido en esta situación. Distintos sectores del Gobierno sospechan que Londres tendría interés en provocar un enfrentamiento entre la Argentina y Chile antes de que se concrete la primera navegación. Según esa lectura, una disputa bilateral permitiría correr el eje de la discusión sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur y trasladarlo hacia una controversia entre dos países que mantienen una relación estratégica.

Desde el Ejecutivo aseguran que el diálogo entre las dos Cancillerías sigue siendo fluido y permanente, aunque evitan brindar detalles sobre eventuales conversaciones específicas relacionadas con el recorrido del Danstar. Tampoco descartan que Quirno y Pérez Mackenna hayan mantenido contactos recientes por el tema.

La posición oficial es que ambos países disponen de herramientas normativas para abordar situaciones de estas características y que las diferencias expresadas públicamente no constituyen, por ahora, una confrontación diplomática.

La carga del Danstar y el vínculo con el proyecto petrolero Sea Lion

Uno de los argumentos centrales que utiliza la Casa Rosada para sostener su postura está relacionado con el contenido de la carga que transportará el buque. En el Gobierno afirman que la información disponible indica que el Danstar no llevará suministros destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Esa evaluación coincide con la posición de la empresa chilena Easter Island, que negó tener participación en el abastecimiento de la explotación hidrocarburífera. De todos modos, hasta el momento no se difundió una comprobación oficial independiente sobre el destino final de la totalidad de las mercaderías.

El carguero arribó este lunes a Punta Arenas, luego de partir desde Valparaíso el 29 de octubre y completar su recorrido por los canales australes. Antes de iniciar las operaciones comerciales, ingresó a las instalaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada chilena para realizar trabajos técnicos.

De acuerdo con el cronograma informado, el primer trayecto hacia las Malvinas está previsto para el 17 de diciembre. La operación permitirá recuperar una conexión marítima directa que dejó de funcionar en 2011 y que estará destinada al transporte de alimentos, materiales de construcción y otros productos de consumo para las islas.

El seguimiento del buque había generado preocupación en ámbitos militares argentinos. La semana pasada, antes de confirmarse su llegada a Punta Arenas, fuentes vinculadas con el monitoreo marítimo advirtieron que la embarcación había desaparecido temporalmente de los sistemas públicos de localización. Esa situación alimentó especulaciones sobre una posible salida anticipada y una comunicación del viaje con escaso margen de tiempo.

Sin embargo, la confirmación posterior de su arribo y del calendario previsto para diciembre modificó ese escenario.

Las diferencias entre las Cancillerías por las condiciones de navegación

Los desacuerdos entre los dos gobiernos comenzaron a tener mayor exposición pública después de las declaraciones de Pablo Quirno sobre los requisitos que deben cumplir las embarcaciones que se dirigen hacia las Malvinas.

El canciller argentino sostuvo que los buques deben ajustarse a las condiciones establecidas por la legislación nacional cuando atraviesan aguas jurisdiccionales del país.

La respuesta de Francisco Pérez Mackenna fue que Chile reconoce el derecho de libre navegación contemplado en las normas internacionales y que no corresponde solicitar una autorización para una operación comercial privada.

De esta manera, la diferencia está centrada en las obligaciones que debería cumplir el carguero para realizar el recorrido. Hasta el momento, ninguno de los dos Estados anunció medidas diplomáticas contra el otro.

La Argentina cuenta con una normativa específica para este tipo de desplazamientos. El decreto 256/2010 establece que los buques que se dirigen hacia las Islas Malvinas atravesando aguas jurisdiccionales argentinas deben gestionar una autorización previa.

A su vez, la decisión administrativa 930/2017 otorga a la Dirección Nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur la facultad de aprobar o rechazar esas solicitudes, mientras que la Prefectura Naval Argentina interviene en la tramitación y el control operacional.

Pese a ese marco regulatorio, el Gobierno evita confirmar si la empresa responsable del Danstar presentó el pedido correspondiente o si existieron comunicaciones formales sobre el procedimiento que debería seguir la embarcación.

Las posibles sanciones y el debate sobre el paso no inocente

En los ámbitos que participan del seguimiento marítimo señalan que el Danstar todavía no registra antecedentes de navegación bajo jurisdicción argentina y que, hasta ahora, su actividad conocida estuvo concentrada en la conexión con la isla de Pascua.

Por ese motivo, consideran que la ausencia de registros en el Sistema Guardacostas no debe interpretarse como una irregularidad. El buque todavía no realizó el trayecto hacia las Malvinas, que constituirá su primera operación comercial en esa ruta.

La eventual infracción recaería principalmente sobre la compañía responsable de operar el carguero. En sectores militares advierten que la falta de autorización podría habilitar sanciones contra la armadora y, eventualmente, contra el capitán, siempre que se verifiquen las condiciones previstas por la legislación.

La interpretación que predomina en esos ámbitos es que se trata de una operación comercial privada y que un eventual incumplimiento de las normas argentinas no debería transformarse automáticamente en una controversia diplomática con Chile.

Sin embargo, algunos sectores militares consideran que el Ejecutivo debería evaluar la aplicación del régimen de paso no inocente previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Según esa postura, el mecanismo permitiría adoptar una posición más firme ante una eventual navegación sin autorización.

De todos modos, reconocen que no observan una decisión política de avanzar en esa dirección. Además, la aplicación de ese régimen exigiría demostrar circunstancias concretas que justifiquen una restricción al paso, por lo que no se deriva automáticamente del destino de la embarcación.

La preocupación argentina por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur

Más allá de las condiciones de navegación, el principal interés del Gobierno está puesto en evitar que una conexión comercial termine facilitando actividades hidrocarburíferas que no cuentan con autorización argentina.

En septiembre, el Ejecutivo publicó el decreto 868/2026, mediante el cual reforzó los mecanismos de control y sanción vinculados con la explotación de recursos en los espacios marítimos reclamados por el país.

La normativa también incorporó requisitos para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) cuando existen vínculos con actividades alcanzadas por las restricciones argentinas.

En ese contexto, el Gobierno distingue entre el abastecimiento comercial habitual de las islas y cualquier participación directa o indirecta en proyectos petroleros desarrollados sin autorización nacional.

La controversia en torno a Sea Lion también tiene una instancia judicial en marcha. El 13 de octubre, la Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales contra el Reino Unido.

El objetivo es impedir el inicio o la continuidad de determinadas actividades de explotación de hidrocarburos mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá intervenir en la disputa de fondo.

Después de las audiencias realizadas el 10 y el 11 de noviembre, los jueces establecieron tentativamente el 28 de noviembre como fecha para comunicar su resolución.

El respaldo de Kast a la posición argentina sobre Malvinas

La cautela de la Casa Rosada también responde a los compromisos políticos asumidos por Javier Milei y José Antonio Kast. En un comunicado conjunto difundido el 3 de septiembre, la administración chilena reiteró su respaldo a los derechos argentinos de soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos que las rodean.

Además, Santiago ratificó la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa.

En el Gobierno nacional buscan conservar ese respaldo diplomático y evitar que la operación de una empresa privada afecte el entendimiento entre ambas administraciones.

Por ahora, el Ejecutivo mantiene una estrategia de prudencia y descarta que exista un conflicto diplomático con Chile. Mientras tanto, continuará monitoreando el recorrido del Danstar, la información sobre su carga y la resolución que pueda adoptar el Tribunal del Derecho del Mar antes de fin de mes.

En el oficialismo consideran que una confrontación anticipada con Santiago desviaría la atención del eje central de la disputa: los derechos soberanos argentinos sobre las Malvinas y las actividades que desarrolla el Reino Unido en el Atlántico Sur.