El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó un proyecto en la Legislatura para obtener autorización para emitir títulos públicos y cancelar obligaciones con empresas contratistas. El Ejecutivo atribuye la iniciativa a la caída de la recaudación y sostiene que permitirá sostener las obras y los servicios. La oposición reclamó información sobre el monto y las características de la deuda.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa en la Legislatura porteña un proyecto para emitir bonos por hasta $600.000 millones con el objetivo de cancelar deudas con proveedores del Estado. La propuesta fue presentada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto con el Presupuesto 2027, y busca responder a la caída de los ingresos públicos en un contexto de menor actividad económica.
La iniciativa contempla la emisión de títulos públicos en moneda local para regularizar obligaciones con empresas contratistas de bienes, servicios y obra pública. Según los fundamentos del proyecto, el mecanismo apunta a resguardar el cumplimiento del plan de Gobierno y preservar la situación económico-financiera de los proveedores.
El Ejecutivo porteño sostiene que la operación permitirá ordenar los pagos pendientes sin incrementar los pasivos de la Ciudad. Para ello, prevé estructurar los títulos de manera que sus vencimientos no generen una presión adicional sobre las cuentas públicas.
El proyecto establece que podrán incluirse obligaciones que, al momento de la colocación de los bonos, estén emitidas, conformadas y aprobadas por la autoridad competente, devengadas, sean exigibles y permanezcan pendientes de cancelación.
Cómo serán los bonos que propone emitir la Ciudad
La propuesta solicita autorización para emitir títulos públicos por un monto máximo de $600.000 millones, con un plazo mínimo de amortización de un año.
La tasa de interés de referencia será la TAMAR, determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para los depósitos a plazo fijo mayoristas de entre 30 y 35 días, por montos iguales o superiores a $1.000 millones.
Los títulos estarán sujetos a la legislación argentina. Además, el proyecto establece que los eventuales conflictos vinculados con los bonos, sus cupones y los contratos o acuerdos relacionados con su emisión quedarán bajo la jurisdicción del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta manera, el Gobierno porteño busca contar con una herramienta financiera para afrontar las obligaciones con las empresas que prestan servicios, suministran bienes o ejecutan obras públicas para la administración.
El Gobierno explicó por qué necesita el instrumento financiero
La subsecretaria de Hacienda porteña, Lorena Flores, se presentó este jueves ante la Legislatura para explicar los alcances de la iniciativa y responder las consultas de los diputados.
Durante su exposición, sostuvo que el bono constituye una herramienta financiera para afrontar una caída de los recursos estimada en alrededor de $600.000 millones durante 2026.
La funcionaria indicó que los títulos tendrían vencimiento en 2029 y que se utilizaría la tasa TAMAR sin margen adicional.
Flores explicó que el monto previsto busca compensar el impacto de la reducción de los ingresos provenientes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB). Según señaló, la cifra representa aproximadamente el 6% de caída que el Ejecutivo proyecta para ese tributo al cierre de 2026.
La funcionaria también defendió la operación al afirmar que no representaría un gasto adicional para la Ciudad. Según explicó, el propósito es sostener el funcionamiento de la administración, cumplir con las obras acordadas y preservar los niveles de prestación de los servicios públicos frente a la disminución de la recaudación.
En relación con los intereses, Flores precisó que el proyecto contempla un monto de $114.000 millones.
La oposición pidió conocer el estado de la deuda
Durante el debate legislativo, distintos representantes de la oposición reclamaron información más detallada sobre las obligaciones que el Gobierno pretende cancelar mediante los títulos públicos.
Uno de ellos fue Sebastián Nagata, del bloque Confianza y Desarrollo, quien cuestionó la posibilidad de recurrir a un mecanismo de endeudamiento para afrontar gastos corrientes.
El legislador advirtió que la emisión generará intereses y podría modificar las relaciones contractuales con futuros proveedores. Por ese motivo, pidió conocer el universo de empresas alcanzadas y determinar si la adhesión al mecanismo sería voluntaria o compulsiva.
Por su parte, Claudia Neira, de Fuerza Buenos Aires, solicitó precisiones sobre el monto total adeudado, la cantidad y el tipo de proveedores involucrados, la antigüedad de las obligaciones, su nivel de concentración, la naturaleza de los contratos y los organismos deudores.
Neira también puso en duda que la emisión de bonos no incremente los pasivos de la Ciudad. En ese sentido, planteó que, aunque los títulos se utilicen para saldar deudas con proveedores, los intereses asociados deberían tenerse en cuenta en el cálculo de las obligaciones financieras.
Ante las consultas, Flores sostuvo que actualmente no existe deuda en los términos planteados y que el alcance de la operación dependerá de la evolución proyectada de las obligaciones durante el año.
La funcionaria señaló que el Ejecutivo conversará con cada proveedor para evaluar los casos que eventualmente queden comprendidos en el mecanismo.
La caída de la recaudación y los pagos de coparticipación
La iniciativa se presenta en un escenario en el que la Ciudad también espera completar el cobro de una deuda de la Nación vinculada con la coparticipación federal.
Según el acuerdo entre ambos gobiernos, se estableció la cancelación de $813.000 millones mediante cuatro bonos. Los dos primeros vencieron el 30 de junio y el 31 de agosto, y cada uno representaba el 20% del monto total.
Todavía resta el ingreso de un tercer título, equivalente al 20%, cuyo vencimiento está previsto para fines de octubre. El cuarto bono, que representa el 40% restante, vencerá en abril de 2027.
Este último pago corresponde a la porción más importante del acuerdo y su fecha de cobro añade presión sobre la planificación financiera porteña.
Fuentes del Gobierno de la Ciudad señalaron que la regularización de la deuda nacional contribuiría a aliviar la situación de las cuentas públicas, afectadas por la caída de la actividad económica. Además, indicaron que, por fuera del acuerdo, la Nación acumula un atraso de un mes en el pago de la coparticipación.
El Presupuesto 2027 también entra en la discusión
El proyecto de emisión de bonos deberá reunir los respaldos necesarios en la Legislatura porteña, donde el PRO no cuenta con mayoría propia.
El Ejecutivo espera conseguir votos de sectores de la oposición para avanzar con la iniciativa. Sin embargo, los bloques opositores anticiparon que necesitan contar con mayores precisiones antes de definir su posición.
El debate se desarrolla en paralelo con el tratamiento del Presupuesto 2027, también presentado por Jorge Macri, que comenzará a ocupar un lugar central en la agenda legislativa.
Mientras el Gobierno busca una herramienta para afrontar las obligaciones con proveedores y sostener la ejecución de obras y servicios, la discusión parlamentaria se concentra en conocer el alcance de la deuda, el costo financiero de la operación y sus posibles efectos sobre las cuentas públicas.

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