El debate por los cambios en las Comunas y la Legislatura abre una discusión sobre el futuro institucional de la Ciudad

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, planteó la necesidad de modificar la Constitución porteña cuestionando el gasto político y el rol de las juntas comunales.

La organización diaria de las quince comunas de la Ciudad de Buenos Aires entró en un terreno de profunda incertidumbre. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, instaló la posibilidad de impulsar una reforma de la Constitución porteña de 1996, argumentando que el diseño institucional actual quedó obsoleto para las dimensiones del territorio. Los cuestionamientos oficiales apuntan directamente al funcionamiento de las juntas comunales y al presupuesto destinado a los representantes barriales que gestionan los trámites, el mantenimiento de veredas y las plazas de cada zona.

La estructura descentralizada, que divide a la Ciudad en quince sectores para acercar la gestión estatal a las realidades locales, es el eje central de la discusión. El Ejecutivo puso bajo la lupa los salarios y la cantidad de miembros que integran cada junta, compuesta actualmente por siete comuneros elegidos por el voto directo. Según el planteo gubernamental, el esquema requiere una revisión integral para evitar la duplicación de tareas con los ministerios centrales y optimizar los recursos públicos.

A la par de las dudas sobre el futuro de la gestión comunal, la propuesta oficial también pone el foco sobre el palacio legislativo de la calle Perú. La intención de reducir los sesenta escaños actuales de la Legislatura porteña busca achicar el gasto político, bajo la premisa de que una ciudad con una superficie delimitada no requiere semejante cantidad de representantes. Sin embargo, la iniciativa ya encuentra fuertes resistencias en los distintos bloques partidarios.

Este movimiento institucional coincide con un proyecto presentado recientemente por el bloque de La Libertad Avanza, que busca limitar los sueldos de las juntas comunales para que solo el presidente perciba una remuneración, dejando al resto de los integrantes ad honorem. La iniciativa también contempla modificaciones en los consejos consultivos, los espacios donde los residentes canalizan las demandas de infraestructura y seguridad de sus respectivas zonas.

Las modificaciones normativas planteadas modifican las reglas del juego de la descentralización administrativa y abren un debate profundo sobre la representación en el ámbito metropolitano. El éxito de la iniciativa dependerá de la construcción de consensos políticos complejos en un año donde la discusión sobre la eficiencia del gasto público domina la agenda institucional de la Ciudad de Buenos Aires.