El traspaso de las competencias laborales a la Ciudad abre interrogantes sobre la continuidad de los 180 conciliadores que actualmente forman parte del sistema nacional. Mientras tanto, el Gobierno porteño impulsa la creación de un nuevo servicio obligatorio de conciliación previa para los conflictos laborales.
El proceso de transferencia de las competencias laborales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires comienza a generar modificaciones que exceden el funcionamiento de los tribunales. Uno de los principales cambios alcanza al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), mecanismo que desde hace casi tres décadas interviene en miles de conflictos entre trabajadores y empleadores antes de que lleguen a la Justicia.
La transición plantea dos interrogantes centrales. Por un lado, existe incertidumbre respecto del futuro de los 180 conciliadores laborales que actualmente integran el sistema nacional y que no aparecen mencionados de manera expresa en el nuevo esquema procesal porteño. Por otro, el Gobierno de la Ciudad impulsa ante la Legislatura un proyecto para crear su propio Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria.
El escenario abre una pregunta clave: qué sucederá con el SECLO nacional y quiénes podrán desempeñarse como conciliadores cuando el nuevo fuero laboral porteño se encuentre funcionando plenamente.
Qué puede pasar con los conciliadores del SECLO
La instancia de conciliación laboral obligatoria previa al juicio fue creada en 1996 mediante la Ley 24.635, norma que dio origen al SECLO y al Registro Nacional de Conciliadores Laborales.
El organismo tiene entre sus funciones administrar el registro de profesionales, realizar mediante un sistema informático el sorteo de las causas presentadas por los abogados de los trabajadores y homologar los acuerdos alcanzados durante las conciliaciones.
Los conciliadores son abogados que cuentan con antigüedad en la matrícula y formación especializada en Derecho del Trabajo. Para acceder a la función deben atravesar instancias de capacitación y evaluación.
Actualmente, el sistema cuenta con un esquema cerrado de 180 conciliadores activos.
La actividad desarrollada durante estos años muestra la importancia que adquirió el mecanismo. En promedio, se sortean alrededor de 7.500 trámites por mes, lo que representa aproximadamente entre 41 y 42 expedientes para cada conciliador.
Entre el 40% y el 45% de los reclamos finalizan con un acuerdo conciliatorio homologado.
Además, se estima que cada profesional participó en unos 18.000 procedimientos desde 1996 y que cuenta con aproximadamente 450 horas de capacitación acreditadas.
En términos acumulados, la actividad del sistema habría evitado que alrededor de 3,2 millones de expedientes terminaran judicializados y llegaran a los juzgados laborales.
El problema aparece ahora a partir del traspaso de las competencias laborales desde la Nación hacia la Ciudad.
El nuevo Código Procesal para la Justicia del Trabajo de CABA, establecido mediante la Ley 6790, no contempla expresamente al SECLO nacional como instancia previa obligatoria ni menciona a los profesionales que actualmente forman parte de su registro.
Tampoco se estableció hasta el momento un régimen transitorio que permita determinar cómo funcionará el servicio durante el período de cambio de jurisdicción. A esto se suma que todavía no se firmaron convenios entre las autoridades nacionales y porteñas para coordinar el traspaso de los conciliadores o de la infraestructura existente.
La situación genera dudas sobre la continuidad de la Ley 24.635 y, particularmente, sobre el futuro de los 180 profesionales que llevan años desempeñando esa tarea.
Una de las alternativas que se analiza dentro del ámbito laboral contempla la posibilidad de realizar un nuevo concurso público. En ese proceso, los actuales conciliadores podrían recibir una consideración especial por sus antecedentes, experiencia y trayectoria.
Si ese mecanismo avanzara, aquellos profesionales que superen las correspondientes evaluaciones de idoneidad podrían continuar trabajando dentro de la nueva estructura.
El proyecto de la Ciudad para crear su propio servicio
Mientras permanece abierta la discusión sobre el futuro del sistema nacional, el Gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, avanzó con un proyecto de ley destinado a crear el Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La nueva estructura dependería de la Autoridad Administrativa del Trabajo porteña y funcionaría como una instancia obligatoria antes de iniciar una demanda ante la Justicia del Trabajo de CABA en conflictos individuales o pluriindividuales.
Además de administrar las conciliaciones, la autoridad tendría a su cargo el control de legalidad de los acuerdos y podría intervenir en procedimientos de arbitraje voluntario.
El subsecretario de Trabajo y Empleo porteño, Horacio Bueno, explicó que la intención es desarrollar un mecanismo “ágil, cercano y previsible”, destinado a reducir litigios que puedan evitarse, promover acuerdos y brindar mayor seguridad jurídica.
El proyecto establece la creación de un Registro de Conciliadores de la Ciudad, integrado por abogados con matrícula activa en CABA, antecedentes en Derecho del Trabajo y capacitación en métodos alternativos de resolución de conflictos.
Los profesionales serían designados para intervenir en cada expediente, aunque su participación no implicaría una relación de empleo público con el Gobierno porteño.
Cómo será el nuevo procedimiento
De acuerdo con la iniciativa, el procedimiento será gratuito para el trabajador y podrá iniciarse de manera personal, mediante un apoderado o a través de representación sindical, siempre con patrocinio letrado.
Una vez presentada la solicitud, el conciliador será elegido mediante sorteo electrónico y deberá fijar la primera audiencia dentro de los 10 días hábiles posteriores a su designación.
El procedimiento tendrá que finalizar en un plazo máximo de 20 días hábiles. No obstante, podrá extenderse durante otros 15 días si existe acuerdo entre las partes y el conciliador.
Si no se alcanza un entendimiento, la instancia administrativa quedará agotada y el trabajador podrá iniciar la demanda ante la Justicia laboral porteña.
En caso de alcanzarse un acuerdo, este será enviado a la Autoridad Administrativa del Trabajo para verificar que exista una “justa composición de los derechos e intereses” de las partes.
Una vez homologada, el acta tendrá carácter de título ejecutivo ante la Justicia del Trabajo de la Ciudad.
La propuesta también incorpora un Servicio de Ratificación Laboral Espontáneo, pensado para acuerdos que las partes hayan alcanzado de manera privada con asistencia de abogados.
Además, se contempla la posibilidad de establecer convenios para descentralizar las conciliaciones mediante sindicatos o cámaras empresariales.
El proyecto también habilita un sistema de arbitraje voluntario una vez finalizada la etapa de conciliación.
En cuanto al financiamiento, se prevé la creación de un Fondo de Financiamiento destinado a cubrir los honorarios básicos de los conciliadores y se establece que la puesta en funcionamiento del nuevo régimen podrá realizarse de manera gradual.
Una transición que impactará en trabajadores, empresas y abogados
La discusión no se limita a determinar quién administrará las futuras conciliaciones laborales. También involucra el destino de una estructura profesional que durante casi 30 años intervino en millones de conflictos antes de que llegaran a los tribunales.
Los conciliadores nacionales advierten sobre el riesgo de perder la experiencia acumulada por un cuerpo profesional que alcanzó tasas de acuerdo superiores al 40%.
Desde la Ciudad, en cambio, se sostiene la necesidad de contar con herramientas propias que acompañen la consolidación de su autonomía judicial.
El punto central será entonces la forma en que se articule la transición entre ambos sistemas.
La falta de un convenio formal entre la Nación y la Ciudad mantiene todavía zonas grises para trabajadores, empleadores, abogados y conciliadores.
En ese contexto, la posibilidad de realizar un concurso que contemple especialmente los antecedentes de los profesionales que actualmente integran el SECLO aparece como una de las alternativas para combinar la experiencia acumulada durante años con la nueva estructura laboral porteña.
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