El sindicato anunció una huelga de 24 horas para el jueves 15 de octubre, con movilizaciones en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, marchará al Congreso en coincidencia con la protesta universitaria y una sesión de Diputados que buscará debatir el decreto impulsado por Javier Milei.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para el jueves 15 de octubre, en reclamo por la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al comienzo de su gestión.
La medida incluirá movilizaciones en distintas ciudades del país y podría afectar el funcionamiento de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales. En la Ciudad de Buenos Aires, la organización sindical se concentrará desde las 13.30 frente al Congreso de la Nación, donde la oposición convocó a una sesión especial para intentar rechazar la norma.
La protesta coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que reclamará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial para los trabajadores del sector y mayores recursos para las universidades públicas.
La convocatoria de ATE fue formalizada mediante una presentación ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano. El documento, fechado el 9 de octubre, fue dirigido al secretario del área, Julio Cordero, y lleva las firmas de Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, y Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta.
En la notificación, el sindicato anunció una “Jornada Nacional de Lucha de 24 horas con Paros, Asambleas y Movilizaciones” en toda la Administración Pública Nacional.
La medida contempla a organismos centrales, desconcentrados y descentralizados, entes, empresas y sociedades del Estado. También alcanza a las administraciones provinciales y municipales, aunque cada conducción distrital definirá cómo se desarrollarán las protestas en su jurisdicción.
Qué servicios podrían verse afectados por el paro de ATE
La huelga tendrá impacto potencial en diferentes áreas de la administración pública y en servicios que dependen de trabajadores estatales. La magnitud de las interrupciones estará sujeta al nivel de adhesión y a la organización de las prestaciones esenciales.
Según informó ATE, en los hospitales se garantizarán únicamente guardias mínimas, mientras que en los centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores se mantendrá la atención de urgencias.
Entre las actividades que podrían registrar dificultades se encuentran:
- Hospitales y centros de salud: se prevén guardias mínimas y atención de urgencias.
- Recolección de residuos: el servicio podría sufrir interrupciones según la adhesión de los trabajadores.
- Educación: podrían verse afectadas las tareas de los auxiliares escolares.
- Servicios urbanos: podrían registrarse restricciones en las guardias urbanas y en las tareas de los agentes de tránsito.
- Controles migratorios: podrían producirse demoras en los procedimientos y trámites correspondientes.
- Senasa: podrían verse afectados los controles sanitarios en puertos y aduanas.
- Transporte y aviación: la convocatoria alcanza a trabajadores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), controladores aéreos y personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
- PAMI y ANSES: ATE anticipó restricciones en la atención y señaló que se atenderían exclusivamente emergencias.
- Medios públicos: podrían verse afectados los radiooperadores.
- Manejo de incendios y energía nuclear: la medida incluye a trabajadores dedicados al combate de incendios forestales y al mantenimiento de plantas nucleares.
En el caso de la ANAC, el anuncio sindical establece que se garantizarán únicamente los vuelos sanitarios y de Estado.
Los servicios provinciales y municipales también podrían registrar interrupciones, de acuerdo con las decisiones que adopten las respectivas representaciones sindicales. Por eso, el alcance concreto de la huelga dependerá de la adhesión en cada organismo y de las disposiciones previstas para sostener las prestaciones esenciales.
Diputados debatirá el DNU en medio de las movilizaciones
El paro nacional se desarrollará en paralelo con una sesión especial convocada por bloques opositores de la Cámara de Diputados para el jueves a las 14.
El temario incluye el tratamiento del DNU 70/23, iniciativas relacionadas con el endeudamiento de las familias y una propuesta para extender la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027.
Uno de los principales interrogantes será si la oposición consigue reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum e iniciar la sesión. La convocatoria fue impulsada por el peronismo, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, la izquierda y otras bancadas.
Mientras esos espacios buscan avanzar con el tratamiento del decreto, el oficialismo intenta evitar que prospere su rechazo y mantiene conversaciones con aliados parlamentarios y representantes de las provincias.
El DNU 70/23 ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024. Según el procedimiento previsto en la legislación que regula el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia, un rechazo de la Cámara de Diputados completaría el trámite para dejar sin vigencia la norma, con los alcances y efectos establecidos por esa ley.
La Ley de Tierras y la discusión judicial
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la derogación de la Ley de Tierras, dispuesta mediante su artículo 154.
La normativa establecía restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellas un límite del 15% de la superficie a nivel nacional, provincial y municipal, además de otras condiciones para la adquisición de propiedades rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
La discusión sumó un nuevo capítulo judicial durante octubre. Después de una resolución anterior de la Corte Suprema sobre la legitimación de quienes cuestionaban la derogación, el máximo tribunal dictó una medida cautelar interina que suspendió los efectos del artículo 154 y restableció provisoriamente la aplicación de la Ley de Tierras.
La decisión modificó el escenario previo al debate parlamentario. Mientras la oposición mantuvo su intención de discutir la totalidad del decreto, el Gobierno consideró que la resolución judicial podía reducir los apoyos necesarios para habilitar el tratamiento del tema.
Sin embargo, la cautelar tiene carácter transitorio y la controversia todavía debe resolverse de manera definitiva.
La conducción de ATE incluyó expresamente la cuestión entre los motivos de la huelga. En su presentación ante la Secretaría de Trabajo, el gremio sostuvo que la jornada de protesta también busca defender la soberanía nacional, cuestionar la extranjerización de las tierras y respaldar la educación pública universitaria.
Qué dijo Rodolfo Aguiar sobre el decreto de Milei
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, defendió la convocatoria y reclamó avanzar con la derogación completa de la norma.
“Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, afirmó al anunciar la medida.
El dirigente también cuestionó que el Poder Ejecutivo utilice decretos para introducir cambios en distintas áreas de la legislación.
“No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”, sostuvo.
Aguiar vinculó además el reclamo sindical con las modificaciones que el DNU introdujo en distintos sectores de la economía.
“Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo”, declaró.
Las expresiones forman parte de la postura de la conducción sindical frente a una de las principales medidas de desregulación económica de la administración libertaria.
El decreto introdujo modificaciones en materias laborales, comerciales, contractuales y de regulación estatal, varias de las cuales dieron lugar a impugnaciones judiciales y controversias legislativas desde su publicación.
La protesta universitaria también se concentrará frente al Congreso
La jornada del jueves tendrá otro eje central en el conflicto universitario. Rectores, docentes, trabajadores no docentes y agrupaciones estudiantiles convocaron a movilizarse para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y recursos para las instituciones públicas.
La protesta se desarrollará en medio de la disputa presupuestaria entre las universidades y el Poder Ejecutivo, así como de las actuaciones judiciales relacionadas con la implementación de la norma.
La coincidencia entre el paro de ATE, la movilización universitaria y la sesión especial de Diputados concentrará buena parte de la actividad política y sindical frente al Palacio Legislativo.
En el interior del país, las conducciones provinciales del gremio definirán los lugares de concentración, los recorridos y las modalidades de protesta. Según informó la organización, los reclamos también incluyen el deterioro del empleo estatal y la defensa de los recursos estratégicos.
El resultado del debate parlamentario dependerá de los acuerdos que alcancen los bloques y de la posibilidad de reunir el quórum necesario. En paralelo, ATE llevará sus demandas a las calles mediante una huelga nacional que coincidirá con una jornada de movilización en defensa de la educación pública y contra el DNU 70/23.

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