Diputados aprobó la modificación de la norma que regula estas reservas estratégicas de agua.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que reavivó el debate sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental.
La modificación introduce cambios de fondo en el esquema de protección de los glaciares y las zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Hasta ahora, la legislación vigente establecía un criterio amplio de resguardo, que alcanzaba tanto a los cuerpos de hielo como a los suelos congelados que cumplen funciones clave en la regulación hídrica.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la redefinición del alcance de la protección. A partir de ahora, solo quedarán bajo resguardo estricto aquellas áreas que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”, lo que abre la puerta a que otras zonas queden habilitadas para actividades productivas.
En ese marco, se otorga mayor protagonismo a las provincias, que podrán definir sus propios criterios para determinar qué áreas proteger. Este cambio responde a reclamos de distritos con fuerte presencia de la actividad minera, pero genera preocupación entre especialistas por la posible falta de criterios unificados.
Otro aspecto central es la modificación del rol del IANIGLA, que pasa de tener una función técnica clave en la identificación de glaciares a cumplir un rol más limitado, centrado en el registro y consulta del inventario.
La reforma también introduce un cambio en el sistema de prohibiciones: se abandona el esquema de restricciones generales y se pasa a un modelo basado en evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, en manos de las autoridades provinciales.
Desde el oficialismo sostienen que estos cambios permitirán ordenar el marco normativo y fortalecer el federalismo. Sin embargo, organizaciones ambientales advierten que podría debilitarse la protección de ecosistemas fundamentales para la seguridad hídrica del país.
La reforma abre un nuevo escenario en la gestión de los recursos naturales y deja planteado un debate de fondo sobre el futuro ambiental del país.
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