El Ejecutivo porteño presentó una reforma integral de la Ley 1472 que modifica la reincidencia, las sanciones, la condena en suspenso y la responsabilidad adolescente, además de incorporar nuevas contravenciones. La Libertad Avanza impulsó un proyecto propio con diferencias sobre la autonomía del Código, la probation, los cortes de calles y las penas.
El Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires quedó en el centro de la agenda legislativa luego de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, enviara a la Legislatura un proyecto de reforma integral de la Ley 1472.
La iniciativa modifica distintos artículos del Código y del régimen de procedimiento, con cambios en las escalas de las sanciones, el tratamiento de la reincidencia, las modalidades de cumplimiento de las penas y la incorporación de nuevas conductas consideradas contravenciones.
El proyecto del Ejecutivo porteño ingresó a Perú 160 en paralelo con otra propuesta de reforma integral presentada por legisladores de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata del Expediente 3147-D-2026, presentado el 7 de octubre por la legisladora Solana Pelayo, con la coautoría de Juan Pablo Arenaza, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Andrea Freguia, Silvia Imas, Marina Kienast, Nicolás Pakgojz, María del Pilar Ramírez, Sandra Mónica Rey, Leonardo Saifert y Diego Vartabedian.
Aunque ambos proyectos plantean avanzar hacia un régimen contravencional con mayores sanciones en distintas situaciones, existen diferencias relevantes en cuestiones como la reincidencia, las alternativas al cumplimiento de las penas, el vínculo con el Código Penal de la Nación, la probation y la regulación de determinadas conductas en el espacio público.
Qué propone el proyecto de Jorge Macri
Uno de los principales ejes de la propuesta del Ejecutivo porteño es la modificación del régimen de reincidencia.
El proyecto, identificado como Expediente 3155-J-2026, considera que existe reincidencia cuando una persona comete una nueva contravención dentro de los dos años posteriores a una sentencia firme.
La definición también contempla determinados comportamientos habituales en el espacio público, incluso cuando la nueva conducta no sea exactamente igual a la contravención anterior.
El esquema establece un aumento progresivo de las sanciones. Ante la primera reincidencia, la pena se incrementaría un 50%. En la segunda, el aumento sería de dos tercios, mientras que a partir de la tercera la sanción podría llegar a duplicarse.
La iniciativa también establece restricciones para los reincidentes respecto de algunas modalidades de cumplimiento de las sanciones.
Además, propone crear un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público y limita el acceso al arresto domiciliario, que quedaría reservado para situaciones excepcionales y debería contar con una justificación judicial.
El endurecimiento contempla particularmente las conductas vinculadas con los denominados “trapitos”. En casos de reincidencia y cuando exista extorsión a automovilistas, el arresto podría alcanzar los 90 días.
Condenas en suspenso y cumplimiento de las sanciones
Otro de los cambios centrales del proyecto de Jorge Macri está relacionado con el artículo 42.
La iniciativa elimina para las personas adultas la posibilidad de aplicar una condena en suspenso.
El texto también incorpora mecanismos destinados a convertir sanciones que no hayan sido cumplidas. En determinadas circunstancias, una multa o una tarea de utilidad pública incumplida podría transformarse en días de arresto o en trabajo comunitario, de acuerdo con las equivalencias establecidas.
En este punto aparece una diferencia con la propuesta de La Libertad Avanza.
El proyecto de LLA no elimina de manera general la condena en suspenso para quienes no tengan antecedentes. Sin embargo, establece restricciones para determinadas contravenciones y para reincidentes cuando la nueva sanción corresponda a una conducta de la misma especie que la anterior.
El régimen para adolescentes de 14 a 17 años
La propuesta del Ejecutivo porteño también incorpora un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 17 años, desarrollado en los artículos 43 a 46.
Los menores de 14 años quedan fuera del régimen de responsabilidad contravencional. Para quienes tienen entre 14 y 17, en cambio, se establece un sistema diferenciado que no contempla el arresto y prevé la intervención de una defensa especializada.
Las medidas previstas tienen principalmente objetivos educativos y reparadores.
Entre ellas se encuentran la advertencia formal, la intervención de equipos interdisciplinarios, la participación en programas educativos, la continuidad obligatoria de la escolaridad, la capacitación laboral cuando corresponda, la reparación del daño y la realización de tareas comunitarias adecuadas a la edad.
Estas medidas tendrían una duración máxima de 12 meses y no podrían resultar más gravosas que las previstas para un adulto por la misma conducta.
El proyecto de La Libertad Avanza, en cambio, no desarrolla en los artículos señalados un régimen especial para adolescentes equivalente al planteado por el Ejecutivo porteño.
Cuánto aumentarían las sanciones
La reforma impulsada por Jorge Macri también modifica los límites generales de las penas.
El máximo de las multas pasaría a ser de 50.000 Unidades Fijas (UF).
El arresto tendría un máximo general de 90 días, mientras que podría alcanzar los 120 días para determinadas contravenciones consideradas graves, vinculadas con el orden público, el tránsito y el juego clandestino.
También se elevan los límites previstos para las tareas de utilidad pública, las inhabilitaciones y las clausuras.
Para la conducción bajo los efectos del alcohol, el proyecto establece una multa de entre 1.000 y 6.000 UF, arresto de 5 a 30 días e inhabilitación para conducir durante un período de entre seis meses y cuatro años.
En el caso de las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, la multa máxima propuesta alcanza las 50.000 UF.
La iniciativa de La Libertad Avanza fija, en este punto, un máximo general de 60.000 UF para las multas. También establece un máximo general de 90 días de arresto y de hasta 120 días para determinadas contravenciones graves.
En cuanto a las clausuras, el proyecto libertario lleva el máximo hasta los 365 días.
Las nuevas contravenciones que plantea Macri
El proyecto del Ejecutivo porteño no se limita a incrementar las penas, sino que también incorpora nuevas figuras al Código Contravencional.
Entre ellas aparece el acecho o seguimiento de personas en la vía pública.
La propuesta también incorpora distintas conductas vinculadas con el ámbito digital, entre ellas la obtención mediante engaño de credenciales, claves, códigos o tokens.
Además, busca sancionar la venta de datos personales, la organización de operaciones masivas de compraventa informal en espacios públicos, la portación de dispositivos destinados a interferir señales y la manipulación fraudulenta de sistemas de pago o del transporte público.
El texto también suma conductas vinculadas con la suplantación de agentes de autoridad mediante credenciales falsas, el financiamiento de contravenciones reiteradas o de grupos destinados a cometerlas, la distribución de elementos capaces de provocar disturbios y la obstrucción de sistemas de videovigilancia pública.
La autonomía del Código, uno de los puntos planteados por LLA
Una de las principales diferencias entre ambas propuestas aparece en el artículo 20 del proyecto de La Libertad Avanza.
El texto presentado por Pelayo y sus coautores establece expresamente la autonomía del derecho contravencional porteño y dispone que el Código Penal de la Nación no se aplique de manera directa ni supletoria.
Además, establece que no podrá realizarse una interpretación extensiva o por analogía cuando resulte perjudicial para la persona imputada.
El proyecto de Jorge Macri mantiene una relación diferente con el derecho penal nacional y contempla la aplicación supletoria del Código Penal en los términos establecidos por su articulado.
La iniciativa de LLA también modifica la relación entre los procesos penal y contravencional.
El artículo 15 establece que la acción penal suspende el trámite contravencional y su prescripción. A su vez, contempla la posibilidad de retomar la acción contravencional en determinadas circunstancias si el proceso penal termina por atipicidad penal, respetando el principio de non bis in idem.
Diferencias en el régimen de reincidencia
Los dos proyectos establecen períodos y porcentajes diferentes para determinar las consecuencias de la reincidencia.
La propuesta de Jorge Macri toma como referencia un período de dos años desde una sentencia firme. La primera reincidencia implica un aumento del 50%, la segunda de dos tercios y desde la tercera la sanción puede llegar a duplicarse.
La iniciativa de La Libertad Avanza extiende el período de referencia a tres años.
Para la primera reincidencia plantea aumentar las penas en un tercio y, desde la segunda, en la mitad.
Ambos textos contemplan consecuencias sobre el acceso a modalidades de cumplimiento menos gravosas cuando existe reincidencia. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo porteño establece un esquema específico para la reiteración de determinadas conductas en el espacio público.
Probation y avenimiento
La suspensión del proceso a prueba, conocida como probation, también constituye un punto de diferencia.
El proyecto de Jorge Macri propone eliminar esta alternativa para las personas adultas, en línea con la modificación que plantea para las condenas en suspenso.
La iniciativa de La Libertad Avanza, en cambio, mantiene la probation, aunque establece restricciones.
El beneficio quedaría excluido para determinadas conductas relacionadas con violencia, intimidación, desigualdad de género, acoso, hostigamiento y otras figuras expresamente enumeradas.
El proyecto libertario también incorpora el avenimiento, a través del artículo 47 bis.
Este mecanismo permite que la Fiscalía y la persona imputada acuerden una pena de hasta el mínimo legal. El acuerdo debe posteriormente ser homologado por la Justicia.
Qué propone LLA sobre los cortes de calles
La regulación de las obstrucciones de la vía pública es otro de los puntos en los que las propuestas presentan diferencias.
El proyecto de La Libertad Avanza incorpora en su artículo 90 una regulación específica para los cortes.
La obstrucción simple podría ser sancionada con trabajo comunitario o multa.
Para organizadores y coordinadores, en cambio, se establecen multas de entre 1.000 y 10.000 UF o arresto de 5 a 15 días.
Las sanciones se duplicarían cuando la obstrucción afecte hospitales, escuelas, terminales de transporte o el desplazamiento de ambulancias y servicios de emergencia.
El texto también contempla una protección para el ejercicio regular de derechos constitucionales cuando exista un aviso previo razonable y se mantengan despejados los servicios de emergencia.
El proyecto de Jorge Macri no incorpora, en los términos analizados, una tipificación específica de organizadores y coordinadores de cortes con una escala equivalente a la propuesta por LLA.
Ruidos molestos, vandalismo y agresiones
La propuesta de La Libertad Avanza incorpora además modificaciones específicas para distintas conductas.
En el artículo 98, referido a los ruidos molestos, establece arrestos de entre 2 y 10 días cuando provengan de la vía pública.
El texto contempla excepciones para determinadas expresiones artísticas y eventos culturales autorizados. Durante el horario nocturno, las penas podrían duplicarse.
Para comercios y personas jurídicas, el proyecto plantea multas de hasta 5.000 UF y clausuras de entre 5 y 30 días, con clausura obligatoria en caso de reincidencia.
En materia de vandalismo, pintadas y daños o suciedad sobre bienes, el artículo 94 establece tareas comunitarias o multas.
Las penas se duplicarían cuando resulten afectados monumentos, estatuas, templos religiosos, patrimonio histórico, escuelas, hospitales o instalaciones de subterráneos y trenes.
Además, se contempla la obligación de reparar o restaurar el bien afectado.
El texto de LLA también incorpora agravantes para determinadas agresiones, con mayores sanciones cuando las víctimas sean trabajadores de la educación, personal de salud, integrantes de fuerzas de seguridad o del Poder Judicial.
Asimismo, establece agravantes para agresiones intrafamiliares o de pareja, ataques en el transporte público, hechos cometidos con armas u objetos contundentes y determinadas conductas relacionadas con la exposición de datos personales o el uso de identidades falsas o anónimas.

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