Copete: El Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retornos, una normativa que permitirá crear centros de deportación fuera del bloque y ampliar los plazos de detención para migrantes en situación irregular. La medida generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos y sectores políticos.
El Parlamento Europeo aprobó el nuevo Reglamento de Retornos, una legislación que busca endurecer la política migratoria del bloque y agilizar la expulsión de personas en situación irregular hacia terceros países.
La iniciativa obtuvo 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, con el respaldo mayoritario de los bloques de derecha y extrema derecha.
Entre sus principales disposiciones, la normativa habilita la creación de centros de retorno en países externos a la Unión Europea, donde podrán ser trasladados migrantes que hayan recibido una orden de expulsión y no hayan abandonado el territorio comunitario de manera voluntaria.
La medida excluye únicamente a los menores no acompañados, mientras que familias con niños sí podrán ser derivadas a estos centros.
Centros de retorno y mayores plazos de detención
El reglamento contempla que los Estados miembros puedan firmar acuerdos con terceros países para instalar centros destinados a recibir a migrantes rechazados.
Además, los gobiernos europeos acordaron que estas instalaciones podrán financiarse con fondos comunitarios previstos en el presupuesto 2028-2034.
Aunque todavía no trascendieron los países que participarían de esos convenios, diversas versiones apuntan a naciones de África y Asia.
La nueva normativa también amplía el tiempo máximo de detención para personas migrantes.
Quienes no colaboren con las autoridades, presenten riesgo de fuga o sean considerados un peligro para la seguridad podrán permanecer detenidos hasta 24 meses, con la posibilidad de extender ese plazo otros seis meses.
Asimismo, la legislación habilita medidas de investigación como registros de viviendas, inspección de dispositivos electrónicos e incautación de bienes, siempre bajo autorización judicial.
Preocupación por el impacto sobre los derechos humanos
Organizaciones de derechos humanos y distintos sectores políticos expresaron su rechazo al reglamento al considerar que podría vulnerar principios fundamentales del derecho internacional.
Desde Human Rights Watch advirtieron que los centros de retorno podrían transformarse en espacios de detención extraterritorial ubicados en países con antecedentes de violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM) alertó que la normativa podría provocar la separación de familias y el traslado de menores a países con los que no mantienen ningún vínculo.
Los grupos Socialistas y Demócratas y Los Verdes también votaron en contra de la iniciativa y anticiparon que buscarán impugnar la legislación ante la Justicia europea al considerar que contradice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La defensa del reglamento
Desde la Comisión Europea sostienen que la reforma permitirá hacer más eficientes los procedimientos de retorno y garantizar el cumplimiento de las órdenes de expulsión.
La presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, afirmó que la normativa brinda herramientas para acelerar los procesos y mejorar la efectividad de las devoluciones.
En la misma línea, el eurodiputado neerlandés Malik Azmani, encargado de la tramitación parlamentaria del texto, aseguró que los ciudadanos europeos esperan que quienes no tienen derecho a permanecer en el bloque regresen a sus países de origen.
Sectores de la extrema derecha celebraron especialmente la aprobación de la ley y destacaron la incorporación de disposiciones más estrictas durante el debate parlamentario.
Qué falta para que entre en vigencia
Para convertirse en ley, el Reglamento de Retornos todavía debe recibir la aprobación formal del Consejo Europeo.
Si bien el respaldo de la mayoría de los Estados miembros hace prever una rápida ratificación, algunos países, como España, ya expresaron objeciones sobre la proporcionalidad de determinadas medidas y su posible conflicto con el derecho internacional.
Una vez publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, algunas disposiciones podrán aplicarse de inmediato, mientras que otras requerirán un período de preparación de hasta un año.
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