Un informe del Observatorio de Política Criminal advierte sobre el crecimiento sostenido de los suicidios desde 2017. En 2025 se registraron 5.209 muertes, el número más alto de los últimos nueve años, mientras que la tasa alcanzó 11,8 casos cada 100.000 habitantes de cinco años en adelante. El estudio también muestra fuertes diferencias entre las provincias y reclama fortalecer las políticas de prevención y atención de la salud mental.
La situación de la salud mental en Argentina atraviesa un escenario que genera preocupación por el crecimiento sostenido de los suicidios registrado durante los últimos años. Un informe elaborado por el Observatorio de Política Criminal puso el foco sobre esta evolución y advirtió que el fenómeno alcanzó niveles que lo ubican entre las principales expresiones de mortalidad violenta del país.
El estudio identifica un “crecimiento vertiginoso” de los suicidios desde 2017, hasta el punto de que esta causa pasó a superar a los incidentes viales como principal causa de mortalidad entre adolescentes y jóvenes.
Los datos utilizados corresponden al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y muestran que durante 2025 se produjo la mayor cantidad de suicidios de los últimos nueve años. Al mismo tiempo, la tasa correspondiente a estas muertes llegó a ser casi cuatro veces superior a la de los homicidios dolosos.
El informe también ubica a Argentina entre los países de la región con las tasas más elevadas, aunque advierte que las comparaciones regionales deben contemplar las diferencias existentes entre los registros y las poblaciones de cada país.
Un aumento sostenido desde 2017
Para analizar la evolución del fenómeno, el informe compara los datos registrados entre 2017 y 2025.
Según las estadísticas criminales argentinas, en 2017 murieron 3.304 personas por suicidio, mientras que en 2025 el número ascendió a 5.209.
El equipo encabezado por Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal y autor del informe, trasladó esa evolución a términos de tasa. El indicador pasó de 8,2 a 11,8 suicidios consumados cada 100.000 habitantes de cinco años en adelante.
El incremento no se explica solamente por una mayor cantidad de casos en términos absolutos. También aumentó la tasa, es decir, la cantidad de suicidios en relación con la población considerada.
Larroude calificó la situación como “crítica” y afirmó que Argentina enfrenta la tasa nacional de suicidios más elevada registrada hasta el momento.
El informe, titulado [Ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina, fue presentado en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El documento tiene 20 páginas y reúne los principales datos utilizados para analizar la evolución del fenómeno.
Suicidios y homicidios: una diferencia que se amplió
Uno de los puntos centrales del estudio es la comparación entre la evolución de los suicidios y la de los homicidios dolosos.
De acuerdo con la información del SNIC utilizada por el Observatorio, en 2017 se registraron 5,2 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. Para 2025, ese indicador había descendido a 3,6.
La evolución de los suicidios siguió un camino diferente. Mientras la tasa de homicidios se redujo, la correspondiente a los suicidios aumentó hasta alcanzar un nivel que, según el informe, resulta casi cuatro veces superior.
Sin embargo, Larroude aclaró que esta comparación no implica que una forma de violencia esté reemplazando a la otra. Que los suicidios superen ampliamente a los homicidios no constituye por sí mismo una evidencia de desplazamiento entre ambas modalidades.
El objetivo de la comparación es dimensionar el tamaño que adquirió el fenómeno y mostrar que una problemática que suele recibir menor atención pública alcanzó una escala significativa.
“Estar frente a la tasa nacional de suicidios registrada más alta de la historia argentina, que esta tasa esté cuadruplicando la tasa de homicidios dolosos, que haya jurisdicciones tan comprometidas y que, para este año, tengamos el presupuesto de salud mental más bajo de los últimos años nos da una pauta de que este fenómeno social no está siendo observado”, señaló Larroude.
Las diferencias entre las provincias
Los suicidios tampoco presentan una distribución uniforme dentro del territorio nacional.
El informe muestra una importante heterogeneidad entre las jurisdicciones, con tasas que durante los nueve años analizados oscilaron entre 6,5 casos cada 100.000 habitantes en Río Negro y 20,8 en Entre Ríos.
Entre las provincias que registraron los valores más altos aparecen Entre Ríos, San Luis, Salta, Santa Cruz y Catamarca.
En el extremo contrario, las jurisdicciones que presentaron tasas de un solo dígito fueron Río Negro, Neuquén, Corrientes, Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Jujuy y Córdoba.
Estas diferencias resultan relevantes porque la tasa permite comparar territorios con poblaciones de distintos tamaños. Sin embargo, el informe plantea que este indicador debe analizarse junto con los números absolutos.
Por ese motivo, Larroude también propuso observar dónde se concentra la mayor cantidad de casos.
Buenos Aires registró la mayor cantidad de muertes
En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires fue la jurisdicción con mayor cantidad de suicidios durante 2025.
Según los datos citados por el informe, se contabilizaron 1.977 casos, equivalentes al 38% del total nacional.
Después aparecen Santa Fe, con 461 casos; Córdoba, con 371; y Entre Ríos, con 288.
En conjunto, esas cuatro jurisdicciones concentraron aproximadamente seis de cada diez suicidios registrados en el país durante 2025.
La diferencia entre tasas y cantidades absolutas es fundamental para interpretar las estadísticas. Una provincia puede presentar una tasa elevada debido a la relación entre los casos y su población, mientras que otra puede acumular una cantidad mucho mayor de muertes por contar con una población más numerosa.
Por eso, el informe sostiene que ambos indicadores deben analizarse conjuntamente para obtener una mirada más completa de la problemática.
El suicidio pasó a ser la principal causa de mortalidad entre jóvenes
Otro de los aspectos destacados por el Observatorio se refiere a la población de entre 15 y 34 años.
De acuerdo con el análisis, el suicidio pasó a ocupar el lugar que anteriormente correspondía a los incidentes de tránsito como principal causa de mortalidad dentro de ese grupo etario, tanto entre varones como entre mujeres.
Larroude consideró que este cambio debería promover una mirada enfocada en la prevención, la atención de las situaciones de crisis y el fortalecimiento de las redes comunitarias.
El informe también pone especial atención sobre las personas de 20 a 34 años, consideradas una franja económicamente productiva.
“Entre los 20 y 34 años, una franja etaria económicamente productiva, es en la que se está viendo un fuerte impacto”, sostuvo el autor, quien planteó el interrogante sobre las circunstancias que están llevando a integrantes de ese grupo a atravesar situaciones de tanta vulnerabilidad.
También señaló un aumento de los casos dentro de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas.
Una transformación dentro de las muertes violentas
El equipo del Observatorio utilizó la expresión “transmutación de la violencia letal” para describir el cambio que surge al comparar las estadísticas de suicidios con los datos de criminalidad que habitualmente se analizan.
El concepto hace referencia al incremento de la violencia autoinfligida dentro del conjunto de las muertes violentas.
El propio informe aclara, sin embargo, que esto no significa que los suicidios estén reemplazando a los homicidios. La expresión busca describir el aumento del peso relativo de las muertes autoinfligidas frente a otros indicadores de violencia letal.
Para dimensionar la problemática, Larroude comparó la tasa provincial máxima de suicidios, de 20,8 casos cada 100.000 habitantes, con el máximo registrado en Rosario por homicidios vinculados a la narcocriminalidad durante una década, que alcanzó 24 muertes cada 100.000 habitantes.
El autor también sostuvo que la tasa actual de suicidios se encuentra por encima de la registrada en otros períodos considerados especialmente complejos de la historia reciente del país.
Como referencia, mencionó la crisis socioeconómica de 2001, durante la cual, de acuerdo con el dato citado en el informe, se registraron 8,4 suicidios cada 100.000 habitantes.
Para Larroude, la magnitud de las estadísticas evidencia la existencia de una problemática que no habría sido observada en toda su dimensión tanto por la sociedad como por la política.
Las fuentes utilizadas para elaborar el informe
El estudio se construyó principalmente a partir de información del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).
Este registro es diferente del sistema sanitario utilizado para recopilar las defunciones. El trabajo también tomó información de la base pública del Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS), administrada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Los datos son cargados por las policías provinciales y por distintas instituciones y fuerzas federales.
El Observatorio de Política Criminal está conformado por un equipo interdisciplinario integrado mayoritariamente por abogados. Larroude, además de dirigir el organismo, es director del posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El informe señala además que existen diferencias entre los registros provenientes del área de Seguridad y los correspondientes al sistema sanitario.
Desde la perspectiva de Larroude, los datos del SNIC presentan mayor robustez debido al cotejo policial y judicial que se realiza durante la carga de la información.
El problema también incluye los intentos de suicidio
La dimensión de la problemática no se limita a las muertes consumadas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada suicidio fatal se producen entre 10 y 20 intentos de suicidio. A esto se suman las internaciones que pueden derivarse de esas situaciones.
De esta manera, el informe plantea que detrás de las 5.209 muertes registradas durante 2025 existe una problemática considerablemente más amplia, que incluye a las personas que atraviesan situaciones de crisis, realizan intentos o requieren atención especializada.
Larroude describió el escenario como la crisis de salud mental más grave de la historia argentina y remarcó que 2025 presentó la tasa de suicidios más alta desde que existen registros.
La cifra de 5.209 muertes equivale, según la presentación realizada por el autor, a aproximadamente 14 casos por día o uno cada dos horas.
Los factores que pueden profundizar la vulnerabilidad
El informe destaca que el suicidio es un fenómeno multicausal, por lo que no puede explicarse a partir de una única circunstancia.
Entre los factores mencionados aparecen la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias y las deudas.
Las dificultades económicas son incorporadas dentro de ese conjunto de factores que pueden profundizar situaciones de vulnerabilidad. El informe no plantea una relación automática entre una crisis económica y el suicidio, sino que incluye las deudas entre las circunstancias que pueden agravar escenarios complejos.
Larroude sostuvo que las estrategias de prevención deberían comenzar en diferentes espacios educativos y comunitarios, entre ellos escuelas, colegios y universidades.
El propósito es trabajar sobre la prevención y el acompañamiento antes de que las situaciones de crisis puedan convertirse en episodios irreversibles.
La mirada de la APDH
Durante la presentación del estudio, Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), explicó las razones por las que la organización decidió acompañar la iniciativa.
Según planteó, la elevada tasa de suicidios también debe ser analizada desde una perspectiva de derechos humanos, especialmente a partir de la obligación estatal de garantizar los derechos vinculados con la salud.
Torremare consideró que el nivel de suicidios registrado en Argentina refleja una falencia estatal y sostuvo que el Estado estaría retrocediendo en el cumplimiento de derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional en materia sanitaria.
Desde esa perspectiva, afirmó que cuando esos derechos no son garantizados se produce una vulneración de derechos humanos.
Cómo se registran los suicidios y los intentos
Aunque el suicidio no constituye un delito, en Argentina forma parte de las estadísticas criminales desde la década de 1960.
Los intentos de suicidio, en cambio, comenzaron a recibir un tratamiento diferente dentro del sistema sanitario. Desde abril de 2023, su notificación es obligatoria en el sistema de salud.
La incorporación de esta obligación se produjo después del período de aislamiento social prolongado durante la pandemia de Covid, cuando comenzaron a observarse efectos sobre la población, especialmente entre niños y adolescentes.
Al comparar los registros de los ministerios de Seguridad y Salud, aparecen diferencias entre los resultados.
El informe utiliza principalmente la información criminal y sostiene, a través de Larroude, que el SNIC resulta más robusto debido al proceso de cotejo policial y judicial asociado a la carga de los datos.
Las señales a las que prestar atención
El informe incorpora además una serie de señales que los especialistas recomiendan considerar dentro de las estrategias de prevención.
Entre ellas aparecen:
- Cambios de humor, irritabilidad o enojo reiterado sin una causa aparente.
- Tristeza persistente.
- Pensamiento rígido.
- Falta de concentración o dificultades importantes en la escuela, el colegio, la universidad o el trabajo.
- Alteraciones del sueño o de la alimentación, como insomnio, hipersomnia, inapetencia o voracidad.
- Dificultades para resolver problemas habituales.
- Aislamiento y retracción sostenida.
- Escasa o nula comunicación con las personas con las que se convive.
- Desconexión del grupo de pares y sensación de rechazo.
- Sentimientos de soledad.
- Ideas o pensamientos extraños.
- Consultas frecuentes por fatiga, dolores múltiples, pesadillas, enfermedades crónicas y consumos.
- Signos de desculturización en personas inmigrantes.
- Fantasías de grandiosidad alternadas con sentimientos de inferioridad.
- Frustración o angustia frente a pequeñas contrariedades.
- Autoexigencia elevada.
- Relaciones ambivalentes con padres, otros adultos y amigos.
- Antecedentes de intentos de suicidio.
- Falta de capacidad de autocrítica.
La presencia de estas señales no permite por sí sola determinar una causa, pero el informe las incluye como elementos que deberían ser considerados dentro de una estrategia de prevención y atención.
El desafío de transformar las estadísticas en prevención
El diagnóstico presentado por el Observatorio busca que los números no queden únicamente como una descripción del problema.
Larroude planteó que uno de los principales desafíos para los próximos años será convertir esta evidencia en una prioridad sostenida de política pública, con especial atención en la prevención, la atención de las situaciones de crisis y el fortalecimiento de las redes comunitarias.
El crecimiento de los suicidios, las diferencias existentes entre las provincias, el impacto sobre los jóvenes y la comparación con otras formas de violencia letal conforman, según el informe, un escenario que requiere una respuesta específica.
La conclusión del estudio apunta a que la magnitud alcanzada por el fenómeno exige que la problemática de la salud mental ocupe un lugar central dentro de las políticas de prevención, atención y acompañamiento.
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