La Libertad Avanza necesita consolidar el respaldo de sus aliados para avanzar con su agenda legislativa, pero las diferencias internas y las dudas sobre acuerdos ya negociados complican el escenario. El financiamiento para Discapacidad, la Ley de Tierras y el proyecto sobre Malvinas concentran las principales tensiones, mientras el Presupuesto 2027 y la reforma electoral siguen entre las prioridades del Ejecutivo.
El Gobierno nacional enfrenta días decisivos en el Congreso, donde deberá demostrar su capacidad no solo para construir nuevos consensos, sino también para sostener los acuerdos que ya negoció con sus aliados. La agenda de la Cámara de Diputados concentra buena parte de esa presión, con iniciativas sensibles que generan diferencias dentro del oficialismo y despiertan cuestionamientos entre los bloques dialoguistas.
Entre los principales frentes aparecen el financiamiento de las políticas de Discapacidad, los cambios vinculados con la Ley de Tierras y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional relacionado con las Islas Malvinas. A ese escenario se suman el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, dos asuntos centrales para la estrategia política de Javier Milei.
Aunque el oficialismo busca acelerar el tratamiento de sus proyectos, las negociaciones avanzan en medio de desacuerdos sobre los compromisos asumidos, las concesiones presupuestarias y el alcance de algunas iniciativas. En ese contexto, el tema Malvinas adquirió un lugar prioritario, pero también abrió una situación diplomática incómoda para el Gobierno tras una iniciativa impulsada por Estados Unidos en las Naciones Unidas.
Malvinas: el proyecto oficialista necesita cambios para conseguir respaldo
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional expuso rápidamente dos posiciones diferentes dentro de la Cámara baja. Por un lado, existe consenso entre distintos espacios políticos sobre la necesidad de establecer sanciones para las empresas que participen en proyectos de explotación de recursos naturales en aguas y territorio de las Islas Malvinas sin autorización argentina.
Por otro, los capítulos referidos a las sanciones contra quienes promuevan campañas de “desinformación masiva” y a la integración y las facultades del Consejo de Seguridad generaron críticas y rechazos.
Los cuestionamientos se concentran especialmente en la amplitud de los criterios utilizados para definir la desinformación, que, según sectores de la oposición, podrían afectar la libertad de expresión.
Ante esas diferencias, algunos legisladores propusieron dividir la iniciativa en dos proyectos separados. Sin embargo, el oficialismo rechazó esa alternativa y buscó abrir nuevas conversaciones para conseguir los apoyos necesarios.
Los bloques aliados de La Libertad Avanza también transmitieron sus reparos y advirtieron que el texto, tal como fue redactado por la Casa Rosada, no tiene posibilidades de avanzar sin modificaciones.
Frente a ese escenario, el oficialismo había convocado para este martes a un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación General. Sin embargo, un día antes resolvió postergar el encuentro para la semana siguiente.
La decisión dejó en evidencia que todavía no estarían aseguradas las firmas de los sectores que el Gobierno necesita para avanzar con el proyecto, entre ellos el PRO, el bloque oficial de la Unión Cívica Radical y legisladores vinculados con gobernadores provinciales.
En sectores de la oposición también consideran que podrían influir presiones de empresas estadounidenses por el alcance de algunos artículos relacionados con las sanciones. El oficialismo, por su parte, alternó entre el silencio y las descalificaciones informales frente a esas versiones.
La iniciativa de Estados Unidos que incomoda a Milei
A las dificultades legislativas se sumó un episodio diplomático que introdujo una diferencia inesperada entre el Gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump.
Estados Unidos propuso disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el ámbito internacional en el que la Argentina sostiene una parte central de su reclamo diplomático por la soberanía de las Islas Malvinas.
La iniciativa difícilmente pueda concretarse sin un respaldo mayoritario en la Asamblea General de la ONU. No obstante, la propuesta abrió un frente incómodo para el oficialismo argentino, que mantiene una relación política estrecha con la administración estadounidense.
El planteo podría obligar a los representantes de La Libertad Avanza a unificar una posición frente a eventuales cuestionamientos de la oposición durante el debate del proyecto de soberanía.
En ese marco, el Gobierno deberá equilibrar su estrategia diplomática con la necesidad de conseguir apoyos legislativos para una iniciativa que todavía genera diferencias entre sus propios aliados.
Las negociaciones requieren tiempo y modificaciones para acercar posiciones. Mientras tanto, el Congreso también pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para cumplir los compromisos asumidos en otras discusiones.
Discapacidad: las concesiones presupuestarias abrieron una interna
Uno de los asuntos más sensibles para el Gobierno es el proyecto relacionado con los recursos destinados al área de Discapacidad, que la oposición busca impulsar en Diputados.
En las negociaciones con sus aliados, La Libertad Avanza, con un papel central del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aceptó concesiones presupuestarias para conseguir un dictamen que permita avanzar con la iniciativa.
El entendimiento contemplaba dejar de lado el fuerte ajuste previsto para el sector en el proyecto de Presupuesto 2027. Sin embargo, las condiciones acordadas generaron desacuerdos dentro del propio Poder Ejecutivo.
Según el escenario descripto en las negociaciones, desde el área económica y otros sectores del Gobierno transmitieron su disconformidad con los términos del acuerdo alcanzado por los legisladores.
El mensaje dirigido a los representantes parlamentarios fue que el Presidente no estaría dispuesto a aceptar compromisos que, desde su perspectiva, pudieran poner en riesgo el objetivo de mantener el superávit fiscal.
La advertencia reabrió dudas sobre el alcance de los acuerdos y sobre la posibilidad de que el Gobierno termine desconociendo compromisos asumidos durante las negociaciones.
El antecedente de los vetos presidenciales y el incumplimiento de una ley, como ocurre con el financiamiento universitario, alimenta la desconfianza de los sectores que buscan garantizar recursos para Discapacidad.
Por ahora, no está claro hasta dónde podría llegar la advertencia del Ejecutivo. Las conversaciones entre los libertarios y sus aliados serán determinantes para definir el futuro del proyecto, que propone extender durante 2027 la emergencia en Discapacidad.
La sesión impulsada por La Libertad Avanza para este miércoles aparece como una instancia decisiva. La discusión llegará al recinto en medio de las dudas sobre la solidez del entendimiento y de las especulaciones opositoras sobre las posibilidades de que el dictamen avance.
Ley de Tierras: un acuerdo que genera reparos en el Senado
La Ley de Tierras constituye otro frente de tensión para el oficialismo. La intención inicial del Gobierno había sido derogar la norma sancionada durante una etapa anterior del kirchnerismo.
Esa decisión estaba contemplada en un capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, el apartado fue eliminado íntegramente durante su tratamiento en el Senado, ante la falta de respaldo suficiente en un contexto político en el que la cuestión de la soberanía volvió a ganar protagonismo.
El tema parecía haber quedado fuera de la agenda inmediata, pero dos fallos de la Corte Suprema volvieron a ponerlo en discusión.
La oposición retomó entonces sus cuestionamientos y, en Diputados, buscó avanzar contra el conjunto del DNU 70/2023, en lugar de limitarse al artículo que deroga la Ley de Tierras.
Para frenar esa iniciativa, el oficialismo negoció con sus aliados y con los bloques dialoguistas. La estrategia le permitió evitar que prosperara la ofensiva opositora la semana pasada, pero a cambio debió aceptar un compromiso: anular por ley el apartado del decreto que derogaba la norma.
Ese entendimiento quedó incorporado al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que, si obtiene la aprobación de Diputados, deberá regresar al Senado.
Es precisamente en la Cámara alta donde comenzaron a circular reparos entre senadores de La Libertad Avanza. Algunos legisladores deberán ahora respaldar una modificación que contradice la posición que habían defendido anteriormente.
La discusión pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para sostener un acuerdo negociado en una cámara cuando todavía existen diferencias en la otra.
Presupuesto 2027 y reforma electoral, en la agenda del Gobierno
Las dificultades para cerrar y sostener consensos se producen mientras el Ejecutivo intenta avanzar con otras iniciativas de peso.
El Presupuesto 2027 constituye uno de los principales desafíos, especialmente por las negociaciones que el Gobierno debe mantener con los gobernadores y los bloques dialoguistas para conseguir respaldo parlamentario.
La reforma electoral, que se encuentra desde hace tiempo en el centro de las conversaciones en el Senado, también forma parte de las prioridades oficiales y es considerada relevante para la estrategia política de Milei de cara a una eventual reelección.
Ambos proyectos demandan acuerdos con distintos sectores y obligan al Gobierno a atender reclamos que no siempre coinciden con sus objetivos fiscales y políticos.
En ese escenario, las discusiones por Discapacidad, la Ley de Tierras y Malvinas funcionan como pruebas inmediatas para medir la fortaleza de la alianza legislativa que construyó La Libertad Avanza.
El oficialismo deberá demostrar si puede sostener los compromisos que asume durante las negociaciones y, al mismo tiempo, mantener la cohesión interna de su espacio. La evolución de estos debates será determinante para conocer hasta dónde puede avanzar la agenda del Gobierno en el Congreso.

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