El gobierno nacional y la gestión porteña acordaron el pago de la deuda por coparticipación con bonos a siete meses

El Ministerio de Economía de la Nación destrabó los fondos retenidos desde julio del año pasado mediante títulos financieros, normalizando el esquema de transferencias semanales para el distrito.

El conflicto por los fondos públicos que impactan directamente en las obras y los servicios de la Ciudad de Buenos Aires sumó un capítulo decisivo. Las administraciones nacional y porteña sellaron un acuerdo para cancelar la deuda acumulada durante el último año por demoras en los giros de la coparticipación federal. La solución llegó a través de una ingeniería financiera que contempla la entrega de una cartera de bonos soberanos con vencimiento a siete meses, lo que estabilizará el flujo de caja del Estado local.

Las mesas técnicas y políticas lograron destrabar un bache financiero que se arrastraba desde mediados del año pasado, cuando el mecanismo de transferencias semanales pactado en septiembre de 2024 empezó a registrar demoras crónicas. El origen de estos fondos corresponde al coeficiente del 1,55% que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció a favor de las arcas porteñas a fines de 2022, un dinero clave para sostener el mantenimiento de las calles, la seguridad en los barrios y el sistema de salud pública.

Para la administración del distrito, la regularización de estos compromisos mediante bonos otorga previsibilidad para el diseño y la ejecución del presupuesto general de 2026. Los retrasos en los pagos habían generado complicaciones operativas en las partidas destinadas al desarrollo urbano y el transporte, áreas donde el flujo de dinero diario y semanal resulta indispensable para la continuidad de los trabajos en las comunas.

A pesar de este avance que trae alivio a las cuentas metropolitanas, el entendimiento no resuelve la discusión de fondo. La Jefatura de Gobierno mantiene un reclamo histórico ante los tribunales por una deuda cercana a los 6.000 millones de dólares, acumulada desde el recorte de recursos dispuesto en el año 2020, cuando la participación de la Ciudad se redujo drásticamente.

El nuevo esquema financiero abre un período de tregua administrativa que garantiza el financiamiento de los servicios esenciales de la Capital Federal durante los próximos meses, mientras se define el impacto real de los bonos en el mercado y continúa la negociación por el stock histórico de fondos adeudados.