El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, sostuvo que la prioridad de Washington sería desescalar una eventual crisis entre ambos países antes de considerar cualquier otro tipo de intervención. También remarcó los vínculos que Estados Unidos mantiene tanto con Argentina como con el Reino Unido.
El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó que Washington buscaría evitar una escalada en caso de que aumenten las tensiones entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.
El funcionario de la administración de Donald Trump fue consultado por GB News sobre la eventual reacción estadounidense frente a un hipotético nuevo conflicto armado en el Atlántico Sur y, particularmente, sobre la posibilidad de que Washington brindara respaldo militar al Reino Unido.
Waltz evitó anticipar cuál sería la posición de Estados Unidos ante un escenario de esas características y explicó que una decisión sobre una eventual intervención militar corresponde directamente al presidente estadounidense.
“Es una decisión del comandante en jefe”, afirmó el diplomático, antes de señalar que no se adelantaría a una posible determinación de Trump.
Sin embargo, el representante estadounidense marcó cuál sería, según sus declaraciones, la prioridad inicial de Washington ante una eventual escalada.
“Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”, sostuvo Waltz.
El embajador también hizo referencia a los vínculos que Estados Unidos mantiene con los dos países involucrados en la disputa por las islas.
“Argentina es una gran amiga de Estados Unidos”, aseguró, mientras que al mismo tiempo destacó la histórica “relación especial” que une a Washington con el Reino Unido.
Ante la consulta específica sobre la posibilidad de que Estados Unidos brindara algún tipo de asistencia militar, Waltz evitó precisar cuál podría ser la respuesta y dejó esa definición en manos de la Casa Blanca.
“En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al Presidente”, manifestó.
La postura de Trump sobre las Malvinas
Las declaraciones de Waltz se conocieron luego de que Donald Trump generara interrogantes sobre la posición que Estados Unidos mantiene frente a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.
A fines de agosto, Trump fue consultado sobre la posibilidad de revisar la postura estadounidense respecto de las islas y respondió que analizaba “cada posición”.
Más adelante, ante una pregunta relacionada con una eventual confrontación, el presidente estadounidense puso en duda la capacidad o la disposición del Reino Unido para volver a desplegar fuerzas militares a una distancia tan grande.
De todos modos, Trump no anunció formalmente un cambio en la política de Estados Unidos respecto de la disputa de soberanía.
La cuestión también fue planteada directamente por el primer ministro británico, Andy Burnham, durante su encuentro con Trump en Nueva York el 22 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Después de esa reunión, Burnham afirmó: “Vamos a mantenernos firmes frente a cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los habitantes de las Falklands a la autodeterminación y a seguir siendo británicos”.
Según el primer ministro británico, Trump comprendió la posición que le transmitió durante el encuentro.
El conflicto por la explotación petrolera
El nuevo episodio diplomático se desarrolla en paralelo a la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las aguas próximas a las Islas Malvinas.
Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration.
El Gobierno argentino sostiene que esas operaciones no cuentan con autorización nacional.
En ese marco, el 4 de septiembre inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con tareas de exploración y explotación de hidrocarburos. Cuatro días después, amplió los expedientes a otros 15 sujetos.
Además, la Casa Rosada anunció una denuncia penal contra distintas compañías relacionadas con las actividades desarrolladas en la zona y envió al Congreso un proyecto destinado a endurecer las sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina.
La tensión volvió a incrementarse el 28 de septiembre, cuando Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno para iniciar el procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
De acuerdo con lo informado oficialmente por la Presidencia, el objetivo de la medida es impedir la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion y evitar nuevas autorizaciones para la utilización de recursos naturales en los espacios marítimos que Argentina reclama como propios.
Navitas Petroleum posee el 65% del proyecto Sea Lion, mientras que Rockhopper Exploration tiene el 35% restante.
Las compañías sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y con el respaldo del Gobierno británico. La primera producción de petróleo del proyecto está prevista para 2028.
En paralelo, durante septiembre una jueza federal argentina ordenó detener las tareas vinculadas con el proyecto hasta que se lleve adelante una evaluación ambiental.
La posibilidad de hacer efectiva esa resolución fuera de la jurisdicción argentina constituye uno de los puntos que permanecen abiertos dentro de la disputa.
La posición oficial argentina sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos correspondientes, forman parte del territorio nacional.
El Reino Unido, por su parte, administra las islas y mantiene la posición de que sus habitantes tienen derecho a determinar su estatus político.
En este contexto, las declaraciones de Mike Waltz suman la postura de Washington ante una eventual escalada, aunque el funcionario evitó anticipar qué tipo de respaldo podría brindar Estados Unidos a cualquiera de las partes y remarcó que cualquier decisión de ese nivel correspondería al presidente Donald Trump.
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