La ONG Justicia, Encuentro y Perdón cuestionó la respuesta oficial ante la emergencia provocada por los sismos y denunció obstáculos para el ingreso de ayuda humanitaria, deficiencias en la asistencia a los damnificados y falta de transparencia en la gestión de la crisis.
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) presentó un informe en el que cuestiona con dureza la respuesta del Gobierno venezolano frente a los terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio. El documento sostiene que el Estado renunció a su obligación de proteger a la población y advierte sobre graves deficiencias en la atención de la emergencia.
Titulado «El Estado abdicó su deber de proteger», el reporte analiza el accionar oficial desde cuatro ejes: el funcionamiento de las instituciones, las denuncias de corrupción, el manejo de la información pública y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el derecho internacional en situaciones de desastre.
Un Estado «fuerte para controlar, pero débil para asistir»
La ONG sostiene que, tras la crisis política derivada de las elecciones presidenciales de 2024, el aparato estatal profundizó un proceso de desinstitucionalización que terminó afectando su capacidad para responder ante una catástrofe.
En ese sentido, el informe afirma que Venezuela desarrolló un Estado «fuerte para coaccionar» pero «inoperante para salvar vidas», al denunciar el desmantelamiento de áreas técnicas, la pérdida de capacidades en investigación científica y la politización de los organismos de rescate.
Según el documento, esa situación derivó en un sistema con capacidad para controlar el orden público, pero sin la logística necesaria para brindar asistencia efectiva a los damnificados.
Denuncias sobre la ayuda humanitaria
El informe también reúne denuncias sobre presuntos obstáculos impuestos al ingreso de equipos internacionales de rescate y ayuda humanitaria.
Entre los cuestionamientos se mencionan:
- Demoras para autorizar el ingreso de rescatistas extranjeros.
- Trámites burocráticos para registrar voluntarios.
- Lentitud en la entrega de actas de defunción.
- Dificultades para que las familias retiren los cuerpos de las víctimas.
Además, la organización menciona denuncias sobre supuestos pedidos de pagos ilegales de hasta 1.000 dólares para entregar cadáveres ya identificados, una situación que, de comprobarse, constituiría un delito.
Falta de asistencia y problemas en los refugios
El reporte también cuestiona la atención brindada a quienes perdieron sus viviendas.
En ese sentido, cita declaraciones de representantes del ACNUR, que señalaron que un importante porcentaje de los damnificados continúa viviendo a la intemperie, en parques, espacios públicos e incluso en un campo de golf, debido a la insuficiencia de refugios adecuados.
La ONG sostiene que, frente a esa situación, gran parte de la asistencia inicial fue impulsada por organizaciones civiles, voluntarios y vecinos, que asumieron tareas de rescate y distribución de ayuda.
Cuestionamientos al manejo de la información
Otro de los puntos abordados por el informe es la difusión de información oficial durante la emergencia.
La organización denuncia inconsistencias en los datos difundidos por el Estado y sostiene que existieron obstáculos para el trabajo de periodistas y medios de comunicación que buscaban cubrir la situación en las zonas afectadas.
Según el documento, la falta de información confiable dificultó la coordinación de las tareas humanitarias y afectó la distribución de la ayuda.
Obligaciones internacionales
La ONG recuerda que el derecho internacional establece que los Estados tienen la responsabilidad primaria de proteger a la población en situaciones de desastre y de facilitar, cuando resulte necesario, la asistencia internacional.
También señala que las autoridades deben garantizar el acceso a información veraz, asegurar la entrega de ayuda sin discriminación y evitar cualquier obstáculo al ingreso de asistencia humanitaria.
Para Justicia, Encuentro y Perdón, las deficiencias observadas durante la emergencia representan un incumplimiento de esas obligaciones y agravan la situación de miles de personas afectadas por los terremotos.
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