El Gobierno porteño reglamentó el beneficio fiscal para edificios destinados a vivienda u oficinas que regularicen su situación laboral. La medida alcanza a los espacios comunes.
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) formalizó la reglamentación que permite a los consorcios de propiedad horizontal acceder a una bonificación del 40% en el Impuesto Inmobiliario. A través de la Resolución N° 155/AGIP/26, se busca incentivar la formalización del empleo en el sector y aliviar la carga tributaria en edificios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para acceder al beneficio, los consorcios deben contar con al menos un trabajador en relación de dependencia debidamente registrado. La reducción se aplicará específicamente sobre las partidas correspondientes a los espacios de uso común, tales como pasillos, halls de entrada y áreas compartidas del inmueble.
El trámite debe ser gestionado por los administradores de consorcio mediante la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD). La solicitud se canaliza inicialmente a través del Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para la Actividad de Renta y Horizontal, que validará la información antes de derivarla a las áreas técnicas de AGIP.
En cuanto a los requisitos, se exige la presentación de una declaración jurada sobre el personal contratado, constancias fiscales del consorcio, el reglamento de propiedad horizontal y los registros laborales pertinentes. Una vez aprobado, el beneficio tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación si se mantienen las condiciones exigidas.
La normativa también contempla un mecanismo de compensación para aquellos contribuyentes que hayan abonado cuotas del impuesto previo a la aprobación de la solicitud. En tales casos, los saldos a favor podrán ser imputados como crédito fiscal para futuras obligaciones del mismo tributo.
Desde los organismos oficiales destacaron que esta reglamentación aporta claridad operativa a un incentivo clave del Código Fiscal. La medida ya se encuentra plenamente vigente tras su publicación en el Boletín Oficial, permitiendo el inicio inmediato de las gestiones administrativas.
Con esta implementación, el Ejecutivo local apunta a reducir la morosidad y fomentar el empleo registrado en un sector de alta incidencia en la economía urbana, mientras los administradores evalúan el impacto que este ahorro tendrá en las liquidaciones de expensas mensuales.

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