La Casa Rosada confirmó que aplicará descuentos salariales a los empleados públicos nacionales que participen de la huelga del jueves 15 de octubre. En paralelo, busca un acuerdo con las universidades para ampliar las partidas del próximo presupuesto, aunque descarta llegar a los $11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional.
El Gobierno nacional descontará el día a los empleados de la Administración Pública Nacional que adhieran al paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves 15 de octubre. Al mismo tiempo, la Casa Rosada abrió una instancia de negociación con las universidades nacionales para intentar reducir otro de los focos de conflicto, mediante un posible incremento de los recursos previstos en el Presupuesto 2027.
La estrategia oficial combina una postura firme frente a la medida sindical con conversaciones destinadas a acercar posiciones con rectores, docentes y trabajadores no docentes del sistema universitario. El objetivo es avanzar hacia un acuerdo presupuestario, aunque el Ejecutivo descarta elevar las partidas hasta los aproximadamente $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
En el caso del paro estatal, fuentes del Gobierno confirmaron que se aplicará el descuento de la jornada a quienes participen de la huelga, bajo el mismo criterio utilizado por la administración nacional frente a medidas de fuerza anteriores.
ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para el jueves 15 de octubre y anunció una movilización al Congreso a partir de las 13.30. El sindicato reclama la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado durante el gobierno de Javier Milei.
Qué servicios podrían verse afectados por el paro de ATE
La organización sindical anticipó que la medida tendrá alcance en distintas dependencias de la Administración Pública Nacional y podría extenderse a organismos provinciales y municipales, de acuerdo con las decisiones que adopte cada jurisdicción.
En los hospitales contemplados por la convocatoria se prevé mantener guardias mínimas y la atención de urgencias en determinados centros asistenciales. El alcance concreto de la prestación dependerá de la organización de cada establecimiento y del nivel de adhesión de los trabajadores.
Entre los organismos nacionales que podrían registrar interrupciones o demoras se encuentran Migraciones, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La protesta también alcanzará a otras dependencias estatales, aunque cada sector y jurisdicción determinará cómo se implementará la medida y qué servicios esenciales deberán mantenerse.
El reclamo de ATE está dirigido principalmente contra el DNU 70/2023, una norma que introdujo modificaciones en distintas áreas de la regulación económica, comercial, contractual y laboral. El sindicato sostiene que el decreto debe ser derogado en su totalidad.
El paro coincidirá con la Marcha Federal Universitaria
La jornada del jueves reunirá tres frentes de tensión para el Gobierno: el paro de ATE, la quinta Marcha Federal Universitaria y el intento de sectores opositores de abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados para avanzar contra el DNU 70/2023.
La movilización universitaria tendrá como eje el reclamo por el financiamiento del sistema público, la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En paralelo, sectores de la oposición buscarán reunir el quórum necesario en Diputados para debatir iniciativas vinculadas con el decreto. En la Casa Rosada consideran que, por el momento, esos bloques no cuentan con los apoyos suficientes para iniciar la sesión y mantienen conversaciones con legisladores aliados para impedir que se alcance el número requerido.
De esta manera, el Ejecutivo intentará contener la ofensiva parlamentaria mientras sostiene las negociaciones con el sector universitario para encontrar una salida al conflicto por los recursos.
Cuánto dinero reclama el sistema universitario para 2027
En el frente universitario, el Gobierno reconoce que está dispuesto a incrementar los fondos previstos en el Presupuesto 2027, aunque mantiene diferencias con el cálculo presentado por las instituciones educativas.
El proyecto oficial contempla alrededor de $7,5 billones para el sistema universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama una partida cercana a los $11 billones.
La diferencia entre ambas cifras ronda el 32% respecto del monto solicitado por las casas de estudio. Desde el sector universitario, además, advierten que la propuesta presupuestaria del Ejecutivo no alcanzaría para cubrir las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario y por las resoluciones judiciales vigentes.
Las diferencias no se limitan al monto total de las transferencias. En el Gobierno consideran que la negociación debe incluir otras variables que inciden en las cuentas de las universidades nacionales, con el objetivo de construir un acuerdo que contemple tanto los recursos disponibles como las obligaciones del sistema.
Los aportes patronales y las cuestiones tributarias, en la negociación
Entre los puntos que comenzaron a discutirse aparecen cuestiones impositivas y previsionales vinculadas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además del régimen de contribuciones patronales que alcanza a las universidades nacionales.
Las casas de estudio cuentan con un esquema especial de aportes que converge progresivamente hacia la alícuota general correspondiente al sector público.
Según la normativa vigente, la alícuota prevista para 2026 es del 13,65%. El porcentaje aumentará al 14,52% en 2027 y continuará subiendo de manera gradual hasta alcanzar el 17,13% en 2030.
Desde el ámbito universitario confirmaron que este régimen forma parte de las conversaciones, aunque todavía no existe un acuerdo sobre posibles modificaciones.
La intención de la Casa Rosada es integrar estos aspectos a una negociación más amplia que contemple el financiamiento, los salarios y las cuestiones tributarias. En el Ejecutivo esperan que un eventual entendimiento dentro del Presupuesto 2027 también contribuya a reducir el conflicto judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario
El financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales puntos de presión sobre el Gobierno nacional.
El juez Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad presupuestaria y ordenó su cumplimiento. El Ejecutivo apeló esa sentencia y sostiene que ya avanzó parcialmente en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los salarios y los gastos de funcionamiento.
En junio, el Ministerio de Capital Humano firmó un acuerdo con el CIN y los gremios universitarios que estableció una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento y un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios.
El acuerdo también contempló un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano. En septiembre, el Gobierno informó una mejora salarial adicional del 3%.
Sin embargo, las diferencias entre las partes continúan. Referentes docentes y no docentes mantuvieron este martes reuniones con diputados por fuera de la Comisión de Educación para analizar el Presupuesto 2027 y estimaron que existe una brecha cercana al 30% entre la propuesta oficial y las necesidades que plantea el sistema universitario.
Los rectores, por su parte, reclaman que la ley vigente sea incorporada plenamente al cálculo de gastos previsto para el próximo año.
El Gobierno busca un acuerdo antes de 2027
En la Casa Rosada consideran que el conflicto universitario combina una discusión fiscal con un frente político y social que el Ejecutivo busca resolver antes del próximo año electoral.
La posición oficial es que cualquier incremento de los recursos debe respetar el equilibrio presupuestario y financiarse mediante reasignaciones o recursos disponibles, sin recurrir a nuevas fuentes de emisión monetaria ni a un mayor endeudamiento.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el Gobierno continuará trabajando sobre el financiamiento universitario, pero descartó recurrir a esas alternativas para responder a los reclamos. También pidió que la movilización del jueves se desarrolle de manera pacífica y cuestionó el ingreso de manifestantes al Palacio Pizzurno durante protestas anteriores.
Con ese escenario, el Ejecutivo intentará mantener abiertas las negociaciones con las universidades mientras sostiene su rechazo a las demandas presupuestarias que considera incompatibles con sus objetivos fiscales.
El jueves concentrará así tres focos de tensión para el Gobierno nacional: la huelga de ATE, la movilización universitaria y el intento opositor de sesionar en Diputados contra el DNU 70/2023. Mientras confirma que descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro, la Casa Rosada buscará evitar que avance la ofensiva parlamentaria y alcanzar un entendimiento con las universidades dentro del Presupuesto 2027.

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