El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para ampliar el régimen y ofrecer mayores garantías a los contribuyentes. La iniciativa busca incorporar al sistema financiero parte de los US$170.000 millones que, según el Ejecutivo, los argentinos mantienen fuera del circuito formal.
El Gobierno busca avanzar con cambios en la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de facilitar la incorporación de ahorros al sistema financiero y promover nuevas inversiones. La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, contempla una flexibilización de los requisitos de acceso y mayores garantías para los contribuyentes.
El anuncio se conoció el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la actividad económica cayó 0,5% en mayo respecto de abril y acumuló dos meses consecutivos de retroceso. En este contexto, el Ejecutivo apuesta a movilizar parte de los ahorros que permanecen fuera del circuito formal para fortalecer el crédito y contribuir a la recuperación económica.
«Esto va a posibilitar que la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque la compra de dólares estaba prohibida, pueda formalizarlos sin ninguna penalidad», explicó Caputo durante la presentación del proyecto, acompañado por la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, María Ibarzabal.
El ministro también buscó transmitir tranquilidad a los contribuyentes frente a futuros cambios políticos. «Queremos que los ciudadanos se queden tranquilos de que, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, no va a cambiar la situación», sostuvo.
Más contribuyentes podrán acceder al régimen
Una de las principales modificaciones propuestas elimina los límites patrimoniales y de ingresos para ingresar al régimen. Si el proyecto es aprobado por el Congreso, podrán adherir todas las personas humanas y sucesiones indivisas, incluidos aquellos contribuyentes con mayores patrimonios.
Actualmente, el régimen simplificado establece un límite de $10.000 millones de patrimonio y $1.000 millones de ingresos anuales.
Sin embargo, quienes integren el padrón de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrán un tratamiento diferencial. Podrán utilizar el mecanismo simplificado para que el organismo realice la preliquidación del impuesto, pero no accederán a las presunciones de exactitud ni a los beneficios liberatorios establecidos para el resto de los contribuyentes.
La propuesta también establece mayores requisitos para que ARCA pueda cuestionar una declaración jurada. El organismo solamente podrá apartarse de la presunción de exactitud si detecta diferencias superiores al 15% y si, además, el monto observado supera el límite establecido por la Ley Penal Tributaria, actualmente fijado en $5 millones.
El fisco deberá demostrar la evasión
Otro de los cambios centrales está relacionado con la carga de la prueba. De acuerdo con el proyecto, ARCA no podrá basar sus observaciones únicamente en presunciones, sino que deberá utilizar información declarada por el contribuyente, datos propios o documentación aportada por terceros.
La iniciativa también incorpora una instancia para que los contribuyentes puedan mantener los beneficios del régimen. Si una persona rectifica su declaración y abona la diferencia correspondiente junto con los intereses dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, conservará la protección establecida por la ley.
Si posteriormente la Justicia o la administración revierte el ajuste, ARCA deberá devolver el dinero con intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles.
El objetivo de Caputo: movilizar los dólares
El Gobierno sostiene que uno de los principales objetivos de la reforma es lograr que parte de los ahorros que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero ingresen al circuito formal.
Según las estimaciones mencionadas por Caputo, los argentinos conservan unos US$170.000 millones fuera del sistema financiero. Para el ministro, esos recursos podrían transformarse en una fuente de financiamiento para nuevas inversiones y créditos.
«Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio porque pierden valor; en Estados Unidos también hay inflación», afirmó Caputo, al defender la bancarización de esos ahorros.
El ministro remarcó que la intención oficial es que esos fondos puedan canalizarse hacia el sistema financiero para impulsar la inversión y el crecimiento económico, sin necesidad de aumentar los impuestos o recurrir a un mayor endeudamiento.
«Nosotros necesitamos que ese ahorro se vuelque al sistema financiero para que el país crezca nuevamente», sostuvo.
Actualmente, los depósitos bancarios en moneda extranjera rondan los US$40.000 millones. La expectativa del equipo económico es ampliar esa masa de recursos disponibles para préstamos mediante la incorporación de una parte de los fondos que permanecen fuera del circuito formal.
«Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión, y para que haya mayor inversión la contracara es el ahorro. El ahorro está, sólo que no está en el sistema financiero», explicó Caputo.
La actividad económica volvió a caer
La presentación del proyecto se produjo en un escenario de desaceleración de la actividad. De acuerdo con el INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en mayo un crecimiento interanual de apenas 0,2% y acumuló una mejora de 1,7% durante los primeros cinco meses del año.
Sin embargo, en la comparación desestacionalizada, la economía retrocedió 0,5% mensual, luego de haber caído también en abril.
Para la consultora LCG, estos datos reflejan una dinámica de «serrucho» con tendencia descendente. El informe señaló que mayo representó el segundo retroceso consecutivo y que el nivel de actividad se encuentra 1,5% por debajo del registrado en diciembre pasado.
El análisis también sostiene que el crecimiento está concentrado principalmente en sectores como el agro, la minería y la intermediación financiera, mientras que actividades con mayor impacto en el empleo, como la industria y el comercio, continúan registrando bajas.
En este escenario, el Gobierno apuesta a que la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal permita incorporar al sistema parte de los dólares que permanecen fuera del circuito financiero. La expectativa oficial es que esos recursos puedan convertirse en inversión, crédito y consumo para apuntalar la actividad económica.
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