Las nuevas presentaciones judiciales incorporan sociedades vinculadas con Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum, además de ejecutivos de Navitas y Eco Atlantic. El objetivo es reconstruir quiénes participaron de las decisiones financieras, jurídicas, técnicas y operativas relacionadas con los proyectos hidrocarburíferos.
El Gobierno de Javier Milei amplió las denuncias penales relacionadas con las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y avanzó en la identificación de 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las compañías que participan de los proyectos petroleros.
Las nuevas presentaciones incorporan a la investigación a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited. Al mismo tiempo, profundizan la pesquisa sobre personas vinculadas con Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Las acciones fueron impulsadas por el canciller Pablo Quirno, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 26.659, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio.
Una de las presentaciones amplía la causa CFP 4437/2026, que se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, a cargo de Julián Ercolini. El objetivo es incorporar nuevos hechos, sociedades y personas vinculadas principalmente con el proyecto Sea Lion.
Las nuevas medidas forman parte de la ofensiva administrativa y judicial que el Gobierno viene desarrollando sobre las actividades petroleras en las islas.
En una primera instancia, se pusieron en marcha procedimientos sancionatorios contra 45 personas y compañías vinculadas con las actividades hidrocarburíferas. Luego se incorporaron otros 15 sujetos, con lo que el universo administrativo llegó a 60 personas físicas y jurídicas.
En paralelo, se presentó una primera denuncia penal contra sociedades relacionadas con Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic por las operaciones vinculadas con Sea Lion. Posteriormente, el Gobierno anunció una nueva serie de acciones contra compañías de Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum.
Varios de los empresarios alcanzados por los procedimientos administrativos ya habían sido identificados y ubicados dentro de las estructuras societarias. Entre ellos se encontraban Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll y Gadi Levin, de Eco Atlantic, además de David Harry Williamson Dobson, relacionado con Borders & Southern.
Los nuevos documentos judiciales permiten profundizar esa identificación. Los seis integrantes de Eco Atlantic aparecen expresamente incluidos en la ampliación de la causa penal y Dobson figura en el escrito correspondiente a Borders & Southern.
Pero las presentaciones incorporan además a otros ejecutivos que tienen responsabilidades financieras, jurídicas, técnicas, operativas y de conducción y que hasta ahora no habían aparecido en las nóminas administrativas difundidas.
En total, los escritos identifican a 27 personas físicas. Al comparar esos nombres con los 60 sujetos incluidos en las dos tandas de procedimientos administrativos, surge que 16 personas no figuraban en esas listas conocidas.
La nueva etapa de la investigación busca ir más allá de establecer qué empresas, accionistas o proveedores participan de los proyectos petroleros. El objetivo es determinar quién tomó las decisiones, quién estructuró el financiamiento, quién intervino en las contrataciones, quién brindó asesoramiento jurídico y quién estuvo a cargo de dirigir o ejecutar las operaciones.
Los ejecutivos de Navitas y Eco bajo investigación
Dentro de la estructura de Navitas Petroleum Limited Partnership, la ampliación individualiza a Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim y Jonathan Akiva Sternberg.
Según la documentación utilizada en la presentación, Tadmor figura como chairman; Katz, como vice chairman; Kornhauser, como CEO; Rosenberg, como CFO; Abramov, como Vice President General Counsel; Sorek, como Vice President Subsurface & Operations; y Bernheim, como Chief Commercial and M&A Officer.
Por su parte, Sternberg aparece relacionado con Navitas USA.
Para el Gobierno, la relevancia de estos cargos está vinculada con las distintas áreas que intervienen en un proyecto de la magnitud de Sea Lion: dirección general, desarrollo de negocios, financiamiento, asesoramiento jurídico, operaciones, subsuelo, gestión comercial y fusiones y adquisiciones.
Ahora será la Justicia la que deberá establecer, en caso de que avance la denuncia presentada por el Estado argentino, si esas personas tuvieron una intervención jurídicamente relevante en las decisiones o hechos relacionados con las actividades investigadas.
La presentación también incorpora a otras cinco personas vinculadas con Navitas Petroleum Development & Production Limited: Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura y Charles Taylor.
El escrito considera a esta subsidiaria como una pieza central de la estructura operativa de Sea Lion.
Ramsey aparece como CEO y Bamford como COO, con responsabilidades vinculadas con la ejecución y operación del proyecto. Armstrong está relacionado con las áreas de subsuelo y exploración; Gvura, con las finanzas; y Taylor figura como Asset Director de Sea Lion, con funciones vinculadas con el desarrollo del activo y el cumplimiento regulatorio y operativo.
Uno de los puntos destacados de la ampliación sostiene que estos ejecutivos ocupan posiciones relacionadas con “decisiones adoptadas, instrucciones impartidas, documentación suscripta y comunicaciones mantenidas” respecto de las actividades de exploración, desarrollo y futura explotación hidrocarburífera.
La presentación también incluye a siete integrantes de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y Emily Ferguson.
Varios de ellos ya estaban entre las personas alcanzadas por los procedimientos administrativos. La novedad es que ahora fueron incorporados expresamente al objeto de una investigación penal. A ese grupo se suma Emily Ferguson, cuyo nombre no aparecía en aquella nómina.
Holzman figura como presidente y CEO, mientras que Levin aparece como CFO. Los demás son mencionados como integrantes del órgano de administración, con distintas funciones ejecutivas y no ejecutivas.
Según el documento, la identificación busca establecer “quiénes fueron las personas físicas que efectivamente adoptaron, ejecutaron, autorizaron, financiaron, instrumentaron o supervisan las decisiones” relacionadas con las actividades petroleras investigadas.
Esa definición refleja el cambio en el nivel de profundidad que pretende alcanzar la estrategia judicial.
El Gobierno sostiene que la investigación debe superar la identificación de las sociedades que participan en los proyectos y avanzar sobre “la cadena concreta de decisiones” mediante la cual esas compañías habrían resuelto avanzar con la exploración, el desarrollo y una eventual explotación.
Borders & Southern, Rockhopper y Desire Petroleum
La presentación relacionada con Borders & Southern Falkland Islands Limited y Borders & Southern Petroleum PLC identifica a otras siete personas: Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris, David Harry Williamson Dobson y Sean Guest.
Dobson ya había aparecido entre los nombres difundidos durante la ofensiva administrativa. Los otros seis amplían el grupo de ejecutivos y técnicos que el Estado pretende investigar.
Este escrito también extiende el alcance geográfico de la ofensiva, que ya no queda concentrada exclusivamente en Sea Lion.
Borders & Southern está vinculada con la licencia PL018, donde se encuentra Darwin East-1, otro descubrimiento hidrocarburífero localizado en el área de Malvinas.
De acuerdo con la documentación incorporada por el Gobierno, Borders & Southern Falkland Islands Limited aparece como operadora con una participación del 100% en esa licencia.
La presentación solicita investigar cómo está organizada la estructura empresarial, qué sociedades intervienen y qué papel tuvieron las personas que adoptaron o ejecutaron decisiones relacionadas con las actividades de exploración y eventual explotación.
De las 27 personas físicas identificadas en las presentaciones penales, 16 no figuraban entre los 60 sujetos alcanzados hasta el momento por los procedimientos administrativos conocidos.
Se trata de Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim, Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura, Charles Taylor, Emily Ferguson, Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris y Sean Guest.
Los otros 11 ya habían sido incluidos en alguno de los procedimientos anteriores: Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Jonathan Akiva Sternberg, Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y David Harry Williamson Dobson.
Los escritos incluyen, de todos modos, una precisión jurídica: la aparición de estos nombres no implica una imputación automática ni supone responsabilidad penal por el solo hecho de ocupar un cargo societario.
La investigación deberá establecer cuál fue la intervención concreta de cada persona en la “planificación, autorización, financiación, contratación, dirección, ejecución, asesoramiento o supervisión” de las actividades investigadas.
La ampliación que tramita ante el juzgado de Ercolini incorpora específicamente a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited.
Según sostiene la presentación, el avance reciente de Sea Lion modificó de manera significativa el escenario que había dado origen a investigaciones argentinas más de una década atrás.
“La evolución posterior de los acontecimientos permite advertir que aquella situación no solo no habría cesado, sino que habría avanzado hacia una etapa de desarrollo y explotación comercial del proyecto ‘Sea Lion’”, afirma el escrito.
A partir de esa situación, el Gobierno considera necesario actualizar el objeto de la investigación e identificar a las personas físicas y jurídicas que actualmente intervienen en la estructuración, administración, desarrollo y eventual puesta en producción del proyecto.
Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited aparece relacionada con las licencias PL032 y PL033 y con el área de descubrimiento Sea Lion.
En tanto, Rockhopper Exploration (Oil) Limited está vinculada con PL003a, PL003b, PL004a, PL004b Área 1 y PL004c Área 2.
La presentación también incorpora información financiera obtenida del registro societario británico.
En el caso de Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, menciona un instrumento de garantía constituido en abril de 2015, vinculado con el denominado Falkland Islands Government, y otro charge registrado en diciembre de 2025 a favor de Macquarie Bank Limited.
La Justicia deberá determinar la naturaleza de esas relaciones contractuales y financieras y si existe una posible vinculación con la estructura económica de Sea Lion.
Otro de los escritos está dirigido contra Desire Petroleum Limited, anteriormente denominada Desire Petroleum Public Limited Company.
Los antecedentes de esta compañía en la Argentina se remontan a 2012. Ese año, la Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades en la Plataforma Continental Argentina y la calificó como clandestina por realizar operaciones hidrocarburíferas sin autorización de las autoridades nacionales.
En 2013, el Estado volvió a considerar acreditado que Desire desarrollaba actividades sin autorización argentina y sostuvo que la compañía “usufructúa una ilegítima licencia para explorar hidrocarburos en zonas próximas a las Islas Malvinas”.
A partir de esos antecedentes, la empresa fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en la Argentina.
El nuevo escrito sostiene que la compañía continuó relacionada con licencias petroleras. Según la documentación incorporada, a marzo de 2026 registraba una participación del 32% en PL003a y PL003b; del 30% en PL004a, PL004b Área 1 y PL004c Área 2; y del 35% en PL005.
A diferencia de las presentaciones relacionadas con Navitas, Eco y Borders, la denuncia contra Desire todavía no incluye una lista nominal de ejecutivos.
En este caso, se solicita que la Justicia determine quiénes participaron en la planificación, autorización, financiación, coordinación, dirección o ejecución de las actividades que son objeto de investigación.
Qué responsabilidades penales busca establecer la Justicia
Las denuncias presentadas por el Gobierno se apoyan principalmente en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que establece sanciones para las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
El artículo 7 establece penas de cinco a diez años de prisión, además de multa e inhabilitación, para quienes encarguen o realicen actividades de exploración sin autorización argentina.
Cuando se trata de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la escala prevista se eleva a 10 a 15 años de prisión.
Por su parte, el artículo 8 permite analizar la eventual responsabilidad de personas humanas que hayan actuado dentro de las empresas. Allí se contempla a directores, gerentes, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hayan intervenido en los hechos.
El artículo 9 establece, a su vez, consecuencias para las propias personas jurídicas.
Los escritos también dejan abierta la posibilidad de investigar eventuales infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y al Código Aduanero.
Además, mencionan como hipótesis sujetas al resultado de la investigación los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
El Gobierno solicita también medidas de cooperación internacional para acceder a información societaria, registral, bancaria, financiera, contractual y operativa.
A su vez, plantea la eventual aplicación de medidas cautelares patrimoniales en caso de que el avance de las causas reúna los requisitos establecidos legalmente.
La nueva etapa de la ofensiva por Malvinas busca así pasar del mapa de empresas, accionistas y proveedores al interior de las propias estructuras corporativas.
El objetivo expresado en los escritos es determinar quién tomó las decisiones, quién organizó el financiamiento, quién brindó asesoramiento jurídico, quién dirigió las operaciones y quién participó de su ejecución.
De esta manera, la Justicia deberá establecer si dentro de Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, Eco Atlantic, Borders & Southern y Desire Petroleum existen responsabilidades penales individuales relacionadas con las actividades hidrocarburíferas desarrolladas alrededor de las Islas Malvinas.
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