La Audiencia Nacional abrió diligencias para determinar qué provocó la llegada masiva de migrantes a Ceuta. España y Marruecos apuntan contra las redes de tráfico de personas y la desinformación, mientras crecen las dudas sobre una posible permisividad de las autoridades marroquíes y aparecen diferencias dentro del Gobierno español por las alertas previas.
La Justicia española abrió una investigación para intentar determinar qué o quiénes estuvieron detrás de la inédita llegada masiva de migrantes a Ceuta, un episodio que generó preocupación en España y en el resto de la Unión Europea. La crisis dejó alrededor de 88 personas muertas y, según las autoridades locales, todavía permanecen en la ciudad entre 3.000 y 5.000 personas de las más de 70.000 que habrían cruzado a nado el pasado jueves.
La investigación judicial busca establecer si detrás de los cruces existió una acción organizada por redes criminales o si intervinieron otros factores, mientras aumentan los interrogantes sobre el rol de Marruecos y las diferencias dentro del Gobierno español respecto de las advertencias que existían antes de la crisis.
La Audiencia Nacional investiga la llegada masiva de migrantes
La Audiencia Nacional dio el primer paso para esclarecer las circunstancias que provocaron la llegada masiva de miles de personas a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. La jueza María Tardón abrió este lunes 3 de agosto diligencias previas tras una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa.
En ese marco, solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) un informe para determinar si el ingreso de migrantes respondió a una acción coordinada o dirigida por alguna organización criminal.
La magistrada también pidió a la Policía que identifique, en caso de encontrar indicios, a las personas u organizaciones que podrían haber participado de la planificación o coordinación de los cruces.
La causa contempla posibles delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de personas y organización criminal, entre otros. De todos modos, la Audiencia Nacional todavía debe definir si tiene competencia para llevar adelante la investigación.
La apertura de las diligencias pone bajo análisis la principal explicación sostenida hasta ahora por los gobiernos de España y Marruecos. Ambos atribuyen la crisis a las redes de tráfico de personas, que habrían aprovechado una sentencia del Tribunal Supremo español del pasado 8 de julio para difundir información engañosa a través de las redes sociales.
El fallo estableció que los migrantes que llegan a Ceuta o Melilla por vía marítima no pueden ser devueltos de manera inmediata o mediante las denominadas devoluciones «en caliente». Ese procedimiento solo se aplica a quienes atraviesan las fronteras terrestres mediante las vallas.
Sin embargo, la resolución judicial no impide las devoluciones, sino que establece que cada caso debe ser tramitado mediante el procedimiento ordinario, con las correspondientes garantías jurídicas e individualización.
Según la explicación del Gobierno español, las mafias habrían distorsionado el contenido de la sentencia y difundido la idea de que alcanzar Ceuta a nado permitía permanecer en España. Esa información habría generado un efecto llamada que derivó en la llegada masiva de migrantes.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que la mayoría de las personas que ingresaron irregularmente durante la última semana ya regresaron a Marruecos y que la ciudad recuperó la normalidad, las autoridades de Ceuta mantienen una postura diferente.
El vicepresidente primero de la ciudad, Alejandro Ramírez, afirmó este lunes que todavía permanecen entre 3.000 y 5.000 personas que cruzaron a nado, incluidos menores, y que varias de ellas se encuentran en las calles.
Ramírez sostuvo que la situación no constituye una crisis migratoria convencional y afirmó que se produjo una violación de la integridad territorial. Además, aseguró que persiste el temor entre los habitantes y reclamó medidas contundentes para que todas las personas que ingresaron de manera irregular regresen mediante el mismo mecanismo.
En paralelo, el Centro Temporal de Estancia de Inmigrantes (CETI) permanece desbordado, mientras miles de migrantes continúan en las calles.
Las dudas sobre el papel de Marruecos
La investigación judicial también volvió a poner sobre la mesa una cuestión que excede el ámbito de la Justicia: si la crisis fue exclusivamente consecuencia de la actividad de las mafias o si existió algún nivel de permisividad o una estrategia política por parte de Marruecos.
Hasta el momento, ni España ni Marruecos acusaron oficialmente a Rabat de utilizar la presión migratoria como una herramienta diplomática. El Gobierno español insiste en mantener la cooperación con las autoridades marroquíes, mientras que Rabat sostiene que actuó desde el comienzo reforzando los controles y atribuye la crisis a la desinformación en redes sociales y a las redes de tráfico de personas.
Sin embargo, distintos videos difundidos en los últimos días mostrarían una presunta permisividad de las autoridades marroquíes. A esto se suma la magnitud del movimiento de personas, que alcanzó una cifra cercana al total de habitantes de Ceuta, y que mantiene bajo observación el accionar de Marruecos.
La denuncia presentada ante la Audiencia Nacional sostiene que la simultaneidad y la dimensión de los cruces difícilmente podrían explicarse como un fenómeno espontáneo. La organización denunciante plantea que una eventual relajación de los controles en las costas marroquíes pudo facilitar la salida masiva de personas hacia territorio español.
Las sospechas también se vinculan con el antecedente de mayo de 2021, cuando miles de personas ingresaron de manera irregular a Ceuta en medio de una fuerte crisis diplomática entre España y Marruecos, originada por la decisión española de recibir al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
A diferencia de aquel episodio, el Gobierno de Pedro Sánchez evitó establecer comparaciones y mantiene como prioridad la cooperación con Marruecos, considerado un socio clave en materia de control migratorio, lucha contra el terrorismo y seguridad de la frontera sur de la Unión Europea.
Ahora, la investigación judicial deberá determinar si existen elementos que permitan avanzar más allá de la hipótesis de la intervención de las mafias o si la explicación oficial alcanza para explicar una movilización de semejante magnitud.
Diferencias en el Gobierno español por las alertas previas
Con el paso de los días, la crisis también expuso diferencias dentro del propio Gobierno español respecto de la existencia de advertencias previas sobre lo que podía ocurrir en Ceuta.
El Ministerio del Interior sostiene que nunca recibió informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que alertaran sobre una llegada masiva de migrantes. Fuentes de la cartera encabezada por Fernando Grande-Marlaska señalaron que únicamente se había detectado un aumento progresivo de los cruces a nado desde mediados de julio, coincidente con la sentencia del Tribunal Supremo, pero negaron haber recibido información sobre una operación de la magnitud que finalmente se produjo.
Esta versión contrasta con la postura de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien aseguró que los servicios de inteligencia «hicieron su trabajo» y defendió la actuación del CNI, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y de los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil.
Robles también fue la primera integrante del Ejecutivo español en señalar directamente a Marruecos al reclamar una investigación completa de lo ocurrido. La ministra afirmó que, si detrás de la crisis estuvieron las mafias o quienes permitieron que la situación ocurriera, deberán asumir responsabilidades.
La declaración abrió por primera vez la posibilidad de que las responsabilidades no se limiten exclusivamente a las organizaciones criminales.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, buscó poner fin a la controversia y aseguró que ningún informe había advertido sobre la verdadera magnitud de la crisis que finalmente debió enfrentar el Ejecutivo.
La Unión Europea analiza una respuesta común
La dimensión de la crisis llevó el conflicto al ámbito de la Unión Europea. Los ministros del Interior de los 27 Estados miembros celebrarán este martes 4 de agosto una reunión extraordinaria por videoconferencia para analizar la situación en Ceuta y coordinar una respuesta conjunta.
El encuentro fue solicitado por un grupo de 22 países que reclamó medidas urgentes para reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea y evitar nuevos episodios de entradas masivas e irregulares.
Aunque no se espera que la reunión derive en decisiones formales, el encuentro permitirá evaluar el respaldo que Bruselas puede ofrecer a España y analizar nuevas alternativas para reforzar los controles fronterizos.
La convocatoria se produce en un contexto de preocupación entre distintos gobiernos europeos ante la posibilidad de que los movimientos migratorios sean utilizados como una herramienta de presión política.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su respaldo a España y Marruecos por la gestión inicial de la emergencia y sostuvo que la Unión Europea no puede aceptar la instrumentalización de la migración para presionar a uno de sus Estados miembros.
La crisis también provocó tensiones dentro del bloque luego de que Italia comenzara a implementar controles de seguridad a viajeros procedentes de España, tras anunciar la suspensión del acuerdo Schengen de libre circulación con Madrid. La medida recibió el respaldo de Finlandia, Suecia y Dinamarca.
En las últimas horas, von der Leyen buscó reducir las tensiones y destacó la actuación de España frente a la crisis. Además, señaló que la Unión Europea podría brindar un mayor apoyo fronterizo a Marruecos y cuestionó a los países que aprovechan la situación migratoria de Ceuta para atacar a otros gobiernos.
Mientras la Audiencia Nacional intenta determinar el origen de la crisis y Bruselas analiza una respuesta común, la principal incógnita continúa abierta: si la llegada masiva de migrantes fue únicamente consecuencia de la acción de las mafias y la desinformación en redes sociales o si existieron otros factores políticos y estratégicos detrás de uno de los mayores episodios migratorios registrados en la frontera sur de Europa.
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