La fiscalía dio curso a una denuncia por supuesta malversación de fondos públicos orientada al despliegue de efectivos de la Policía Federal para la protección de su esposa.
Una nueva causa judicial pone la lupa sobre el manejo de los recursos de seguridad en las calles porteñas. La justicia federal aceptó investigar si el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, incurrió en abuso de autoridad y malversación de caudales públicos al destinar personal y patrulleros de la Policía Federal Argentina para la custodia diaria de su esposa, Bettina Angeletti, una situación que abre el debate sobre el destino de los agentes policiales que faltan en las esquinas de los barrios.
La investigación se inició formalmente tras la denuncia presentada por el diputado Rodolfo Tailhade, quien señaló que la pareja del funcionario no posee cargos públicos ni autorizaciones legales que justifiquen el usufructo de una protección oficial exclusiva. El expediente quedó bajo la órbita de la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa, quienes deberán determinar si existió un desvío ilegal de fondos y herramientas estatales de prevención.
La situación administrativa genera repercusiones directas en el día a día de la Ciudad de Buenos Aires, donde la distribución del personal policial es un tema crítico para la seguridad urbana. El uso de recursos públicos para fines particulares restringe la presencia de efectivos en los corredores escolares, las zonas comerciales y las paradas de colectivos, afectando la prevención del delito en las distintas comunas.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación había intentado contrarrestar la acusación denunciando al legislador por presunto espionaje e infracción a la Ley de Inteligencia, bajo el argumento de que los datos precisos sobre los movimientos de la mujer ponían en riesgo la seguridad nacional. Sin embargo, la fiscal Ochoa rechazó tratar esa presentación en esta instancia por cuestiones de competencia material.
El avance de las medidas de prueba dictadas por los tribunales de Comodoro Py determinará el grado de responsabilidad del funcionario en el uso de los uniformados. Mientras tanto, el control y la transparencia en la asignación de las custodias oficiales permanecen bajo el escrutinio público en un territorio porteño que demanda una optimización urgente de sus recursos de vigilancia.
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