La iniciativa presentada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires apunta a derogar ordenanzas y leyes antiguas que traban los trámites cotidianos y el comercio en los barrios.
El entramado de normas que regula el día a día en la Ciudad de Buenos Aires podría cambiar de manera integral si avanza una nueva propuesta legislativa. Un grupo de diputados de La Libertad Avanza ingresó un proyecto bautizado como «Ley de Hojarasca», el cual propone la derogación de más de una veintena de leyes, artículos y viejas ordenanzas que hoy carecen de utilidad práctica. El objetivo principal de la medida es limpiar el sistema legal porteño de regulaciones desactualizadas que, lejos de ordenar, terminan complicando la vida administrativa de los ciudadanos de a pie.
La iniciativa, que lleva la firma de la legisladora María del Pilar Ramírez bajo el expediente 1619-D-2026, detalla un listado extenso de normativas a eliminar, incluyendo la histórica Ordenanza 15.201, sancionada mucho antes de que la Capital Federal lograra su autonomía. Según los fundamentos del proyecto, estas reglas corresponden a contextos sociales y económicos totalmente ajenos a los actuales, habiendo quedado absorbidas o superpuestas por legislaciones más recientes.
Para las zonas comerciales y las pymes de nuestras comunas, la acumulación de exigencias genera trabas burocráticas innecesarias. Muchas de las regulaciones incluidas en el texto afectan de forma directa a actividades comerciales, turísticas y operativas que en la práctica diaria ya no se aplican, pero que siguen vigentes en los papeles, exponiendo a los emprendedores locales a registros y procedimientos engorrosos que demoran las habilitaciones y el trabajo cotidiano.
El proyecto de ley también contempla el destino de los recursos económicos en juego. En su artículo 2°, dispone que todas las partidas presupuestarias que estaban asignadas al cumplimiento de las normas que se pretenden derogar sean transferidas de forma directa al área de Hacienda del Gobierno porteño, obligando además al Poder Ejecutivo local a reordenar y armonizar los reglamentos vigentes.
La propuesta abre un debate necesario sobre la modernización de las herramientas con las que se gestiona el espacio público y la actividad vecinal. De aprobarse, el avance hacia un sistema legal más limpio y coordinado podría agilizar los trámites en las sedes comunales y aliviar la carga regulatoria que pesa sobre los comercios de barrio.
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