El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires envió una batería de tres proyectos de ley a la Legislatura porteña con el objetivo de reconfigurar y ampliar la estructura del futuro fuero laboral local.
Tras el acuerdo de transferencia de facultades y recursos alcanzado con el Gobierno nacional, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, impulsa una modificación sustancial a la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 6789) sancionada en diciembre de 2024. La propuesta oficial busca adecuar la infraestructura de la justicia del trabajo de la Capital Federal para equipararla a la envergadura del fuero nacional, pasando de los 10 juzgados proyectados inicialmente a un total de 80 tribunales de primera instancia.
La iniciativa contempla un esquema de implementación progresiva coordinado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. En una primera etapa, la justicia de primera instancia comenzará a funcionar con 40 magistrados encargados de dirimir conflictos individuales y colectivos que se desarrollen en el ámbito de la Capital Federal y que no correspondan a la órbita federal. Por su parte, la Cámara de Apelaciones del Trabajo, concebida originalmente con dos salas, se ampliará a un diseño final de diez salas integradas por un total de 30 jueces, aunque iniciará sus actividades con 15 miembros distribuidos en cinco salas de tres integrantes cada una.
Ministerios públicos, conciliación y competencia territorial
El paquete normativo también reestructura los órganos complementarios de la justicia. Para el Ministerio Público Fiscal se proyecta la incorporación de dos fiscales ante la Cámara de Apelaciones y ocho para la primera instancia, mientras que el Ministerio Público Tutelar sumará un asesor en el tribunal de alzada y cinco en los juzgados iniciales. En paralelo, el Ejecutivo local propone la creación del Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria, una herramienta orientada a reducir los niveles de litigiosidad y promover acuerdos entre las partes en litigios individuales o pluri-individuales radicados en el distrito.
Respecto a la reforma del Código Procesal del Trabajo, el proyecto apunta a dotar al fuero de herramientas de gestión modernas, habilitando formalmente la realización de audiencias bajo modalidades presenciales, virtuales o mixtas. Asimismo, se propone ampliar la competencia territorial de la justicia porteña para incluir todas aquellas demandas donde el sujeto denunciado posea domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, e introduce una instancia obligatoria de alegatos finales diseñada para fomentar instancias de acuerdo antes del dictado de la sentencia.
Envío de pliegos y debate parlamentario
El proceso de transferencia estipula una implementación ordenada conforme a los concursos públicos iniciados por el Consejo de la Magistratura porteño, los cuales convocaron a más de 1.200 aspirantes. Según fuentes gubernamentales de la Ciudad, la primera tanda de pliegos correspondientes a los primeros diez magistrados concursados será remitida a la Legislatura durante la segunda mitad de 2026, con el horizonte de aprobar los primeros nombramientos hacia finales de año.
La evaluación de los pliegos y las designaciones finales quedará bajo la órbita de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control del parlamento de la Ciudad. El tratamiento legislativo marcará un hito de relevancia para la administración local en el marco de la consolidación de la autonomía jurídica de la Capital Federal, al cumplirse tres décadas de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
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