Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor tratarán este martes distintas iniciativas para prevenir y atender el sobreendeudamiento. El oficialismo buscará avanzar con su dictamen, mientras la oposición propone una emergencia financiera, límites a las tasas y mecanismos de refinanciación.
La Cámara de Diputados comenzará este martes a discutir distintos proyectos destinados a abordar el endeudamiento de las familias. La Libertad Avanza buscará obtener el dictamen de mayoría con una iniciativa que propone incorporar mecanismos para prevenir el sobreendeudamiento, entre ellos un sistema de doble autenticación previo a la contratación de determinados créditos y herramientas de educación financiera.
El plenario conjunto de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor está convocado para este martes a las 14. La reunión estará encabezada por los diputados Santiago Pauli, de La Libertad Avanza, y Hugo Yasky, de Unión por la Patria.
De acuerdo con el emplazamiento aprobado previamente por la Cámara baja, durante la jornada deberán firmarse los dictámenes correspondientes a los distintos proyectos que se encuentran en tratamiento.
La propuesta del oficialismo también incorporó una iniciativa presentada desde el radicalismo, mientras que distintas bancadas opositoras avanzaron en algunos puntos de consenso para establecer medidas específicas frente al sobreendeudamiento de los hogares.
Las propuestas que reúnen coincidencias en la oposición
Las bancadas de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda alcanzaron coincidencias en torno a una serie de medidas, entre ellas la declaración de una Emergencia Financiera y Crediticia por 180 días.
El proyecto contempla la posibilidad de extender ese período por otros 180 días en caso de que resulte necesario.
Entre las medidas previstas durante la emergencia se encuentran límites para las tasas de interés nominales aplicadas por las empresas de tarjetas de crédito y las billeteras virtuales. También se establecerían topes para determinados gastos y comisiones y mecanismos de refinanciación de las deudas por períodos de hasta 36 meses, de acuerdo con los montos involucrados.
La iniciativa propone además eliminar la totalidad de los intereses punitorios, aunque mantendría el capital adeudado y los intereses compensatorios.
Otro de los puntos planteados está relacionado con las diferencias entre las tasas que cobran las billeteras virtuales según el scoring de cada usuario. En este aspecto, se otorgaría competencia a Defensa del Consumidor para solicitar la apertura de los algoritmos utilizados, con el objetivo de transparentar los criterios empleados.
El proyecto para declarar la Emergencia Financiera y Crediticia fue presentado por la diputada peronista Jimena López junto con Nancy Sand, Eduardo Valdés, Andrea Freites y Juan Pablo Luque, entre otros legisladores.
El texto define como “sobreendeudamiento por subsistencia familiar” a la situación generada por deudas contraídas exclusivamente para cubrir necesidades básicas del grupo familiar.
Dentro de esa definición se incluyen los pasivos vinculados con alimentación, salud, educación, servicios públicos esenciales como gas, electricidad e internet, provisión de gas envasado mediante garrafas, transporte, vestimenta y artículos de limpieza, siempre que se encuentren en mora durante más de 60 días.
Por su parte, el diputado radical de Provincias Unidas Pablo Juliano propuso establecer un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito.
La iniciativa plantea promover un acceso responsable al financiamiento, mejorar la transparencia de las condiciones bajo las cuales se contratan los créditos y reforzar la responsabilidad de las entidades financieras al momento de otorgar préstamos.
Qué propone La Libertad Avanza
La Libertad Avanza buscará, al igual que ocurrió en otros plenarios recientes, conseguir el dictamen de mayoría.
El resultado de esta instancia tendrá relevancia para el tratamiento posterior en el recinto, ya que el dictamen de mayoría será el primero que se pondrá en consideración durante el debate legislativo.
La iniciativa oficialista está coordinada por la diputada Silvana Giudici y tiene como uno de sus principales objetivos mejorar la información disponible para los consumidores sobre los costos financieros, impositivos y las tasas de interés de los créditos.
Uno de los ejes centrales es el Costo Financiero Total (CFT), indicador que permite determinar cuánto termina pagando una persona por un préstamo al incorporar, además de los intereses, conceptos como comisiones, seguros y otros cargos.
El proyecto busca establecer mecanismos para que esa información sea presentada de forma más clara antes de que una persona contrate un crédito. La intención planteada es que los consumidores puedan conocer el costo final de la operación y comparar diferentes alternativas disponibles.
La propuesta también involucra al Banco Central, las entidades bancarias y las empresas fintech, tanto en los mecanismos vinculados con la refinanciación como en la manera en que se informa el CFT a los usuarios.
Entre sus herramientas se incluyen propuestas de educación financiera digital, mecanismos de autocontrol y alternativas más flexibles para administrar las carteras de los deudores.
Educación financiera en las escuelas
Dentro de las iniciativas incorporadas al debate también aparece una propuesta vinculada con la educación financiera.
El radicalismo de Pamela Verasay sumó un proyecto presentado por el correntino Diógenes González para modificar la Ley de Educación e incorporar contenidos relacionados con educación financiera en las escuelas secundarias.
El objetivo establecido en la iniciativa es que los estudiantes incorporen conocimientos sobre administración del dinero, ahorro, crédito, endeudamiento y funcionamiento del sistema financiero.
De esta manera, la propuesta busca incorporar herramientas relacionadas con las finanzas personales dentro de la formación de los estudiantes.
Otras alternativas para refinanciar las deudas
También fueron presentadas otras alternativas desde distintos espacios políticos.
El MID, representado por Eduardo Falcone y que no integra las comisiones que participan del plenario, planteó una solución focalizada basada en la denominada teoría del esfuerzo compartido.
La propuesta contempla una reducción de distintos componentes del costo de los créditos. Falcone planteó que el Estado nacional reduzca o elimine el IVA aplicado a los intereses de los créditos y que las provincias hagan lo mismo con los impuestos a los Ingresos Brutos sobre ese concepto.
El diputado señaló que en algunos casos estos impuestos llegan al 9% de los intereses. Su planteo también incluye que los bancos reduzcan los intereses aplicados a los créditos de individuos y familias que se encuentran en situación de mora, mientras que los deudores deberían afrontar el capital de sus obligaciones bajo las nuevas condiciones.
Falcone también señaló que su colega cordobesa Alejandra Torres, de Provincias Unidas, quien trabaja en un dictamen propio, le informó que la Fundación Mediterránea cuenta con estudios relacionados con esta problemática.
La propuesta de Torres contempla la creación de una línea de préstamos destinada a personas que se encuentren en situación 2 o 3 dentro de la Central de Deudores del Banco Central.
El mecanismo permitiría refinanciar las obligaciones mediante nuevos créditos con plazos más extensos y un menor costo financiero.
Los préstamos serían otorgados por bancos que se incorporen voluntariamente al programa y contarían con beneficios impositivos destinados a disminuir el costo financiero. Además, se prevé que tengan fondeo proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
Según la iniciativa, el Estado no asumiría las deudas privadas de los usuarios.
Los nuevos créditos se ajustarían mediante UVA, tendrían una tasa máxima del 7,5% anual y contarían con un plazo de cinco años para su cancelación.
Cuándo podrían llegar los proyectos al recinto
Una vez que las comisiones firmen los distintos dictámenes, los proyectos quedarán en condiciones de continuar su recorrido legislativo.
La previsión es que puedan ser tratados en el recinto durante una próxima sesión, prevista para el miércoles 7 de octubre.
El debate de este martes permitirá así definir las posiciones de las distintas bancadas sobre las herramientas para prevenir el sobreendeudamiento, refinanciar obligaciones y modificar las condiciones de acceso al crédito para las familias.
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