La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados bonaerense y propone cobrar por la atención en hospitales públicos y por las carreras de grado en universidades estatales a quienes no acrediten residencia permanente en Argentina.
Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO presentaron en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que propone establecer un régimen de arancelamiento para la atención en hospitales públicos provinciales y para los estudios de grado en universidades de gestión estatal, destinado a extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país.
La iniciativa toma como referencia las categorías migratorias establecidas por la Ley Nacional 25.871, que contempla las condiciones de residente permanente, residente temporario, residente transitorio y autorización de residencia precaria.
Entre los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que los recursos de la provincia son limitados y deben ser administrados priorizando a los bonaerenses. En ese sentido, argumentan que la salud pública y la educación universitaria se financian mediante el aporte de los contribuyentes y cuestionan que personas que se encuentran de manera transitoria en Argentina puedan acceder gratuitamente a esos servicios sin contar con un seguro o realizar una contribución para su sostenimiento.
El texto también plantea que la gratuidad generalizada de la atención sanitaria y de la educación universitaria podría perjudicar a quienes dependen de manera cotidiana de los hospitales públicos y de las universidades estatales.
El proyecto ingresó al ámbito legislativo en un contexto de fuerte repercusión en redes sociales, luego de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y de las críticas y burlas hacia el equipo nacional realizadas por usuarios de distintos países.
En ese marco, el diputado bonaerense Agustín Romo, uno de los autores de la iniciativa, publicó en X un mensaje en el que anticipó la presentación del proyecto y planteó la necesidad de arancelar la atención sanitaria y la educación para extranjeros en la provincia.
Cómo funcionaría el arancelamiento en hospitales
De acuerdo con la propuesta, los extranjeros que no tengan residencia permanente deberían afrontar el costo de las prestaciones médicas que reciban en hospitales públicos provinciales. El pago podría realizarse de manera directa, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado.
En el caso de las atenciones habituales o programadas, las personas alcanzadas por el régimen tendrían que acreditar cobertura o abonar el arancel correspondiente antes de recibir la prestación.
El proyecto establece que el cobro se realizaría a través del Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.), que ya cuenta con mecanismos de facturación y nomencladores. Según los impulsores de la iniciativa, esto permitiría implementar el sistema sin crear una nueva estructura burocrática.
Los fondos recaudados serían destinados al Fondo Provincial de Salud del S.A.M.O. y utilizados para la compra de insumos, medicamentos y equipamiento, además de obras de infraestructura y mejoras en la capacidad operativa de los hospitales públicos.
La propuesta también establece excepciones. Las personas no podrían ser rechazadas, demoradas ni condicionadas en situaciones de urgencia o emergencia con riesgo inmediato para la vida. En esos casos, el eventual recupero del costo se realizaría una vez que el paciente haya sido estabilizado.
También quedarían exceptuadas del arancelamiento las víctimas de trata de personas y las acciones vinculadas con la prevención, vacunación, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria.
Qué propone para las universidades estatales
En el ámbito educativo, el proyecto plantea que las universidades provinciales de gestión estatal establezcan aranceles para los estudios de grado realizados por estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.
Cada institución tendría la facultad de determinar, a través de sus propios órganos superiores, los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización, dentro de los límites establecidos por la eventual ley.
Los autores de la iniciativa argumentan que la Provincia no debería financiar de manera ilimitada la formación de personas que no tienen un compromiso permanente con el país, mientras existen estudiantes bonaerenses que requieren mejores instalaciones, tecnología, becas y condiciones adecuadas para cursar sus estudios.
Transparencia y adhesión de los municipios
El proyecto incorpora además una cláusula de transparencia que obligaría al Ministerio de Salud y a las universidades alcanzadas a publicar cada año información sobre la cantidad de prestaciones o estudiantes incluidos en el régimen, los montos facturados y cobrados, las exenciones otorgadas, los costos administrativos y el destino de los recursos. La información debería difundirse sin incluir datos personales.
El Ministerio de Salud sería la autoridad de aplicación en lo relacionado con el sistema sanitario, mientras que cada universidad tendría a su cargo la implementación del régimen educativo dentro de sus competencias y autonomía.
La iniciativa también invita a los municipios bonaerenses que cuenten con establecimientos de salud propios a adherir al sistema.
En caso de ser aprobada, el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 90 días corridos desde la publicación de la ley para reglamentarla, establecer el nomenclador arancelario y definir las condiciones de facturación. Las universidades provinciales de gestión estatal contarían con el mismo período para adecuar sus normas internas.
El proyecto lleva las firmas de Agustín Romo, Nahuel Sotelo, Juan Osaba, Alejandro Rabinovich, María Fernanda Coitinho, Pablo Morillo, Mariela Vitale, Geraldine Calvella, Francisco Adorni, Oriana Colugnatti, Gastón Abonjo, Analía Corvino, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Ramón Vera Chávez, Carla Pannelli, Héctor Gay, Maximiliano Bondarenko y Florencia Retamoso.
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