Tras la derogación de la Ley de Alquileres, la oferta de inmuebles en la Ciudad llegó a cerca de 19.000 unidades y los inquilinos recuperaron margen para negociar. Sin embargo, los gastos iniciales y los valores mensuales siguen siendo una barrera para numerosos hogares.
La oferta de viviendas en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires creció luego de la derogación de la Ley de Alquileres de 2020, cuyos últimos contratos firmados bajo esa normativa vencieron en estos días. La medida fue eliminada por el presidente Javier Milei a fines de 2023, mediante el DNU 70/2023, que modificó las reglas del mercado y habilitó la negociación libre de las condiciones de los nuevos acuerdos.
Casi tres años después, CABA registra una oferta cercana a las 19.000 propiedades entre departamentos, casas y PH. Sin embargo, la mayor disponibilidad no alcanza para resolver las dificultades de acceso a la vivienda.
La derogación de la normativa buscó revertir la caída de la oferta que habían provocado los contratos de tres años y las actualizaciones anuales en un contexto de elevada inflación. Desde entonces, el escenario cambió: hay más departamentos publicados, mayor libertad para establecer las condiciones contractuales y más posibilidades para que los inquilinos comparen alternativas antes de decidir.
No obstante, alquilar continúa siendo costoso. Firmar un nuevo contrato por $700.000 mensuales puede exigir un desembolso inicial aproximado de $3.500.000. Así, el problema no se limita a encontrar una propiedad disponible, sino también a reunir el dinero necesario para ingresar y sostener los pagos durante todo el contrato.
La mayor cantidad de unidades publicadas también modificó el poder de negociación. Los propietarios, que antes podían elegir entre numerosos interesados, ahora deben competir con otras propiedades y, en algunos casos, revisar sus pretensiones o aceptar valores inferiores a los que cobraban anteriormente. Los inmuebles publicados por encima de las posibilidades de la demanda pueden permanecer semanas o meses sin alquilarse.
Más propiedades disponibles y una demanda más selectiva
Josefina Pantano, presidenta de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), señaló que para comprender la situación actual es necesario distinguir entre los contratos que ya están vigentes y los nuevos acuerdos que se negocian en el mercado.
Los contratos existentes mantienen las condiciones pactadas, mientras que los nuevos responden a la relación entre la oferta disponible y la capacidad de pago de los interesados.
Según el relevamiento del tercer trimestre de FIRA, realizado sobre más de 85.000 unidades administradas en todo el país, el 62,9% de los contratos de vivienda tiene actualizaciones cada cuatro meses.
Para noviembre, los ajustes previstos por el Índice de Contratos de Locación (ICL) alcanzan el 6,28% para los contratos con actualización trimestral, el 8,67% para los cuatrimestrales y el 15,81% para los semestrales.
La diferencia entre los aumentos previstos en los contratos y los valores de los nuevos alquileres constituye uno de los aspectos centrales del mercado. De acuerdo con Pantano, un alquiler que se actualizó exclusivamente por ICL desde mediados de 2023 puede ubicarse actualmente un 31% por encima del valor real de mercado. Durante ese mismo período, los alquileres de referencia aumentaron un 23,7% en pesos, incluso por debajo de la inflación.
Esta brecha lleva a muchos inquilinos a evaluar alternativas antes de renovar. Si el contrato vigente quedó por encima de los precios solicitados por propiedades similares, existen argumentos para negociar una reducción o buscar otra unidad. Las posibilidades dependen de la ubicación, el estado del departamento y las condiciones que esté dispuesto a ofrecer cada propietario.
La demanda continúa activa, aunque muestra una mayor selectividad. Pantano explicó que las unidades mejor ubicadas, en buen estado, con expensas razonables y precios competitivos desde el inicio suelen alquilarse más rápido. Los departamentos de uno y dos dormitorios, próximos al transporte público y a los servicios, concentran buena parte del interés.
El desembolso inicial sigue siendo una de las principales barreras
La mayor disponibilidad de propiedades no eliminó uno de los obstáculos más importantes para los hogares: el dinero necesario para ingresar a una vivienda.
Entre el primer mes de alquiler, el depósito, la garantía y otros gastos asociados, el inicio de un contrato puede requerir varios millones de pesos.
En la Ciudad de Buenos Aires, ingresar a un departamento de dos ambientes puede demandar entre $3 millones y $3,5 millones, según las condiciones acordadas. El monto representa una barrera incluso para quienes tienen capacidad para afrontar el alquiler mensual, ya que obliga a contar con ahorros, recurrir a ayuda familiar o buscar financiamiento.
Matías Araujo, investigador de la Fundación Tejido Urbano, advirtió que una mayor oferta y la moderación de los precios no se traducen necesariamente en una recuperación equivalente de la capacidad adquisitiva.
Como ejemplo, tomó el caso de un departamento que en septiembre de 2025 se alquilaba por $600.000. Según explicó, un año después ese contrato alcanzaría aproximadamente los $790.000 con el ICL y los $801.000 con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En el mismo período, los salarios aumentaron un 32,66%, frente al 31,69% acumulado por el ICL y al 33,54% del IPC. La Canasta Total de la Ciudad, por su parte, subió un 33,86%.
Aunque los indicadores evolucionaron a ritmos similares, el punto de partida sigue siendo relevante: el poder adquisitivo de los hogares todavía presenta un deterioro cercano al 23% respecto de diciembre de 2016.
Las estimaciones de Tejido Urbano para septiembre de 2026 ubicaron el alquiler de un departamento de 50 metros cuadrados en CABA entre $798.000 y $889.000, según las bandas de referencia. Frente a un salario promedio estimado en $1.887.000, el valor más bajo representa alrededor del 42% del ingreso. A comienzos de año, esa proporción rondaba el 38%.
Por qué los propietarios deben revisar los precios
La competencia entre inmuebles también obliga a modificar las estrategias de publicación. En un mercado con más alternativas, establecer un precio elevado no garantiza obtener una renta mayor. Por el contrario, puede provocar meses sin ingresos, mientras el propietario continúa afrontando expensas y servicios, además del tiempo y los costos que implica volver a buscar un inquilino.
Pantano recomendó comenzar con una tasación profesional basada en propiedades comparables de la misma zona, en lugar de tomar como única referencia los precios publicados en los portales inmobiliarios.
También planteó la importancia de calcular el costo de mantener una propiedad vacía. Un mes sin alquilar equivale a perder el 8,3% del ingreso anual, una proporción que puede superar el efecto de aceptar un descuento moderado durante todo el contrato.
La negociación no se limita al precio inicial. También puede incluir la periodicidad de las actualizaciones, las garantías, el depósito o la fecha del primer aumento. La flexibilidad en estos aspectos puede facilitar el cierre de una operación sin resignar necesariamente toda la renta esperada.
Araujo coincidió en que el mercado está segmentado y que las expectativas deben ajustarse a las características de cada propiedad y a la demanda efectiva. Según sus estimaciones, la rentabilidad bruta del alquiler volvió a ubicarse cerca del 6% anual durante 2026, aunque existen diferencias según la zona.
La rentabilidad final también depende de la ocupación, los gastos asociados al inmueble y la continuidad de los pagos.
La vulnerabilidad económica de los inquilinos
Las dificultades para acceder a una vivienda y mantener el contrato también aparecen en las estimaciones de Tejido Urbano, elaboradas a partir de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) correspondiente al segundo trimestre de 2026.
Según esos datos, el 39,3% de los hogares inquilinos de la Ciudad se encuentra en situación de vulnerabilidad, frente al 18,5% de los hogares propietarios. Si se considera la fragilidad económica, la proporción llega al 52% entre los inquilinos y al 24,96% entre los propietarios.
Este escenario condiciona tanto el ingreso a una vivienda como la continuidad de los contratos. Un hogar puede reunir los requisitos para alquilar, pero después enfrentar dificultades para sostener los pagos si sus ingresos son variables o pierden capacidad de compra.
Por ese motivo, quienes buscan una propiedad o están por renovar necesitan comparar los precios de unidades similares, calcular el costo total del contrato y proyectar los aumentos según el índice y la periodicidad acordados.
Los propietarios, a su vez, deben considerar que una renta sostenible depende de mantener la vivienda ocupada y de que el inquilino pueda cumplir con sus obligaciones.
La oferta récord abrió un margen de negociación que no existía durante los períodos de mayor escasez. Sin embargo, la recuperación del mercado dependerá de que los precios encuentren un punto de equilibrio con los ingresos de los hogares.
“Las personas no siempre viven donde quieren ni en viviendas que se ajustan completamente a sus necesidades, sino donde sus ingresos les permiten”, concluyó Araujo.

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