La Libertad Avanza convocó a un plenario de comisiones para este martes con la intención de avanzar hacia la firma de un dictamen. Las modificaciones en discusión buscan delimitar las sanciones a empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en las islas, incorporar controles parlamentarios sobre el Consejo de Seguridad y atender los cuestionamientos de los bloques aliados y de Estados Unidos.
El oficialismo busca avanzar este martes con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el presidente Javier Milei, en medio de negociaciones con los bloques dialoguistas y de las observaciones planteadas por Estados Unidos sobre el posible impacto de la iniciativa en empresas de ese país.
La Cámara de Diputados convocó para las 16 a un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. La intención de La Libertad Avanza es alcanzar un acuerdo que permita introducir modificaciones al texto y reunir las firmas necesarias para emitir dictamen, aunque todavía no hay un entendimiento definitivo.
La negociación está encabezada por la diputada libertaria Silvana Giudici, quien mantiene conversaciones con los sectores cercanos al oficialismo para acercar posiciones antes de la reunión.
El plenario está presidido por los diputados Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, titulares de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, respectivamente.
“En cada reunión de comisiones, nosotros tenemos la intención de firmar los dictámenes”, señaló una de las autoridades del plenario.
Tanto en el Congreso como en la Casa Rosada sostienen que el tratamiento de la iniciativa continúa en marcha y que el oficialismo trabaja para consensuar los cambios con los bloques dialoguistas, que ya presentaron sus propias propuestas.
Argentina Federal anticipó reparos y podría votar en contra
Uno de los principales obstáculos para el Gobierno es conseguir el respaldo de Argentina Federal, el bloque conducido por Oscar Herrera Ahuad, que mantiene vínculos con los gobernadores de Misiones y Salta.
La bancada tuvo un papel relevante en las negociaciones relacionadas con la nueva ley de discapacidad, pero ahora mantiene objeciones al proyecto sobre soberanía nacional.
El diputado misionero Alberto Arrúa, uno de los nueve integrantes del espacio, adelantó que votará en contra de la iniciativa.
“El proyecto no se limita a proteger los recursos argentinos vinculados con Malvinas: también modifica normas de defensa, seguridad interior e inteligencia. El Gobierno obliga al Congreso a discutir la causa Malvinas junto con reformas que deberían tener tratamiento autónomo. Según la versión debatida, contempla penas de prisión de cinco a doce años vinculadas con la alteración de procesos electorales y las campañas de desinformación”, advirtió el legislador.
La reunión de este martes será determinante para establecer si La Libertad Avanza consigue las firmas necesarias para emitir un dictamen de mayoría. Si no logra reunirlas, Zapata podría convocar a un nuevo plenario, una alternativa que demoraría el avance de la iniciativa y le quitaría impulso político a la discusión.
Santiago Caputo defendió la iniciativa como una prioridad del Gobierno
El asesor presidencial Santiago Caputo ratificó la importancia que la administración de Milei le asigna al proyecto y lo presentó como una pieza central de su estrategia sobre la cuestión Malvinas.
“La Ley Malvinas es prioridad de este Gobierno porque la causa Malvinas, como ya ha dicho el Presidente, es una causa sagrada para los argentinos y ningún gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro. La mayoría de los gobernadores ya han expresado su apoyo al proyecto, como así también la mayoría de los bloques aliados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores”, afirmó.
Pese a esa defensa, el oficialismo todavía debe resolver los cuestionamientos de sus aliados parlamentarios y las observaciones formuladas por Estados Unidos sobre el alcance de las sanciones incluidas en el texto.
Qué modificaciones evalúa el oficialismo tras las advertencias de Estados Unidos
El viernes, el presidente Javier Milei mantuvo reuniones en la Casa Rosada con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau. Durante esos encuentros, la administración de Estados Unidos manifestó su preocupación por las posibles consecuencias que las sanciones previstas en el primer capítulo del proyecto podrían tener sobre empresas de ese país.
Ese apartado apunta contra compañías vinculadas con el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas e impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas. También contempla a empresas asociadas con esas firmas en otros emprendimientos.
En paralelo, diputados de La Libertad Avanza mantuvieron reuniones para revisar la redacción que se presentará ante el plenario. De esos encuentros participaron Giudici y Adrián Pagán, secretario parlamentario de la Cámara baja.
Entre las modificaciones que se encuentran bajo análisis figura una delimitación de las sanciones aplicables a otras compañías que actúen como operadoras directas, licenciatarias, proveedoras o accionistas de proyectos que el Gobierno argentino considere ilegales.
Con esa reformulación, el oficialismo buscaría atender los planteos de la administración estadounidense y precisar el alcance de las penalidades previstas en la iniciativa. En esas gestiones también tuvo un papel relevante el embajador estadounidense Peter Lamelas.
Consejo de Seguridad: buscan incorporar controles parlamentarios
Otro de los puntos centrales de la discusión es el funcionamiento del Consejo de Seguridad, al que el proyecto le asigna facultades para aceptar o rechazar inversiones de Estados o empresas con capitales extranjeros.
Durante el debate surgieron cuestionamientos sobre el amplio margen de interpretación y aplicación que podría tener ese organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, frente a las disposiciones que apruebe el Congreso.
Aunque el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, no expusieron ante la Cámara de Diputados para defender el proyecto, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, presentó un informe extenso ante el plenario.
En esa instancia, anunció que el Poder Ejecutivo aceptó incorporar una Comisión Bicameral encargada de hacer un seguimiento de las decisiones del Consejo de Seguridad. La propuesta había sido impulsada por el diputado aliado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), con el objetivo de garantizar la participación del Parlamento en el control de esas medidas.
Según el cambio anunciado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la Comisión Bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
La incorporación de ese mecanismo de supervisión constituye uno de los ajustes que el oficialismo busca consensuar con los sectores que plantearon reparos sobre las facultades previstas en el proyecto.
También modificarían las sanciones por injerencia extranjera y desinformación
La iniciativa contempla además cambios en el artículo 111, que establece sanciones por la injerencia extranjera en procesos electorales y campañas de desinformación.
La nueva redacción excluiría expresamente de esas sanciones a los periodistas, la investigación académica y la actividad diplomática.
La modificación responde a pedidos de sectores cercanos al Gobierno, entre ellos la Unión Cívica Radical, y a cuestionamientos formulados por Unión por la Patria. Entre las objeciones de ese espacio se encuentran las planteadas por la diputada bonaerense Agustina Propato.
El oficialismo busca así revisar el alcance de las disposiciones vinculadas con la intervención extranjera y las campañas de desinformación, mientras intenta reunir el respaldo necesario para avanzar con el tratamiento legislativo.
Jorge Taiana cuestionó la posición estadounidense sobre las islas
Desde Unión por la Patria, el diputado y excanciller Jorge Taiana volvió a cuestionar la política exterior del Gobierno y su relación con la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
“Lo venimos advirtiendo hace tiempo: Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Su posición de neutralidad se mantiene intacta, pese al alineamiento ciego de (Javier) Milei. El discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de (Donald) Trump”, sostuvo.
Las declaraciones se incorporan a una discusión que combina el reclamo argentino de soberanía sobre las islas con las diferencias políticas en torno al contenido de la iniciativa y las modificaciones que el oficialismo considera necesarias para sumar apoyos en el Congreso.
Victoria Villarruel volvió a pronunciarse sobre Malvinas
La vicepresidenta Victoria Villarruel también volvió a expresarse sobre la cuestión Malvinas después de un período sin pronunciamientos públicos sobre el tema.
Ante la consulta de un usuario en redes sociales acerca de si el debate legislativo estaba frenado, respondió: “Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba”.
La expresión latina significa “cosas, no palabras”.
Villarruel mantiene fijado en su cuenta de X un mensaje en el que desarrolla su posición sobre la soberanía de las islas y el recuerdo de los excombatientes.
“El conflicto por las Islas Malvinas admite dos tipos de consideraciones. Las políticas destinadas a su recuperación y el recuerdo de sus héroes. Respecto de la primera cuestión, sabemos y ratificamos que la única solución al conflicto que mantenemos con el Reino Unido es el diálogo bilateral por soberanía. Pero ellos se niegan. La presencia ilegal de los británicos en el Atlántico Sur es un tema que excede la necesaria discusión sobre la soberanía de nuestras islas; estamos hablando del presente y el futuro de nuestros intereses en el Atlántico Sur”, señala el texto.
Además, la gráfica de su página incluye la consigna “Las Malvinas son argentinas”, con una tipografía similar a la utilizada en la bandera que se exhibió durante el Mundial de Estados Unidos después del triunfo argentino frente a Inglaterra.
En paralelo, el Senado nacional, a través de la Dirección Gesta de Malvinas, que depende de Villarruel, mantiene actividades de homenaje a los veteranos de la guerra del Atlántico Sur.
Un plenario clave para el futuro del proyecto
La Libertad Avanza llega a la reunión de este martes con el objetivo de reunir las firmas necesarias para avanzar hacia el recinto, pero todavía debe resolver diferencias con sectores aliados y definir los cambios vinculados con las observaciones de Estados Unidos.
Las negociaciones incluyen la delimitación de sanciones a empresas relacionadas con proyectos hidrocarburíferos en Malvinas, la creación de una comisión parlamentaria de seguimiento de las decisiones del Consejo de Seguridad y la revisión de las penalidades por injerencia extranjera y desinformación.
El resultado del plenario permitirá determinar si el oficialismo consigue emitir un dictamen de mayoría o si deberá continuar las conversaciones para acercar posiciones con los distintos bloques.

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