El operativo de restitución se llevó a cabo en la esquina de las calles Bahía Blanca y Bacacay tras ocho años de ocupación y reiteradas denuncias por riesgo de derrumbe.
La fisonomía habitual de la Comuna 10 se vio alterada por un fuerte despliegue policial e interministerial en el barrio de Floresta. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concretó el desalojo definitivo de un inmueble ubicado en la intersección de Bahía Blanca y Bacacay, el cual se encontraba usurpado desde 2018 y funcionaba bajo condiciones extremas de descontrol ambiental y estructural.
Los informes de la Agencia Gubernamental de Control confirmaron que las instalaciones de la planta baja y el primer piso albergaban una fábrica textil sin ningún tipo de habilitación ni medidas de seguridad. Al mismo tiempo, los ocupantes regenteaban un sistema ilegal de subalquiler de habitaciones por valores cercanos a los 300 mil pesos mensuales, configurando un foco de peligro constante para las casas linderas.
Las familias del barrio manifestaron alivio ante la intervención estatal debido a las constantes sospechas sobre los movimientos nocturnos en la propiedad. El operativo culminó con la intervención de la Guardia de Auxilio, que dictó la clausura preventiva de la estructura debido al severo deterioro edilicio y la sobrecarga eléctrica que generaban las máquinas de coser que intentaron ser retiradas durante el procedimiento.
La propiedad fue devuelta de manera formal a los herederos de la familia Castro, legítimos dueños del lote desde fines de la década del sesenta, quienes debieron litigar en los Tribunales porteños desde el año 2022 cuando cesó el pago de los alquileres originales. Los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Humano coordinaron el traslado de los residentes y la asistencia a los menores de edad presentes.
El tránsito en los alrededores de la estación de Floresta ya se encuentra normalizado tras el retiro de los camiones oficiales. La finalización de este conflicto legal abre un período de reparaciones en la finca siniestrada, mientras la Jefatura de Gobierno sostiene que este tipo de recuperaciones edilicias contribuye a disminuir los incidentes delictivos en los corredores comerciales de la zona.
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