Las legisladoras Amanda Martín y Vanina Biasi presentaron un pedido de informes en la Legislatura de la Ciudad para conocer los motivos de las revisiones médicas, la participación de empresas privadas y los criterios utilizados para evaluar al personal educativo. También reclaman datos sobre posibles sanciones, suspensiones de haberes y consecuencias laborales derivadas de los controles.
Las citaciones masivas a docentes de la Ciudad de Buenos Aires para realizar o actualizar sus aptos médicos llegaron a la Legislatura porteña. Las legisladoras Amanda Martín y Vanina Biasi presentaron un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad detalle cómo se están llevando adelante las evaluaciones, qué organismos y prestadoras intervienen y cuáles pueden ser las consecuencias administrativas y laborales para los trabajadores de la educación.
La iniciativa ingresó el 6 de noviembre bajo el expediente 3498-D-2026 y solicita precisiones sobre los procedimientos, los criterios médicos aplicados y las razones que motivaron la convocatoria de docentes que, en muchos casos, llevan años o décadas desempeñándose en el sistema educativo.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la participación de empresas privadas en los reconocimientos médicos. El proyecto pide que el Ejecutivo explique por qué los exámenes están siendo realizados por prestadoras particulares cuando la reglamentación del Estatuto Docente, establecida en la Ordenanza 40.593, dispone que esas evaluaciones deberían quedar a cargo del Servicio Médico de la Ciudad.
En ese sentido, las legisladoras reclaman conocer los fundamentos técnicos, legales y administrativos que justifican la intervención de centros privados contratados, entre ellos los vinculados al grupo Gaman, mencionados en los fundamentos del proyecto a partir de denuncias realizadas por docentes y organizaciones gremiales.
Qué información reclaman sobre las citaciones y los controles médicos
El pedido de informes incluye la solicitud de una nómina detallada de los trabajadores de la educación convocados durante 2026 para realizar o actualizar sus aptos médicos.
La información deberá estar discriminada por distrito escolar, nivel educativo, cargo y situación de revista, con el objetivo de conocer el alcance de las citaciones y los sectores del sistema educativo involucrados.
Otro de los puntos busca esclarecer por qué fueron convocados docentes que ya contaban con un apto médico aprobado al momento de ingresar a sus cargos, incluso cuando llevan muchos años de trayectoria dentro del sistema.
La iniciativa solicita que el Gobierno explique cuáles fueron los fundamentos técnicos, administrativos y legales que determinaron la necesidad de revisar esas evaluaciones.
También requiere información sobre los protocolos, las normativas y los criterios médicos que utilizan los centros de atención, las empresas prestadoras y la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo para establecer la aptitud física y psicológica del personal docente.
Aptos con reserva, reubicaciones y posibles consecuencias laborales
Uno de los aspectos centrales del reclamo está relacionado con los resultados de los reconocimientos médicos y sus efectos sobre la situación laboral de los trabajadores.
Martín y Biasi solicitan que el Ejecutivo informe cuántos docentes recibieron dictámenes de aptitud con reserva, no aptitud o reubicación laboral como consecuencia de las citaciones. Además, piden que se identifiquen las causas médicas que fundamentaron esas decisiones y los procedimientos administrativos iniciados en cada situación.
El proyecto también apunta a determinar si las revisiones derivaron en medidas que afectaron la continuidad laboral o los ingresos del personal educativo.
En particular, exige conocer cuántos sumarios, cesantías, suspensiones de haberes o bajas de cargos se iniciaron contra docentes como consecuencia directa de los resultados de los controles médicos o por no haber conseguido turnos dentro de los plazos establecidos.
A su vez, las legisladoras reclaman detalles sobre las medidas adoptadas para evitar que las citaciones y la realización de los estudios provoquen consecuencias administrativas para los trabajadores.
Entre las situaciones que buscan prevenir mencionan el cese del pago de salarios, la pérdida del presentismo, el registro de inasistencias injustificadas y cualquier afectación de la estabilidad laboral contemplada en el Estatuto Docente.
La intervención de empresas privadas y el uso de fondos públicos
La iniciativa también pone bajo análisis los recursos económicos destinados a la realización de estas evaluaciones.
En ese apartado, solicita que el Gobierno porteño informe cuáles son las partidas presupuestarias asignadas a los convenios con centros privados de salud y qué mecanismos de control fiscal y auditoría se utilizan para supervisar las prestaciones contratadas.
El objetivo es conocer cuánto dinero público se destina a estos procedimientos, bajo qué condiciones se realizan los acuerdos con las empresas y de qué manera se controla la calidad de los servicios médicos.
En los fundamentos, las autoras manifiestan su preocupación por la incertidumbre que las citaciones generaron entre trabajadores de distintos niveles y modalidades educativas. Hacen especial referencia a docentes con una extensa antigüedad y titularidad en sus cargos, que ya habían cumplido con los requisitos médicos correspondientes al momento de su incorporación al sistema.
También cuestionan la intervención de prestadoras privadas en un procedimiento que, según señalan, debería estar bajo responsabilidad del Servicio Médico de la Ciudad. A partir de ese planteo, reclaman explicaciones sobre el funcionamiento del sistema, el destino de los fondos públicos y las condiciones laborales del personal educativo.
El proyecto tiene carácter de pedido de informes y establece que el Poder Ejecutivo porteño deberá responder los puntos solicitados dentro de los 30 días de recibida la resolución.

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