La reforma legislativa deroga las restricciones vigentes desde 2020 y permite al Poder Ejecutivo disponer de las Fuerzas Armadas ante la continuidad de los bloqueos de rutas.
La situación institucional en el Estado Plurinacional de Bolivia sumó un nuevo capítulo de tensión que impacta en los ámbitos de debate político de la Ciudad de Buenos Aires. El Poder Legislativo de ese país aprobó la anulación de las normativas que limitaban la intervención de los cuerpos militares en el control de disturbios civiles, abriendo el camino para la declaración formal del estado de excepción por parte del presidente Rodrigo Paz.
El tratamiento de la reforma debió coordinarse en forma virtual debido a la imposibilidad física de los parlamentarios para movilizarse hacia la ciudad de La Paz, cuyo entramado urbano permanece rodeado por manifestaciones. Los reportes del sector de transporte internacional indican que los cortes de carreteras cumplen tres semanas consecutivas, afectando el abastecimiento de insumos básicos y combustibles en las principales terminales de la región andina.
La modificación legal deroga de forma directa la ley 1341, la cual establecía que el uso de las Fuerzas Armadas era un recurso exclusivo para escenarios donde la estructura policial resultara completamente superada. La nueva disposición agiliza los mecanismos de despliegue en las zonas conflictivas, aunque desde el Palacio Quemado señalaron que la medida representa una última instancia en caso de fracasar los canales de diálogo.
El desarrollo de este conflicto genera un seguimiento cercano en los centros comunitarios y oficinas consulares ubicadas en la Comuna 3 y la Comuna 7 de la Capital Federal, donde se concentran los principales flujos de comunicación con el país vecino. El desabastecimiento de oxígeno medicinal y alimentos en las áreas afectadas mantiene en alerta a los residentes locales que poseen vínculos familiares directos en los distritos de Cochabamba, Oruro y Santa Cruz.
Las autoridades judiciales locales iniciaron investigaciones por las víctimas registradas durante los operativos de despeje de las vías troncales, mientras los sectores movilizados ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza.
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