Carrió rechazó la reforma de la Ley de Tierras y advirtió por la eliminación de límites a la propiedad extranjera

La referente de la Coalición Cívica-Ari y dirigentes de su espacio alertaron que el proyecto impulsado por el Gobierno elimina el límite nacional para la titularidad extranjera de tierras rurales y deja sin protección las zonas fronterizas.

La ex diputada Elisa Carrió cuestionó la iniciativa del Gobierno nacional que propone modificar la Ley de Tierras y sostuvo que la reforma implicaría “una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial”. El planteo fue realizado a través de un documento elaborado por la asociación que conduce, ante la posibilidad de que el proyecto avance en el Senado.

La propuesta oficial busca eliminar las restricciones que establece la normativa vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El debate se encuentra vinculado al proyecto denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que podría ser analizado por la Cámara alta si obtiene aprobación en el Congreso.

El Gobierno sostiene que sean las provincias las encargadas de establecer los límites correspondientes, lo que abrió la discusión sobre la eliminación de la restricción nacional del 15% fijada por la Ley 26.737. Esa norma fue creada como un régimen de orden público destinado a limitar la extranjerización de tierras rurales.

Carrió difundió sus cuestionamientos mediante un documento publicado por la Asociación Civil Voces por la Justicia, la Cultura y la Paz. La entidad advirtió que la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional permitiría que estados extranjeros accedan a territorio argentino a través de decisiones discrecionales del poder político. El texto cuenta con la firma de otras 75 personas, entre ellas dirigentes de la Coalición Cívica-Ari (CC-Ari), ex diputados nacionales y ex legisladores porteños.

En el documento titulado “La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico”, el espacio liderado por Carrió señaló que la modificación planteada desplaza el eje del régimen actual y afirmó que busca “quitar todo límite objetivo a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras”.

Según el planteo realizado por la ex diputada y su espacio político, quienes busquen adquirir tierras dejarían de estar alcanzados por las principales restricciones establecidas actualmente por la legislación. Entre ellas se encuentran el límite general del 15% de titularidad extranjera sobre tierras rurales, el máximo del 30% para una misma nacionalidad y el tope individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente.

El documento también cuestionó la eliminación de las restricciones vinculadas a inmuebles ubicados en zonas de frontera y la derogación del artículo 4° del Decreto-Ley 15.385/44, que establecía condiciones para la compra de tierras en áreas de seguridad fronteriza por parte de personas argentinas nativas.

“Una vez otorgadas esas autorizaciones, desaparecen las limitaciones objetivas previstas por la normativa vigente. De este modo, la excepción política queda sin topes, sin criterios materiales, sin restricciones territoriales y sin resguardos suficientes”, señaló el documento difundido por el sector de Carrió.

El posicionamiento de la Asociación Civil Voces por la Justicia, la Cultura y la Paz sostiene que la reforma podría vulnerar el artículo 29 de la Constitución Nacional, que impide la concesión de facultades extraordinarias por las cuales “la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna”.

Además, el texto afirma que quienes acompañen la modificación estarían aprobando “la entrega de una herramienta de disposición territorial sin límites sustantivos” en favor de gobernadores y del Poder Ejecutivo Nacional frente a estados extranjeros.

En otro tramo del documento, Carrió pidió considerar los vínculos políticos del Gobierno nacional con empresarios tecnológicos que, según señaló, impulsan o financiaron proyectos vinculados a una salida respecto del Estado. En ese sentido, mencionó la relación entre el Ejecutivo y el empresario tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir, a quien el documento atribuye la intención de crear espacios de autonomía radical frente a la política democrática.

Frente a ese escenario, los autores del documento plantearon la necesidad de mantener una regulación sobre la tierra que diferencie entre apertura económica y cesión de jurisdicción. “La Argentina puede abrirse al mundo sin ponerse en remate; recibir inversiones sin entregar jurisdicción; incorporar tecnología sin renunciar a la ética”, expresaron.

Asimismo, señalaron que un país que pierde capacidad de decisión sobre su territorio aumenta su vulnerabilidad política, institucional y estratégica. En esa línea, remarcaron que la tierra rural “puede ser un activo económico, pero también es soporte de jurisdicción, seguridad, infraestructura y presencia estatal”.

El documento sostuvo que cualquier modificación de la Ley de Tierras debe buscar un equilibrio entre la promoción de inversiones y la protección de bienes estratégicos, garantizando que la apertura económica no reduzca la capacidad del Estado para preservar el ambiente.

El escrito, de unas 13 páginas, repasó distintos aspectos del atractivo económico del país y mencionó territorios como la frontera norte, la cordillera, la Patagonia, los cursos de agua, las reservas de litio, la energía, la producción de alimentos y la proyección antártica. Según el planteo, estos elementos exceden la dimensión inmobiliaria o productiva y requieren una mirada más amplia sobre la cuestión territorial.

Finalmente, el documento concluyó que la reforma configura “una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial de la Nación” y sostuvo que, según el artículo 29 de la Constitución, esa situación tendría nulidad insanable y responsabilidad para quienes la impulsen, acepten o firmen. El Senado tiene previsto abordar la iniciativa en los próximos días.